La primera administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) se propuso la meta de alcanzar el 4,5% y lo logró, y en su segunda oportunidad (2015-2020) se trazó la exigencia de subir la participación de esta actividad en el PBI en un punto y medio. Haber logrado la primera meta y plantearse la segunda, para la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue "de los mayores aciertos" del Frente Amplio y así lo manifestó en octubre de 2016, cuando fue interpelada en el Parlamento.
"Nos comprometimos a ello, porque no hacemos demagogia con la educación, sino que asumimos con seriedad la tarea de transformarla, no con palabras sino con la irrefutable prueba de los hechos", dijo la jerarca en defensa de su gestión.
Sin embargo, aunque no en desmedro de los hechos, las "palabras" tienen una particular relevancia en el discurso oficialista que refiere a la meta del 6%, al que tanto aluden los sindicatos de la enseñanza al recordar la "promesa" de campaña del partido gobernante.
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El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en tres semanas, que establece un aumento del gasto, es la última posibilidad de atender económicamente a la educación antes de la próxima Rendición de Cuentas, que se elaborará ya con otra administración al frente del país.
Según aseguró el ministro de Economía Danilo Astori en conferencia de prensa este jueves, el gobierno finalmente comunicó a los legisladores del Frente Amplio que prevé destinar a este rubro $ 2.422 millones más, es decir, el 80% de los $ 3.000 millones que constituye el aumento total del gasto definido para los próximos dos años, sin contar los $ 1.700 millones que ya estaban asignados.
Con estos números, el presupuesto para la educación superará el 5% del PIB. En palabras de Astori: "Estamos haciendo lo que dice el programa del Frente Amplio".
¿Y qué dice el programa, el documento citado por algunos jerarcas políticos a la hora de justificar sus decisiones, aun cuando cuentan con la resistencia de sectores de su propio partido?
Dice lo siguiente: "En cumplimiento de los objetivos establecidos en este programa para la transformación de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo público, se puede exigir presupuestalmente ir hacia el 6% del PBI".
"Hacia" es una preposición, que, según la Real Academia Española, "denota el sentido de un movimiento, una tendencia". Si se toma en cuenta la definición textual de la promesa, el gobierno ha tendido a alcanzar ese 6%. Sin embargo, en los hechos, el objetivo era alcanzarlo, algo que no sucede con esta propuesta de Rendición anunciada por el gobierno.
Al menos, así lo interpretaron los gremios de la educación. "Es un vuelto. Es como para una familia, $ 10. No incide en lo que puede comprar" dijo a El Observador, el secretario general de la Asociación de Funcionarios de UTU, Martín Hranilovic.
En tanto, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), dijo a El Observador que de confirmarse que ese es el incremento extra para la ANEP, "se estaría replicando la misma situación que el año pasado", cuando el gobierno destinó $ 1.700 millones extra para el organismo, los cuales se usaron en salarios. En definitiva, indicó Pereira, "sería profundizar inequidades salariales y no atender el ingreso de las 300 auxiliares en Primaria", que forman parte de la plataforma reivindicativa de la FUM.
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En 2015, durante el aniversario de la Declaratoria de la Independencia en Florida, el presidente Tabaré Vázquez dijo: "Vamos a llegar a 6% del producto interno bruto al final del mandato".
Por otro lado, Astori fue claro al expresar que su gobierno pretende lograr una cifra "superior" a la que había al comienzo del mandato.
Dos meses atrás, cuando una delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio visitó a Vázquez en la residencia de Suárez, la presidenta del gremio, Elbia Pereira, sostuvo a la salida del encuentro que el mandatario les dijo: "Si yo pudiera, firmo el 6% del PIB para la educación".
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