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Haití, el país de las crisis

A la debacle de Venezuela y Nicaragua se suma la de Haití, una isla con un gobierno acorralado por una inestabilidad política y problemas de corrupción 

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02 de marzo de 2019 a las 05:03

La situación está que arde en Haití desde el pasado 7 de febrero. Ese día el presidente Jovenel Moïse inició su segundo año de mandato, al mismo tiempo que fuertes protestas civiles reclamaban su renuncia y el mismo día del 33er. aniversario del derrocamiento del dictador Jean-Claude Duvalier. 

Haití es un país muy complicado históricamente, que ha vivido una suerte de dictaduras sucesivas, malas administraciones y desastres naturales (como los terremotos de 2010 y 2018), factores que, combinados, lo han convertido en el más pobre de América Latina desde los años 80. 

En esta ocasión, una nueva crisis política ha dado lugar a protestas en contra del gobierno de Moïse, acusado de agravar la pobreza del país y de hechos de corrupción. Hasta el momento, las revueltas han arrojado un saldo de 26 muertos y 77 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El Consejo de Seguridad de la ONU llamó el 21 de febrero a los haitianos para que las protestas contra el gobierno se realicen de manera pacífica, tras reunirse a puertas cerradas para discutir sobre la ola de violencia en ese país, a pedido de Washington, Francia y Alemania.

En ese mismo sentido, el miércoles pasado, la CIDH advirtió sobre el  “agravamiento de la situación de violencia y desabastecimiento” en Haití. 

“Es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento” de electricidad, combustibles y medicamentos y que afecta a los “servicios básicos de agua, alimentación y salud”, señaló la relatora para Haití, Flávia Piovesan, en un comunicado difundido en Washington.

Todo se desencadenó cuando una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló que al menos US$ 2.000 millones fueron desviados de fondos entregados por el gobierno de Venezuela al de Haití para el desarrollo del país en el marco de “Petrocaribe”, entre 2008 y 2016. Otras denuncias señalan que el monto ascendería a US$ 3.800 millones. 

Esto enardeció a una población que solo necesitaba una chispa para entrar en cólera ante una inflación galopante, fuerte depreciación del gourde (moneda oficial de Haití), escasez de alimentos y una crisis de electricidad derivada de carencias en la gasolina.

Los manifestantes arrojaron piedras a la casa del mandatario Moïse, incendiaron un mercado popular en la capital, Puerto Príncipe, hubo saqueos de varias tiendas y, en medio de la revuelta, 78 presos se fugaron de la cárcel de la localidad de Aquin, al sur de la isla. El ambiente crispado y de violencia se ha mantenido hasta estas horas como refleja el comunicado de la CIDH. 

En los casos de desvío de los fondos que provenían de PDVSA -que se desconoce su destino- estarían involucrados 14 ex funcionarios de los presidentes Rene Preval (2006-2011), Michel Martelly (2011-2016) y el actual Möise (2016 a la fecha).  

Por si fuera poco, en estas semanas se  ha profundizado la parálisis económica por el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto del gobierno.

El presidente Moïse, aferrado a su silla, ha ofrecido conversaciones que rechaza la oposición (Sector Democrático y Popular), liderada por Jean-Charles Moise. Los legisladores de la oposición exigen un gobierno de transición y la salida del actual mandatario. 

Lo cierto es que, salvando las diferencias estructurales de cada realidad y contexto, ese escenario de Haití se suma al deterioro de la democracia en Venezuela y Nicaragua, que están sumidos en una fuerte crisis política y económica, que junto a Cuba, forman el peor cuarteto de la región. 

Presidentes acusados de falta de legitimidad, presunta  corrupción y abuso del poder, aferrados en sus cargos; economías en crisis profundas; llamados al diálogo de alguna de las partes que son rechazados o puestos en tela de juicio por la otra; opositores que reclaman la caída de los gobiernos; 
muertos en las protestas callejeras; emigración masiva; grupos que se pronuncian en contra de la injerencia de EEUU en asuntos internos; y presión internacional que actúa en pro de salidas democráticas, fundadas en la Carta Interamericana que condena a los países del continente que sufren rupturas institucionales.  

