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El ABC de un delito que genera debate en el Parlamento

Qué implica, quiénes están a favor y en contra, qué alternativas tiene

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30 de junio de 2017 a las 15:55

El proyecto para derogar el delito de abuso de funciones presentado el pasado miércoles 5 de abril en el Parlamento por el senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini se aprobó en la Cámara de Senadores con la mayoría del FA. Ahora el proyecto está en manos de los diputados, aunque por el momento no cuenta con los votos necesarios para alcanzar su sanción definitiva.

Qué es delito de abuso de funciones

Según el artículo 162 del Código Penal implica que "el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 unidades reajustables a 3.000".

Por qué genera debate

El principal cuestionamiento que recibe este delito es que su descripción es vaga y no tiene delimitaciones claras que especifiquen en qué ocasiones una persona puede incurrir en abuso de funciones. Sin embargo, quienes están a favor consideran que es una herramienta más para sancionar irregularidades de la gestión pública.

En el 2007, el entonces senador Julio María Sanguinetti presentó una propuesta para derogarlo, pero no obtuvo los votos suficientes. En ese momento Michelini estuvo en contra, pero al presentar el nuevo proyecto llamó al expresidente y le dijo que en su momento "estaba equivocado" y que ahora creía que el colorado "tenía razón" cuando puso el tema sobre la mesa hace diez años.

En el 2010, el entonces senador Eber Da Rosa, actual intendente de Tacuarembó también presentó un proyecto para eliminar esa figura pero tampoco prosperó.

Los que apuntan a favor de derogarlo:

La mayoría de la bancada del Frente Amplio está a favor de derogar el delito.

  • Ruben Martínez Huelmo, senador del espacio 609, entiende que los delitos penales “deben ser bien específicos” y “no genéricos” como en este caso. Aseguró que el decreto “es una carta en blanco pronta para ser llenada”.

  • Rafael Michelini, senador del Frente Amplio, afirmó que no existe en ninguna parte del mundo este delito y que viene del "Código fascista de Italia".

    Daniela Payseé, senadora del Frente Líber Seregni, dijo que “los amigos (Fernando Lorenzo, exministro de Economía, y Fernando Calloia, ambos procesados por este delito) ya están inmolados y defenestrados por la opinión pública”, por lo que entiende que no son válidos los argumentos de la oposición que sostiene que el FA busca ayudarlos al querer derogar el delito.

  • Constanza Moreira, senadora por el sector Casa Grande del FA, se ha mostrado en línea con el argumento de Payseé.

Los que están en contra

La bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado está en contra de eliminar el delito.

  • Pedro Bordaberry es el principal opositor, ya que considera que, de eliminarse la tipificación del delito, no solo se afectará el caso ANCAP, sino que se beneficiará a Lorenzo y a Calloia. “Derogar ese delito es un pésimo mensaje en momentos en que la corrupción avanza en la región, en Brasil con el Lava Jato y en Argentina con los Kirchner. Acá el Frente Amplio propone terminar con un delito que afecta a la administración pública y eso es un error”, aseveró.

    A su vez, hace dos años presentó dos proyectos para tipificar el enriquecimiento ilícito y otro para que no prescriban los delitos de corrupción, pero ninguno fue tratado.

    “Aquí no cambian jueces como en Venezuela o se atacan jueces como en Brasil, no no, acá derogamos el delito”, comentó el senador y agregó que “esto es para beneficiar a los correligionarios”.
    En caso de convertirse en ley, Bordaberry dijo que activará el mecanismo constitucional de recolectar firmas para que sea la población quien decida si está de acuerdo o no con eliminar ese delito. El senador blanco Luis Lacalle Pou lo apoya.

  • José Amorín Batlle, senador del Partido Colorado, dijo que “habiendo personas procesadas, en este caso figuras notorias del FA, no parece adecuado plantear el tema” de la derogación. Aunque está abierto a discutir el tema nuevamente cuando “el camino esté despejado”.

  • Lacalle Pou, del Partido Nacional, prefiere que el delito de abuso de funciones permanezca como una espada sobre aquellos que manejan dineros públicos.

  • Jorge Larrañaga, senador y dirigente del Partido Nacional, señala que la iniciativa da un “mala señal” a la población.

  • Javier García, senador nacionalista, asegura que la decisión que tomó la mayoría del Senado “es un baldón de barro que enchastra a todos”

  • Gonzalo Mujica (diputado independiente y exintegrante del FA) está en contra porque deja “sin instrumentos” a la Justicia para juzgar los casos que “prontamente” le van a ir llegando.

  • Guillermo Facello, (diputado del Partido de la Gente) coincidió con Gonzalo Mujica y aseguró que mientras el caso ANCAP esté en la Justicia, no es momento para evaluar el tema. “Merece un análisis más serio y no cobrar al grito", remarcó. Aunque advirtió que en un futuro podría llegar a acompañar la iniciativa. .

  • Eduardo Rubio (diputado de Unidad Popular), está en contra de derogar el abuso de funciones porque “sería una muy mala señal del sistema político derogar el único delito que permite imputar a alguien que estuvo al frente de la administración pública”.

  • Fernando Amado (diputado del Partido Colorado), que en otras ocasiones votó junto con el FA, no apoyará el proyecto.

  • El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que el punto debería discutirse junto con la reforma del Código Penal. “Es una muy mala señal derogar el delito de abuso de funciones en momentos en que la política está bajo sospecha en todas partes”.

  • Luis Alberto Heber, senador blanco, apoya la idea de Lacalle Pou y Bordaberry de que derogar ese delito tiene nombres y apellidos de los jerarcas del Frente que hoy están procesados bajo esa norma. Aseguró que prefiere mantenerlo, pero reconoce que debería ser “precisado”, es decir, que se defina exactamente qué se entiende por abuso de funciones porque sino en el delito “entra todo”.

