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El nuevo cruce de Fiscalía con el Ministerio del Interior: los delincuentes enviados a prisión
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, volvió a defender el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y quedó enfrentado otra vez al Ministerio del Interior al publicar datos de un informe preliminar elaborado por el equipo de estadísticas del ministerio público acerca de un estudio que concluye que en los últimos dos meses el actual sistema penal envío proporcionalmente más gente a la cárcel de lo que lo hacía el viejo código.
Díaz escribió en su cuenta de Facebook que “en los últimos dos meses el 71,9% de las 2.349 personas imputadas por algún delito fueron remitidas a la cárcel con condena o bajo prisión preventiva”, cuando el porcentaje de procesados que fueron enviados tras las rejas en el sistema antiguo era “inferior al 65%”.
Según cifras del Poder Judicial, en 2017 –año en el que desde el 1° de enero hasta el 31 de octubre, rigió el sistema penal anterior- el 67,3% de los procesados fueron enviados a prisión. Mientras tanto, en 2016 el 69,5% de los procesados fueron enviados a la cárcel. Si bien estos son datos a año cerrado, las cifras publicadas por el fiscal de corte responden a un período entre mediados de enero y mediados de marzo.
La razón por la que se informó datos de este período acotado de tiempo es porque la fiscalía recién empezó en enero a recabar la estadística de personas enviadas a la cárcel por cantidad de imputaciones. El fiscal de corte recibió un adelanto de esa información este viernes y decidió publicarlo el domingo en su cuenta de la red social.
Las discrepancias entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior sobre el papel del nuevo Código del Proceso Penal están presentes desde que la cartera de seguridad comenzó a notar un incremento en el número de denuncias de rapiñas y hurtos. Estas diferencias acabaron por acrecentarse en los últimos días, luego de que se dieran a conocer las estadísticas de delitos de 2018, que mostraron un incremento de las rapiñas del 53,8%, 25,6% en los hurtos y 45,8% en los homicidios.
El director nacional de Policía, Mario Layera, había dicho a Informativo Sarandí que "el nuevo sistema penal les produce a ellos (a los delincuentes) una facilidad" para delinquir. Además, durante la presentación de las cifras que mostraban un incremento histórico del número de delitos, la máxima autoridad policial dijo que había más rapiñas porque al reducirse el uso de la prisión preventiva, los delincuentes que quedan libres continúan cometiendo crímenes.
Por otro lado, las cifras que según Díaz “conviene tener presente a la hora de elevar el nivel del debate” buscan demostrar lo contrario, es decir que el nuevo código envío más gente a la cárcel de lo que lo hacía el anterior. Lo que sí cambió con el sistema vigente desde el 1° de noviembre de 2017 es que el porcentaje de personas privadas de libertad cumpliendo prisión preventiva (es decir presas mientras son investigados y son jurídicamente inocentes) bajó, al tiempo que aumentó el número de personas privadas de libertad en el cumplimiento de cumplir una sentencia.
El nuevo Código redujo el número de personas con prisión preventiva según datos de Fiscalía publicados el 15 de marzo del 69,8% al 44% del total de las personas privadas de libertad, al tiempo que aumentó el número de personas con condena tras las rejas de 30,2% a 56%. Los juicios abreviados mediante los cuales los imputados obtienen una condena reducida a cambio de admitir la responsabilidad en el delito por el que son investigados fue clave para aumentar el número de personas condenadas.
Uno de los primeros argumentos del Ministerio del Interior para señalar que el nuevo Código del Proceso Penal había provocado un aumento en los delitos fue que durante los primeros meses de aplicación el número de privados de libertad se redujo de 10.993 a poco menos de 10.000. Esta caída estuvo relacionada con una baja en el número de imputaciones, que en octubre de 2017 fue de 1.000 y que durante el primer mes de aplicación del nuevo código bajó a 584.
Sin embargo, este número comenzó a ser revertido y para marzo la fiscalía ya lograba una cantidad de imputaciones similar a la que se registraba con el sistema anterior (959 imputaciones), al tiempo que en agosto se superó las cifras del viejo código (1.283 imputaciones). De la misma forma aumentó el número de personas privadas de libertad y actualmente las cárceles tienen unos 10.600 presos.
