Las designaciones directas en la Comisión Técnica-Mixta (CTM) de Salto Grande, que por presión política de la oposición y en parte del oficialismo, terminaron costando el cargo al presidente del organismo binacional, Carlos Albisu, volverán a la agenda este martes con la concurrencia del canciller Omar Paganini a la Comisión Permanente del Parlamento.
Son 35 las contrataciones –la mayoría de ellas en épocas de restricciones presupuestales en el resto del Estado por la pandemia– que llevaron a la Cámara de Diputados a votar por unanimidad, tras arduas negociaciones, el punto de una declaración en que exigían el "cese inmediato" de los designados de forma directa, y "en particular" la de los nueve ediles blancos en plantilla del organismo binacional.
La Delegación del Uruguay debió negociar con su contraparte argentina –aún bajo el mandato kirchnerista y por instrucción de la Cancillería– la readecuación de los vínculos laborales, pero solo obtuvo el visto bueno para esos 23 cargos que dependían directamente de la sede oriental del río Uruguay. Ocho de ellos ya habían culminado o estaban a punto de hacerlo, mientras que el resto de los dirigentes renunciaron para firmar un nuevo contrato a término hasta el final del gobierno.
Sin embargo, ante las resistencias del sindicato de trabajadores argentinos –bajo la premisa de que los uruguayos no les "dejen el antecedente de que por presión política se puedan forzar despidos sin causa"– los delegados políticos del vecino país no autorizaron la recategorización de 12 vínculos permanentes que se desempeñan en el Complejo Hidroeléctrico, la dependencia de la comisión bajo gestión estrictamente binacional.
En una de sus primeras comparecencias parlamentarias tras la renuncia de su antecesor Francisco Bustillo, el canciller Paganini explicó en diciembre que "quedan doce situaciones no resueltas (...) aun cuando en algún caso se presentó renuncia voluntaria y la aceptación de la condición de pasar a disposición", pero sin la aprobación de los argentinos.
Ramiro Pisabarro
Represa de Salto Grande
Dentro de esta nómina se incluyen tres ediles que continuarán en plantilla: Florencia Supparo, actual coordinadora de Desarrollo Regional y edila titular de Aire Fresco, cuyo caso tomó notoriedad pública por tener un cargo al mismo tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) antes de ser cesada. Supparo ha dicho en entrevistas con medios locales que su correligionario Albisu no debió haber renunciado y que ella misma no pensaba dar un paso al costado, como sí lo hizo su antecesor en el cargo, el edil Pablo Constenla.
También continúan en el Complejo Hidroeléctrico los ediles suplentes José Luis Ambrosoni y Martín Chiappa, quienes intentaron como señal a fines del año pasado dimitir a la Junta Departamental de Salto, pero la mayoría del Frente Amplio no concedió las mayorías necesarias, exigiendo en cambio su renuncia a Salto Grande y el cumplimiento de lo demandado por los diputados.
Hace ruido asimismo –y el caso llegó a mencionarse este lunes en la reunión del canciller Paganini con legisladores oficialistas– la situación de dos dirigentes que trabajan en la Delegación del Uruguay pero que se rehusaron a presentar su renuncia para firmar contrato a término. Se trata de Agustina Escanellas, diputada suplente que renunció a fines del año pasado a su sector del Partido Colorado (Vamos Salto) y Geraldine Ribero, nombrada para tareas de comunicación.
Hurtos en Salto Grande
El Frente Amplio –representado en este tema por el diputado del MPP, Nicolás Viera– hará punta este martes en los episodios de once hurtos materiales en el extenso Complejo Hidroeléctrico desde comienzos del período. Así surge de la respuesta remitida días atrás por Cancillería al pedido de informes cursado por Viera, según supo El Observador.
Nueve de ellos ocurrieron en la subestación perteneciente a Argentina, otro en el Laboratorio de Aceite y uno en la Barrera Salto. La mayoría de estas situaciones están a estudio de la Gendarmería argentina, mientras que del lado uruguayo se abrió una investigación administrativa por un hurto en 2021 que aún está en curso, según reconstruyó El Observador. La delegación indicó no tener una "evaluación económica" del impacto de estos delitos.
La oposición arremeterá por este tema contra el empresario Carlos Gelpi, dueño de varios medios en el interior y hombre cercano al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien se acogió a un retiro anticipado el 24 de diciembre, por el que continuará cobrando buena parte de su sueldo durante seis años.
Gelpi, designado en Salto Grande hace 32 años durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, se desempeñaba hasta su salida como jefe de Seguridad y Protección de la Gerencia Gestión de Recursos del Complejo Hidroeléctrico, además de ascender al escalafón de "asesor" tras la asunción de Albisu al frente del organismo binacional.
Blancos contra Orsi y Cabildo no hace olas
El diputado blanco Alfonso Lereté –quien durante en la interpelación del año pasado fue el vocero del oficialismo– saldrá al cruce de la oposición y concentrará sus dardos en el intendente de Canelones y precandidato Yamandú Orsi, quien publicó en sus redes sociales: "Se fue el balde y la cadena. Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas".
El jerarca hacía referencia a la partida aprobada días atrás por el Ministerio de Economía (MEF) por $744 millones para el 2024. Se trata de una partida fija prevista por presupuesto desde el año 2015. "No se puede talentear siempre", eso "lo votaron los mismos legisladores del FA", acusó el blanco Lereté, quien añadió que lo de Orsi es "de una total irresponsabilidad" y que elige creer que no actúa de "mala fe".
Desde esas filas entienden que Orsi "pifió" y que no dejarán pasar esa chance servida en bandeja.
Por su parte, el senador y precandidato Jorge Gandini, uno de los más críticos respecto a lo actuado por Albisu y Aire Fresco en Salto, sostuvo en este caso que "el Estado uruguayo ha hecho todo lo que puede hacer". "No hay que olvidarse que es un organismo binacional", dijo, agregó que quienes siguen sin cambiar su relación laboral, pese a las demandas del Parlamento, "se amparan en un derecho laboral que generaron con la Comisión" y que el Uruguay "hizo todas las gestiones que pudo y logró bastante".
Similar tono desliza Cabildo Abierto en la antesala de la comparecencia, aún cuando sus diputados habían avisado en la coalición que no defenderían ministros –Bustillo todavía estaba como canciller– si no se cumplía con lo exigido, tal como informó Búsqueda.
"Vamos a escuchar al ministro, estamos para pedir el cumplimiento de lo que resolvió la Cámara de Representantes", dijo el senador cabildante Guillermo Domenech. "Esa es nuestra posición y le fue transmitida por el senador (Guido) Manini Ríos al ministro Paganini hace unos días. (...) Tengo que reconocer que hubo un principio de ejecución de lo pedido", complementó y concluyó que van a "analizar las dificultades jurídicas" que ha tenido la delegación uruguaya.
Delgado, que ya proclamó a Albisu como su candidato a la intendencia de Salto, dijo en entrevista con El Observador el mes pasado que en el tema Salto Grande "hubo un exceso de discrecionalidad, no hubo irregularidades, no hubo delitos. Se solucionó porque todos los contratos dejaron de ser permanentes, pasaron a ser anuales y que además la CTM los puede rescindir cuando quiera".
