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FA quiere que todos los policías que participen en operativos porten cámaras corporales
La bancada del Frente Amplio en el Senado presentará este lunes un proyecto de ley para establecer que todo el personal policial que participe en procedimientos de cualquier tipo deba portar una cámara corporal personal que deberá permanecer encendida durante todo el operativo.
El texto, elaborado por el senador Charles Carrera y al que accedió El Observador, propone agregar un inciso al artículo 20 de la ley de Procedimiento Policial y comprendería todos los casos en los que se haga uso de fuerza física, armas u otros medios de coacción, además de detenciones o conducciones por parte de la Policía. Las imágenes que se registren deberán ser conservadas mediante los mecanismos apropiados de archivo. De no cumplirse con este requisito, los funcionarios no podrán ampararse en la presunción de legitimidad de su actuación, prevista en la ley.
En su propuesta, Carrera remarca que la represión es una modalidad excepcional de la actuación policial, en la que deben garantizarse los derechos de todos los ciudadanos con independencia del rol que ocupan en un operativo determinado. Allí el senador apela a varias disposiciones incluidas en la ley de Procedimiento Policial y a la necesidad de garantizar su cumplimiento a través de mecanismos de control como las cámaras corporales. Por ejemplo, que los funcionarios tienen especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. También invocar en ningún caso una orden superior o circunstancias especiales para justificar ese tipo de conductas.
Además, recuerda que el personal policial deberá asegurar la plena protección e integridad física de cualquier detenido bajo su custodia, y que solo podrá usar la fuerza legítima cuando sea necesario y en la medida que lo requiera la situación, de forma racional, progresiva y proporcional.
A mediados de marzo el Frente Amplio había presentado públicamente 50 denuncias sobre casos de presunto abuso policial ocurridos en 2020 y 2021 y le había dado plazo de un mes al ministro Luis Alberto Heber para investigar. Eran parte de los casi 100 casos que fueron identificados por la Asociación de Defensores de Oficio y elevados a la Suprema Corte de Justicia. Ante el planteo de la oposición, un informe del ministerio señaló pocas semanas después que en 37 de los 50 casos no existía ninguna denuncia formal por abuso policial y que además, del total, ningún policía había sido formalizado.
"Este proyecto busca dotar de mayores garantías a situaciones potencialmente lesivas de los derechos de las personas", indicó el senador. "También es un resguardo y apoyo al personal policial que, frente a eventuales denuncias infundadas, tendrá elementos sólidos de prueba de que desplegó un procedimiento conforme a derecho".
Según las estimaciones del legislador frenteamplista, el costo de cada dispositivo es de unos US$ 250, por lo que si el proyecto se convierte en ley se deberán invertir unos US$ 4 millones a los efectos de dotar de cámaras a todos los policías que participan habitualmente en procedimientos.
A fines de marzo el Ministerio del Interior anunció la adquisición de 300 cámaras corporales con equipos de grabación, que serían destinadas a distintas unidades policiales durante el servicio diario. Desde el 1 de marzo de 2020 la cartera lleva incorporadas 900 cámaras y en el correr de este año se comprarán 600 más, lo que totalizará unas 2.700 dispositivos de este tipo.
Las cámaras recientemente incorporadas cuentan con un lente angular que permite grabar a 90 grados en calidad 4K,con audio estéreo y visión nocturna infrarroja. Son resistentes a la lluvia y a las altas temperaturas, poseen un GPS de localización y la grabación de las imágenes está encriptada, por lo que no se puede adulterar ni modificar la información registrada.
