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Imputados en operación Océano piden nulidad de la causa ante un tribunal de apelaciones
Los defensores de más de la mitad de los imputados en el marco de la operación Océano presentaron ante un tribunal de apelaciones un recurso de reposición, apelación y nulidad de todas las actuaciones vinculadas a la causa, dijeron este viernes a El Observador fuentes del caso.
El pedido se basa en una supuesta omisión por parte de la Fiscalía de proporcionar evidencias de la investigación a las defensas y, en concreto, el contenido de uno de los celulares de la víctima principal en el caso, informó El País.
En primera instancia la jueza Beatriz Larrieu había desestimado una demanda similar por entender que, aun cuando se verificó la irregularidad denunciada, “no se ocasionó perjuicio alguno a los imputados”, ya que en la audiencia del pasado 23 de febrero, advertida la omisión, decidió suspenderla hasta que las defensas tuvieran acceso efectivo a la evidencia.
La magistrada entendió que la omisión denunciada “no puede retrotraerse” y provocar la nulidad de las resoluciones de formalización. También había rechazado el pedido de que la evidencia supuestamente omitida sea excluida de la causa.
Pero la defensa de los imputados insiste que hubo un grave perjuicio para sus defendidos. “El proceder de la fiscalía violentó abiertamente el ejercicio efectivo del derecho de defensa desde que comenzó la investigación, omitiendo entregar a las defensas evidencias que estaban en su poder”, señala uno de los escritos, firmado por el abogado Alejandro Balbi.
La demanda afirma que el perjuicio para la defensa es manifiesto. “Durante nueve meses los abogados estuvimos a ciegas, reclamando de manera reiterada y por distintas vías que la Fiscalía cumpliera con la obligación de entregar todo el material que estuviera en su poder”.
“No es admisible justificar la omisión de la Fiscalía ni ser condescendiente con sus problemas internos, cuando armó para este caso un ‘equipo’ que no se ha dado en ninguna otra investigación, por lo que es plenamente exigible que cumpla de manera estricta sus obligaciones legales y, si no lo hace, se verifiquen sus consecuencias”, aseguran.
La defensa afirma que el error de la Fiscalía constituye, así, una causal de nulidad insubsanable. Para ello se basa en el artículo 379 del Código del Proceso Penal, al constituir una “infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, intervención, asistencia y representación del imputado”, que incluso “debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso”.
En ese sentido, los defensores le piden al tribunal de apelaciones que declare la nulidad de todo lo actuado en las sucesivas audiencias de imputación o que, de lo contrario, disponga la exclusión del proceso de toda la información contenida en todos los celulares, computadoras y dispositivos electrónicos secuestrados en la causa, así como toda evidencia derivada.
