La Justicia ordenó el desarchivo de la investigación contra al exdirector de Aduanas Enrique Canon por presunto abuso de funciones y conjunción del interés público con el privado, en una causa que en agosto había sido clausurada a pedido del fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez tras casi dos años de indagatoria.
La reapertura del caso fue dispuesto por el juez Marcelo Malvar en una audiencia el 13 de octubre en la que no se pronunció sobre el fondo del asunto sino que siguió la costumbre de los magistrados en estos casos, que es disponer la reapertura del caso, considerado la opción más garantista.
Rodríguez –que había dispuesto su archivo el 31 de agosto pasado– tampoco se opuso a la decisión del magistrado, como también es común en los fiscales, y días atrás el otro fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, entendió que "había méritos" para continuar la investigación que su colega clausuró, dijeron a El Observador fuentes del caso.
Canon –hoy senador suplente de la exministra de Turismo del Frente Amplio Liliam Kechichian– fue denunciado por el sindicato de Aduanas en octubre de 2018 porque, según los trabajadores, había otorgado concesiones millonarias entre 2015 y 2016 a un despachante con quien tenía un supuesto vínculo de amistado.
De acuerdo a la denuncia, la excepción que Canon ordenó que se hiciera con ese despachante –que gestionó la importación de maquinaria para ser instalada en parques eólicos– había ocasionado una pérdida en impuestos al Estado que el sindicato calculó en aproximadamente US$ 600 millones, con base en que dispuso aceptar su importación bajo el beneficio de la "admisión temporaria".
Ese régimen especial admite el ingreso al país de la mercadería sin el pago de impuestos a la espera del análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, quien dispondrá luego si los materiales encuadran o no en un marco de excepción tributaria, como fue el caso, ya que se trataba de artefactos que contribuían a la política estatal del recambio de la matriz energética.
Rodríguez, según señalaron las fuentes, había entendido entonces que "no hubo perjuicio" económico contra el Estado, y que la mercadería ingresó "al amparo de la ley, exonerada de impuestos", algo que ahora será analizado por Lackner.
El otro caso había sido una semana antes de la renuncia, cuando el Ministerio del Interior informó el 16 de mayo de ese año que un cargamento con más de 500 kilos de cocaína había sido incautado en Basilea, Suiza. La mercadería partió en 43 maletas en un avión privado que despegó del Aeropuerto de Carrasco. Por este tema el Ministerio de Defensa ordenó una investigación administrativa urgente para conocer por qué fallaron los controles del aeropuerto, y fueron imputados un funcionario de Interpol, otro de la Fuerza Área y una civil.
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