En general la cátedra piensa que esa figura debe ser eliminada del Código Penal.
Gastón Chaves, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica, dijo que no tiene dudas de que ese delito “debe ser derogado”. Explicó que el principio de legalidad exige que la ley “sea concreta con respecto a lo que quiere reprimir, para que los ciudadanos sepan lo que pueden y no pueden hacer y los jueces lo que pueden y no pueden castigar”. A su vez, reconoció que derogar el delito beneficiará en forma retroactiva a los que estén procesados o investigados bajo esta norma.
Germán Aller, del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que analizó el proyecto y opinó que el abuso de funciones debe desaparecer del Código Penal. “Desde el punto de vista técnico, jurídico y científico, en general hubo una mancomunión por la derogación” del delito, expresó, y aseguró que conoce “ningún caso en la historia de Uruguay en el que se haya imputado el abuso de funciones y que haya sido justo”.
Qué camino seguir
El coordinador de la bancada de diputados del FA, Jorge Pozzi, dijo que “se formará un grupo de trabajo que va a hablar del asunto. Eso puede determinar que queda todo como está, que se modifica todo o que no sale nada. Mil cosas pueden pasar”.
Por su parte, la Liga Federal dijo que quiere presentar una alternativa para modificar el artículo del Código Penal. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ya la presentó:
“El funcionario público, que mediante abuso de funciones dictare o ejecutare actos arbitrarios y omisiones de igual carácter, que sean contrarios a la Constitución, las leyes o las obligaciones establecidas anteriormente, que perjudiquen financiera o moralmente o al Estado o a terceros, aun sin beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado”, dice la propuesta. En esta alternativa se deja a consideración una posterior pena.
Luego, Luis Alberto Heber dijo que la idea sobre la que trabajó fue buscar una formula para derogar el delito pero que su efecto no fuera retroactivo para que no beneficiara a quienes hoy están procesados bajo esa norma, aunque en materia penal, todo cambio normativo que sea más benevolente que lo existente debe aplicarse con retroactividad. Finalmente, desistió de la idea y aseguró que no encontró ninguna formula jurídica alternativa.
