La defensa del empresario Humberto Radiccioni (padre del diputado blanco Javier Radiccioni), imputado por asesinar a sus dos socios de una fábrica de ticholos de Empalme Olmos tras una discusión, desmintió que uno de sus hijos fuera a la fábrica a llevarse mercadería como denunció la familia de una de las víctimas.
El exfiscal de Corte Jorge Díaz, abogado de la familia de Nicolás Bruzzone, señaló a El Observador que debió asistir a la fábrica junto a su socia Florencia Mazzei tras ser alertados de que uno de los hijos del homicida se estaba llevando mercadería del negocio. El hombre les manifestó que lo estaba haciendo para pagarle a los trabajadores.
Consultados sobre esta situación, el estudio de abogados que representa a Radiccioni aseguró a El Observador que "es absolutamente falso lo que expresan los familiares de Bruzzone y que han divulgado en forma temeraria a los medios".
"La empresa vende sus productos ya que es lo que corresponde hacer como fábrica, siendo una empresa en marcha y así poder solventar los gastos y salarios", ratificó el estudio.
Según la defensa del imputado, los familiares de Bruzzone buscan "obstaculizar el giro de la empresa", para lo que "montan un show mediático con el único fin de perjudicar a la misma".
El estudio comunicó que ya realizó las "denuncias penales correspondientes" e inició los "procesos civiles pertinentes como acreedores de la sucesión y en defensa de la empresa". Además, indicó que la empresa está realizando una "profunda investigación" sobre "elementos" que detectaron en su anterior administración.
Radiccioni, de 76 años, fue imputado por dos delitos de homicidio agravado por el uso de armas de fuego. El entonces abogado defensor del imputado Fernando Silveira dijo a Telenoche (Canal 4) que esto era un "tema de larga data". "Lo amenazaban, lo empujaban, venía de hace mucho tiempo, con instancia conciliatoria en el ámbito civil", afirmó.
Si bien la Fiscalía había pedido que el hombre tuviera prisión preventiva mientras durara la investigación, la defensa logró que el juez le otorgara prisión domiciliara durante 180 días. Esto se debió a la edad del hombre y su estado de salud. Según la defensa, el homicida tenía síntomas de Mal de Parkinson y a su vez una sospecha de que pueda haber contraído cáncer de colon.
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