    “Hay una distancia grande entre un jerarca que donó 10 bolsas de Pórtland (en referencia al procesamiento del exintendente de Florida, Juan Justo Amaro) y sancionar de la misma manera a otro que entró un aval del Banco República de US$ 139 millones a una persona que no tenía un peso para participar del remate de los aviones de Pluna (en referencia a Calloia)”

  • Cecilia Eguiluz, senadora suplente de Bordaberry, dijo que no entiende “la urgencia de discutir” la derogación del delito ahora. “No nos cerramos a un debate pero creemos conveniente trabajarlo dentro de un sistema normativo para la prevención de la corrupción”.

  • Darío Pérez, diputado de la Liga Federal dijo que lo tiene que discutir con la bancada del FA. "A mí no me resulta simpático derogarlo”, agregó, y señaló que una posibilidad sería “votarlo después de las elecciones”.

  • Omar Lafluf (diputado de Alianza Nacional) sostuvo que sería una “fantasmada política” derogar el delito. Acepta que se trata de una figura “demasiado amplia” pero no votará para que sea quitada del Código Penal. Recordó que como exintendente de Río Negro, aún enfrenta investigaciones judiciales, por lo que sería un “bochorno” que en este momento votara derogar esa norma.

  • Nicolás Olivera (diputado en representación de Paysandú por Alianza Nacional) expresó que derogar el abuso de funciones será legislar “con nombre y apellido” por lo que no dará su voto para eliminarlo.

No derogar, sí modificar

Hay algunos legisladores que buscan modificar el artículo para que sea más específico.

  • Los senadores Jorge Saravia y Guillermo Besozzi, del Partido Nacional, aseguran que votaron a favor de la derogación del delito “para habilitar” la discusión, pero su posición es “no derogar el delito” sino “acotarlo” para que quede bien claro en qué casos se puede utilizar.

  • Partido por la Victoria del Pueblo planteó el tema en la Mesa Política del Frente Amplio y en la bancada para ajustar la redacción del delito y delimitarla.

  • El diputado Armando Castaingdebat,del sector Todos, dijo que “el delito debería ser encapsulado”, es decir “que determine con precisión qué conductas sancionará”. Aunque, en última instancia, votará lo que decida la bancada del sector que lidera Lacalle Pou.

  • José Carlos Mahía, diputado del FA, impulsará la regulación del delito, pero no su derogación. “La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de la derogación pura y dura tal como viene del Senado o de lo contrario buscar un camino hacia la regulación, que focalice mejor el abuso de funciones: dar reales garantías para hacer Justicia”, aseguró


Qué opinan los especialistas

En general la cátedra piensa que esa figura debe ser eliminada del Código Penal.

Gastón Chaves, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica, dijo que no tiene dudas de que ese delito “debe ser derogado”. Explicó que el principio de legalidad exige que la ley “sea concreta con respecto a lo que quiere reprimir, para que los ciudadanos sepan lo que pueden y no pueden hacer y los jueces lo que pueden y no pueden castigar”. A su vez, reconoció que derogar el delito beneficiará en forma retroactiva a los que estén procesados o investigados bajo esta norma.

Germán Aller, del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que analizó el proyecto y opinó que el abuso de funciones debe desaparecer del Código Penal. “Desde el punto de vista técnico, jurídico y científico, en general hubo una mancomunión por la derogación” del delito, expresó, y aseguró que conoce “ningún caso en la historia de Uruguay en el que se haya imputado el abuso de funciones y que haya sido justo”.

Qué camino seguir


El coordinador de la bancada de diputados del FA, Jorge Pozzi, dijo que “se formará un grupo de trabajo que va a hablar del asunto. Eso puede determinar que queda todo como está, que se modifica todo o que no sale nada. Mil cosas pueden pasar”.

Por su parte, la Liga Federal dijo que quiere presentar una alternativa para modificar el artículo del Código Penal. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ya la presentó:

“El funcionario público, que mediante abuso de funciones dictare o ejecutare actos arbitrarios y omisiones de igual carácter, que sean contrarios a la Constitución, las leyes o las obligaciones establecidas anteriormente, que perjudiquen financiera o moralmente o al Estado o a terceros, aun sin beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado”, dice la propuesta. En esta alternativa se deja a consideración una posterior pena.

Luego, Luis Alberto Heber dijo que la idea sobre la que trabajó fue buscar una formula para derogar el delito pero que su efecto no fuera retroactivo para que no beneficiara a quienes hoy están procesados bajo esa norma, aunque en materia penal, todo cambio normativo que sea más benevolente que lo existente debe aplicarse con retroactividad. Finalmente, desistió de la idea y aseguró que no encontró ninguna formula jurídica alternativa.

Los procesados por este delito

  • Fernando Lorenzo, exministro de Economía en el gobierno de José Mujica (2014) y Fernando Calloia, director del Banco República (2014). Ambos fueron procesados sin prisión por el affaire Pluna y el aval concedido para el remate de los aviones.

  • Exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, (2013). Luego se le agregó el delito de contribución a la explotación sexual de personas)

  • Exdirectores colorados de OSE, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni (2006)

  • El exvicepresidente de OSE Juan Justo Amaro (2010)

  • El exministro de Turismo Benito Stern (2002)

  • El expresidente del BHU Salomón Noachas (2003)

  • Exdirectivos del BHU: Jorge Sacchi, Néstor Moreira, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde (todos en el 2003).

  • Exdirector del Banco de Seguros, Julio Grenno (1995)

  • Exasesor presidencial Daniel Cambón (1995, aunque en 2002 se le agregó la condena por la conjunción de interés personal y público)

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