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Jueza defiende decisión de refugio a paraguayos: "Hay pruebas confidenciales"

Los ciudadanos buscados por la justicia de su país se fueron a Finlandia desde Montevideo, y eso despertó la reacción del estado paraguayo

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09 de octubre de 2019 a las 17:12

El gobierno de Paraguay expresó su "enérgica condena" a la decisión de Uruguay de otorgar el "estatuto de refugiados" a los ciudadanos paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán –que habían llegado al país en julio de este año mientras eran buscados por la Justicia de su país– y se "llamó a consultas" al embajador paraguayo radicado en Montevideo.

Quien concedió el refugio a fines de setiembre fue la jueza Blanca Rieiro, y lo hizo en base a elementos que "acreditaban" que habían sido sometidos a torturas en su país. "Yo entendí que se daban esos elementos", dijo la magistrada a El Observador.

Los ciudadanos buscados –tres militantes de izquierda radical requeridos por las autoridades de Paraguay para ser juzgados por un secuestro cometido en 2001– salieron de Uruguay el martes 8 con destino a Finlandia.

"El Gobierno de la República del Paraguay condena el otorgamiento indebido del estatuto de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la República Oriental del Uruguay, así como las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su huída a Finlandia, a fin de evitarles responder ante la justicia", dice el comunicado oficial, y agrega a continuación que Asunción rechaza con igual vehemencia "el tratamiento dispensado por el Gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realizara ante el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) para el otorgamiento de documentos de viaje especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir la justicia".

Más adelante, el comunicado disponible en el portal de la Presidencia de Paraguay afirma que ese país "lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecusión (sic) del crimen transnacional" y citan luego una sentencia a su favor emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que saldó un juicio que habían presentado los ciudadanos prófugos por presunta presuntas torturas sufridas en manos de autoridades de su país.

En junio de este año, el organismo internacional definió que no había pruebas de esos hechos, y eso para Paraguay fue la confirmación de que los supuestos secuestradores "no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo".

Sin embargo, la jueza Rieiro dijo que tenía "presente todo eso", pero insistió en que había "otras pruebas confidenciales" que constataban lo contrario

Para el gobierno de Paraguay, no obstante, no es admisible que no se haya actuado en línea con las conclusiones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo al que Uruguay adhiere.

"Uruguay, como Estado Parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por ende, debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho Tribunal que demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecusión (sic) política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados", agrega el comunicado.

Paraguay también rechaza que Interpol hubiera levantado "los códigos rojos" que pesaban hasta mediados de año contra los acusados de secuestro, "pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas". Eso, según definieron, "no se encuadra en la lógica ni en la razón" y cuestionan también la "credibilidad" de la policía internacional, además de la "arbitrariedad" con que entiende actuó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que facilitó los documentos a los paraguayos para que pudieran irse al país escandinavo.

Con anterioridad a este comunicado, la cancillería paraguaya había convocado al embajador uruguayo en ese país, Federico Perazza, para que diera explicaciones de lo que pasó.

El vicecanciller paraguayo –Antonio Rivas Palacios– ya le había transmitido a Perazza que, al tratarse de un "delito común", no correspondía que estos tres ciudadanos recibieran el asilo político, que la jueza Blanca Rieiro otorgó a fines de setiembre.

Los puntos
Además de llamar a consultas al embajador Rogelio Raimundo Benítez de Montevideo, Asunción presentará "la protesta diplomática respectiva ante el Gobierno de Finlandia, sin perjuicio de gestionar la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán al Paraguay", elevará protestas ante Acnur, el secretario de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, "y todos los altos órganos internacionales pertinentes". Por último, también reclamarán ante "los distintos órganos de la Unión Europea por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia paraguaya".
 

 

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