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Fiscalía prepara resolución sobre actuación en caso Moreira
Mientras se aguarda que la Fiscalía se expida la semana próxima sobre la investigación administrativa –aunque el plazo máximo de 60 días para resolver– que se inició a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, quien militó en el Partido Nacional al menos hasta junio de 2019, cuando ingresó al Ministerio Público, el tema levantó polvareda política y generó cuestionamientos al fiscal de Corte, Jorge Diaz.
La polémica se suscitó el sábado 18, 24 horas después de que Charquero ratificara el archivo de la indagatoria contra el exintendente blanco Carlos Moreira –candidato además a la reelección en Colonia–, junto con la fiscal Paola Nebot. Ambas analizaron la investigación que había hecho la fiscal Eliana Travers, quien en una resolución emitida el 4 de febrero determinó que no había delito que imputarle a Moreira luego de que se viralizaran los audios en los que ofrecía sexo a una edila a cambio de la renovación de pasantías.
A la mañana siguiente, el periodista Carlos Pelaez, columnista de LaX, divulgó en su cuenta de Facebook la foto de Charquero posando con Álvaro Garcé y otros, con un cuadro de la 404 detrás. En la semana también se dieron a conocer otros posteos anteriores a su ingreso a la Fiscalía de su cuenta de Instagram que atestiguan la militancia, además de una foto en la que se la ve participando de una actividad de la comisión de seguridad de la Lista 404 en la campaña presidencia de 2014.
La investigación administrativa resuelta por Díaz la hizo con el propósito de dar “garantías” a la fiscal acusada –según señalaron a El Observador fuentes del organismo–, lo que le valió críticas de varios legisladores de la coalición de gobierno, y el pedido expreso de destitución por parte de Cabildo Abierto, que entiende que Díaz incurrió en una “persecución política” contra la fiscal departamental, como señalaron el lunes en la Torre Ejecutiva los legisladores Guillermo Domenech y Eduarlo Lust. Consultado al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el Poder Ejecutivo todavía no se pronunciará.
El mismo lunes, Charquero recibió el llamado de William Rosa, secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay, quien se puso a disposición para lo que entendiera. Charquero le respondió que se encontraba “tranquila”, y que iba a esperar a que su caso “siguiera los carriles jurídicos correspondientes” antes de manifestarse públicamente, según contó Rosa a El Observador.
En la Ley Orgánica de la Fiscalía, de 2017, se establece que los fiscales deben “abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, y para mayor detalle, la norma explicita que el rol de los fiscales es incompatible “con cualquier función pública honoraria, excepto aquellas especialmente conexas con el ejercicio del cargo de fiscal”. Y agrega además que un fiscal “podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes”.
También está la posibilidad que un fiscal entienda que debe renunciar a una causa “por razones de decoro o delicadeza”, sin brindar mayor explicación, pero ello es algo que no puede ser exigido desde un punto de vista legal.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron que la postura de Charquero se fundamenta en que “no era su deber” haber avisado sobre su pasado político. De hecho, la Fiscalía de Corte entiende que la fiscal no mantuvo la actividad partidaria desde que asumió.
Pero la ley también dice que los fiscales deben apartarse “si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes”, y es este punto el que está bajo la lupa en la investigación administrativa porque Moreira y Charquero trabajaron juntos.
Si se prueba la falta, las sanciones van desde la amonestación a la destitución.
