Errores varios: las inconstitucionalidades que tenía el decreto sobre conductores

"En primer lugar, para limitar los derechos de la libertad de circulación se precisa una ley, que tiene que decir todo el alcance de la limitación. O sea que lo primero que tenemos es una inconstitucionalidad del artículo de la ley por constituir una remisión en blanco al decreto reglamentario", declaró Risso al ser consultado por El Observador. "Le pasa la decisión al Poder Ejecutivo, que podría poner lo que se le antoje. Se precisa que la limitación esté en la ley", explicó.

César García Costa, integrante de la Comisión de Seguimiento del Sucive, dijo este lunes a  El País: "Por un lado, está el decreto que reglamenta algunos aspectos de la ley. Y por otro, regulaciones que van a ser directas del Congreso de Intendentes. Y esta es una de ellas". "La reglamentación es un tema municipal, no nacional. El tema del tránsito a nivel país le corresponde a las intendencias", planteó por su parte el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, en diálogo con el matutino.

"La reglamentación de una ley es competencia constitucional del Poder Ejecutivo, o sea que decir que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es un error, es un error", expuso no obstante Risso. Es decir: sí corresponde al Ejecutivo reglamentar una ley, pero si hay una limitación de libertades debe venir establecida ya desde el Parlamento en el texto de la ley.

El constitucionalista entiende que el problema está en la propia ley 19.824, publicada en setiembre del año pasado. En su artículo 39, el texto establece que las habilitaciones técnicas para circular deberán ser emitidas por los gobiernos departamentales, por lo que "los derechos admisibles" para obtenerla y la "forma de acreditarlos" quedaría en manos del Congreso de Intendentes, que tendría que acordar una solución en el plazo de 180 días luego de promulgada la norma.

Risso sostuvo que el principio de legalidad en materia de limitaciones de derechos humanos –en este caso las disposiciones y requerimientos departamentales para que las personas puedan andar en auto– impide remisiones en blanco, por lo que las medidas deberían quedar zanjadas ya en la propia ley, y no quedar en manos de otras partes, como pueden ser el Poder Ejecutivo o el Congreso de Intendentes.

Por otra parte, el constitucionalista argumentó que el Congreso de Intendentes "no es un órgano de administración activa, sino de simple coordinación", conforme lo estipulado en el artículo 262 de la Constitución de la República. "El Congreso no puede resolver nada en esta materia", afirmó. "Las leyes que le dan competencias al mismo son inconstitucionales", declaró, y consideró que "algunas han dado inconvenientes y otras no".

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"Fue un error, me parece que está bueno decir la verdad, con humildad, sin soberbia. Cuando hay equivocaciones, hay equivocaciones. Había un decreto, ese artículo no iba en el decreto y la verdad es que hubo un error en el control de cambios", admitió el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en entrevista con el periodístico televisivo Séptimo Día. "No se comparte ni el espíritu ni la forma", señaló el jerarca, que catalogó lo dispuesto por la norma como "insólito".

A pesar de modificar las disposiciones del decreto reglamentario del 24 de setiembre este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou había prestado su firma para aprobar el texto en aquella fecha.