Estaba previsto para el próximo martes
Un fiscal argentino pidió este miércoles que no se aplace el inicio del primer juicio por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), previsto para el próximo martes, después de que el Supremo aceptara el martes que se revise el expediente, lo que puede demorar el comienzo.
El fiscal recuerda que "en caso de que ese tiempo sea insuficiente para realizar su compulsa y/o para extraer copias de las piezas procesales", se sepa que las "actuaciones" judiciales han sido "en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes".
"Peticiono que se pongan a disposición del Alto Tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis y estudio que entienda necesario efectuar, y devuelva los autos principales para llevar a cabo el juicio oral y público previsto para el día 21 de mayo del corriente año a las 12:00 horas", cuando está previsto que inicie el juicio.
En varios dictámenes efectuados en el marco de la causa, Luciani recuerda que ya ha puesto de manifiesto "la importancia de conjugar esfuerzos con la finalidad de que se realice el juicio oral y público y se logre adoptar una decisión que, por un lado, ponga fin a la incertidumbre que, para las personas que resultan imputadas, genera la existencia del proceso penal".
"Y que, por el otro, se arribe a un pronunciamiento judicial sobre los graves hechos de corrupción que constituyen la base fáctica del presente expediente", concluye.
Este nuevo posible aplazamiento ha generado fuerte polémica en el país, al considerar que profundizan en la impunidad en medio de un año electoral.
"Que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad", expresó el presidente Mauricio Macri en un acto, en el que no se refirió directamente a su antecesora.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la decisión de revisar el cuerpo principal de la causa es "un fallo muy inusual con un condimento político muy grande".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la decisión de la Corte Suprema "genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar".
En la causa -una de las más de diez en las que está procesada Fernández- se investiga el supuesto amaño en las adjudicaciones, durante el kirchnerismo (2003-2015), para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz, de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003.
En concreto, el presunto direccionamiento de obras públicas a la empresa del empresario Lázaro Báez, por la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos (unos 1.021 millones de dólares).
Fuente: EFE