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El cierre de Casa de Galicia dejó con la "piel fina" al MSP, que monitorea la situación en el Casmu
El Ministerio de Salud Pública (MSP) aseguró que monitorea día a día la situación asistencial, económica y financiera del Casmu pero se preocupó en diferenciar la realidad de esa institución con el proceso que derivó en la quiebra y cierre de Casa de Galicia, ante las denuncias que efectuaron los trabajadores de ese prestador y que tomaron estado político a partir de la preocupación de legisladores de la oposición.
"Queremos separar las situaciones", dijo en el Parlamento el subsecretario José Satdjian al afirmar que, en términos financieros y gerenciales, lo del Casmu es bien diferente a la de la quebrada institución.
En primer lugar por su masa social. El Casmu cuenta hoy con 185 mil afiliados, más de cuatro veces más que Casa Galicia al momento de su cierre. También por lo que representa esa masa social frente su endeudamiento. Según manifestó el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, Casa de Galicia cerró con deudas equivalentes a $ 75 mil por cada afiliado. El Casmu, precisó, está en un promedio de $ 45 mil. También existen diferencias apreciables en el nivel de cesión de los créditos Fonasa.
Yagoda reconoció que, después del proceso que derivó en el cierre de Casa de Galicia, el sistema quedó "con la piel fina", por lo que consideró correcto tener las precauciones correspondientes. Según indicó, se trabaja permanentemente sobre el Casmu y la veedora del ministerio está trabajando en el lugar.
El Casmu solicitó recientemente acceder a un nuevo fideicomiso –el cuarto que pide– que será desembolsado en tres tramos. El primero era contra la firma y el desembolso estaba destinado a algo específico: financiar retiros incentivados de personal planteados por la empresa. Un segundo desembolso, que también se efectuó, estaba vinculado a la negociación de precios de medicamentos. El informe de los veedores señala que el 87% del presupuesto del Casmu sale de las cápitas que recibe a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
La exposición de las autoridades se dio este martes ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, que sesionó en pleno receso a pedido de los legisladores del Frente Amplio. Al diputado Luis Enrique Gallo le extrañó que una institución que en teoría atraviesa dificultades económicas y que esté siendo "mirada con lupa" por el ministerio haya inaugurado recientemente una nueva sala de emergencia y un block quirúrgico. "Vemos un despliegue que nos llama poderosamente la atención", señaló el legislador frenteamplista, que apuntó a una "incorporación masiva de tecnología" por parte de ese prestador. Gallo también señaló el contrasentido de que una institución esté creciendo y desarrollándose mientras envía a más de 100 trabajadores al seguro de paro.
Yagoda respondió que en ningún momento el gobierno le puso como condición a la empresa que tenía que reducir su plantilla para acceder al fideicomiso.
"No podemos intervenir en lo que decidan las autoridades de las instituciones", puntualizó Satdjian. "Las mutualistas tienen independencia gerencial y puede disponer de contrataciones o desvinculaciones".
"Socios VIP"
El Frente Amplio puso también sobre la mesa la cuestión de Medis Group, el "servicio VIP" brindado por el Casmu cuyos abonados, según denunció el sindicato, reciben atención prioritaria e inmediata sobre los usuarios comunes, algo ilegal desde el punto de vista normativo y que, según apunta, sería financiado a través de los fondos Fonasa. La consulta correspondió a la presidenta de la comisión, Lucía Etcheverry.
"Algunos cristianos esperamos 45 minutos o más", dijo. "Menos los que tienen ese servicio preferencial". La diferencia, agregó, se hace incluso dentro del mismo local, ante la misma ventanilla y el mismo funcionario, que apeló a un cartel colocado en las dependencias de la institución: "Socios Medis Group, anunciarse".
Satdjian recordó que el ministerio había propuesto un artículo en la Rendición de Cuentas recientemente votada en el Parlamento para regular lo relativo a estos "usuarios preferenciales". Un artículo que la propia coalición de gobierno retiró del proyecto.
El subsecretario remarcó que las denuncias del sindicato apuntan incluso a prioridades en la atención en puerta de emergencia o en cuidados intensivos, lo que rozaría la omisión de asistencia. Al respecto, pidió que las denuncias fueran efectuadas en los canales oficiales correspondientes.