¿Cómo es posible que países como Haití estén en permamente inestabilidad y que no sea posible ver una salida clara a su doble crisis político-económica?  ¿Qué riesgo se corre de que esos “males”, también presente en otros países de la región, se extiendan a otras naciones? 

Venezuela, Nicaragua, y Haití enfrentan graves problemas institucionales, donde los valores democráticos  de quienes están en el poder y los mecanismos de control y transparencia brillan por su ausencia.
Derrocamientos sucesivos

En el caso de Haití, la crisis política e inestabilidad es de vieja data. Entre 1911 y 1915 ocurrieron asesinatos políticos y exilios forzados que llevaron a que la Presidencia cambiara seis veces tras una serie de golpes de Estado. 

Haití estuvo ocupada por Estados Unidos entre 1915 y 1934, época en la que se sanearon las finanzas públicas, pero debió soportar la pérdida de independencia y todo lo que conlleva una intervención de una potencia extranjera.  

Recién en 1950 asumió el primer presidente electo por voto universal, Paul Eugène Magloire, y si bien durante su gobierno Haití vivió una “edad de oro”, también acalló duramente a sus opositores, lo que llevó a su derrocamiento en 1956.  

A partir de allí Haití cayó en el caos institucional con sucesivos gobiernos provisionales y militares, hasta la elección de François Duvalier (“Papa Doc”) en 1957, quien tras modificar la Constitución en 1964 se convirtió en presidente vitalicio hasta su muerte siete años después. Su hijo, Jean-Claude Duvalier (“Baby Doc”) continuó el régimen dictatorial.

En 1986, Duvalier hijo fue derrocado y subió Leslie Manigat como primer gobernante democrático en tres décadas, para salir cuatro meses más tarde. 

Luego suceden gobiernos militares hasta 1991 cuando fue elegido Jean-Bertrand Aristide, y también derrocado pocos meses después. Por presión internacional, se restauró en la Presidencia en 1994 hasta 1996, y  volvió entre 2001 y 2004, cuando una grave crisis interna y violentos episodios culminaron con la intervención de los Cascos Azules de la ONU que hoy mantiene una pequeña fuerza de paz de alrededor de 1.000 efectivos. En 2006, René Préval asumió el poder  y desde entonces ninguno de los gobiernos logró mejorar la situación económica del país. Tras  Martelly (2011-2016) y la breve presidencia provisional del senador Jocelerme Privent, fue elegido en 2016 el empresario Jovenel Moïse que hoy se tambalea en el poder.   

Ayuda internacional

El gobierno haitiano ha estado recibiendo grandes préstamos de bancos estadounidenses y franceses en las últimas décadas y, según analistas, el pago parcial de deudas desmedidas han enlentecido el crecimiento económico del país.

Hoy en día, la ayuda extranjera constituye el 35% del presupuesto del gobierno haitiano, en su mayoría de préstamos del Banco Mundial y del FMI, seguido por ayuda de EEUU, Canadá y la Unión Europea, en especial de Francia. 

También Haití recibió mucha ayuda de algunos países latinoamericanos, sobre todo de Venezuela en la época de oro para la producción de petróleo. 

Hoy día esos ingresos están vedados por la crisis de la petrolera PDVSA.

Según la Cepal, más de la mitad de los 10 millones de habitantes de la isla vive con menos de dos dólares diarios, lo que constituye una verdadera miseria. 

Cerca del 70% de los haitianos depende de la agricultura de subsistencia a pequeña escala y también de la construcción. La economía informal es muy alta. El empobrecimiento del territorio se debe, en gran parte, a la explotación forestal excesiva, lo que también ha provocado escasez de agua potable.

Uno de los hitos de devastación fue el terremoto del 12 de enero de 2010 con un saldo de más de 300.000 muertos y un millón de damnificados.

Ante los disturbios de febrero pasado, que aún continúan, el primer ministro de Haití, Jean Henry Céant, ofreció bajar los precios de los alimentos y los gastos de la administración pública, aumentar el salario mínimo e investigar el destino de los fondos de Petrocaribe. Pero los manifestantes siguen creyendo que la mejor alternativa es la salida del gobierno. 

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