El bullying agropecuario

La creación de un nuevo ministerio en cualquier país es una pésima noticia, y el problema central no son los cargos y gastos que corresponden a su puesta en marcha, sino al activismo estatal imprescindible para, entonces, proponer leyes y reglamentaciones que justifiquen su existencia.

Este es el caso flagrante de la creación del Ministerio de Ambiente, cuyo decreto forestal funge como ingreso triunfal a la más prístina tradición española de la que este país aún no se libera.

El decreto creado como ingenua moneda de cambio para un Cabildo Abierto que, lejos de estar preocupado por los pequeños productores o la “racionalidad” productiva, está enfrascado en una disputa con el Frente Amplio con la zona populista como trofeo.

A diferencia de cualquier otro sector productivo, el agro se encuentra privado de la libertad responsable y está integrado, en nuestra cultura, por empresarios a los que no se les puede dejar solos, so pena de que arruinen el país. Sería bueno pensar en las razones y orígenes de esta discriminación. Es probable que la lejanía de la intelectualidad uruguaya, la consideración de que no hay vida más allá de la perimetral y, sobre todo, esa visión analfabeta de que producir commodities es un modelo de desarrollo “inadecuado y primitivo”, sean la madre del borrego.

El sueño heredado del siglo XX consiste en una fábrica de alpargatas a la que asisten los obreros con su lanchera mientras cantan Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. El resto es atraso.

Hijos de esta mentalidad, son la prohibición de las sociedades anónimas en el agro, los planes de uso de suelo, los avales de importación de fruta, las campañas sanitarias y una serie interminable de permisos que nuestros empresarios necesitan cual un infante díscolo.

Los firmantes de la ley a vetar, se paran en la portera de los pequeños predios para evitar que ingrese el árbol depredador. A nadie le importa si una cadena de farmacias sustituye a la vieja botica del barrio, o si las grandes superficies le dan la estocada final al almacén de ramos generales, pero es inadmisible que un productor de 500 hectáreas foreste 100.

¿Cuál es la razón para que la lógica capitalista de construcción y destrucción sea aceptada sobonamente en modo citadino y que constituya un escándalo si queda lejos de la Ciudad Vieja?

 A partir de las explicaciones redactadas por el Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso se trata de una brillante clase de constitucionalismo y república, tardíamente nos enteramos de la completa inconstitucionalidad de la ley. Pero más allá de este “detalle”, lo que hace hervir la sangre es que se siga persiguiendo a los que se portan bien.

En particular a la forestación que le puso con su tercera planta un piso a la caída del producto como un privilegio exclusivo de este país; la forestación que es la responsable de los miles de camiones y correspondientes familias que cruzamos en la ruta 5; la forestación que es la única razón para nuestro balance negativo de carbono como país y que hoy le ofrece al pequeño productor una alternativa que duplica sus ingresos actuales. 

Un sector agropecuario que con su potente motor nuevamente nos saca del barro detonada su explosión exportadora y su demanda laboral. Un sector agropecuario que no precisa ninguna protección para la integración del Uruguay al mundo, y es justamente aquí donde se pretende hacer el ejercicio de reglamentación compulsiva, la pasta base de la política.

El decreto no evitó la malhadada ley y sin embargo quedó firme otro permiso que no tiene más efecto que dejar afuera del juego a los pequeños productores, sin la capacidad de gestión de la burocracia de las grandes empresas.

Este país está dividido en dos, los convencidos de que los empresarios tomarán las mejores decisiones para sí mismo y para el país y aquellos que sueñan con organizarles la vida desde una planilla Excel. Olvídense de aquello de derecha e izquierda.

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