Desde una rapiña en plena calle, hasta una muerte dudosa, pasando por un hurto o un caso de violencia doméstica. Cada denuncia sobre algún hecho presuntamente delictivo en el que no hay personas detenidas, pasa por la oficina de Depuración, Priorización, Asignación (DPA) de la Fiscalía General de la Nación, una unidad creada a partir de la puesta en marcha
Código del Proceso Penal –vigente desde el 1º de noviembre–, que se ocupa de designar al fiscal que quedará encargado de investigarla.
La forma en la que esta unidad asigna los casos se convirtió en un nuevo tema de enfrentamiento entre la Fiscalía, liderada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el gremio.
De hecho, la fiscal Gabriela Fossati dijo en un comunicado que envío a la Asociación de Fiscales que su traslado desde una oficina que atiende casos del nuevo
Código Penal a otra que atiende todos los casos penales anteriores a la translación del sistema de Justicia penal, fue un "castigo por haber solicitado públicamente (...) una investigación a la DPA por no cumplir con las exigencias impuestas por la ley orgánica: asignación objetiva de casos".
El gremio, suscribió a esta crítica en un comunicado de respuesta a Fossati, en el que se señala que si la forma en la que se asignan los casos es en función del "volumen de trabajo" (si hay dos fiscales y uno tiene más casos que otro, se designa como encargado de la investigación al que tiene menos, de modo de no sobrecargar a uno de los fiscales) entonces eso atenta "con la cristalinidad y aleatoriedad que debería primar al momento de asignar cualquier denuncia".
Fossati dijo a El Observador que la aleatoriedad es la única manera de "asegurar transparencia y cristalinidad" en el proceso penal. De lo contrario, explicó, podrían existir "suspicacias" sobre la forma en la que se desempeña en un caso, porque conoce personalmente a un abogado defensor, por ejemplo.
¿Cómo funciona la DPA?
Cuando alguien presenta una denuncia ante la Policía o la Fiscalía General de la Nación –siempre que no haya detenidos–, el caso ingresa a la DPA, donde un equipo de cuatro fiscales, diez abogados, siete funcionarios y cuatro becarios (estudiantes de derecho), la leen, le asignan un nivel de prioridad entre "bajo", "medio" y "alto", y designan a un fiscal que se ocupará de investigarla.
Según explicó la responsable de implementación del Proceso Penal Acusatorio, Patricia Marquisá, ninguna de las decisiones de la DPA son aleatorias, como reclaman Fossati y la Asociación de Fiscales.
El nivel de prioridad tiene en cuenta el "impacto" del delito cometido, de modo que el hurto de una prenda en una tienda tiene menor relevancia que una rapiña, explicó. En tanto, también se tiene en cuenta las posibilidades que tiene el caso de tener una resolución penal. Así, un caso en el que hay claros sospechosos del hecho adquiere más prioridad que uno en el que no hay testigos, ni imágenes de video, ni una descripción del culpable.
Por su parte, la designación del fiscal se puede decidir en función del tipo de delito cometido o bien de la cantidad de casos que cada fiscal tiene en su bandeja, de manera de distribuir mejor el trabajo, explicó Marquisá. Desde que se puso en marcha el Código del Proceso Penal vigente, existen fiscalías especializadas que concentran determinados ilícitos. Por ejemplo, la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Enrique Rodríguez, concentra los casos de estafa, lavado de activos, o corrupción, mientras que la de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, a cargo de Mariela Luzi, y Diana Salvo, se ocupa de las denuncias de abuso sexual, violación, entre otros.
Asimismo, como ocurrió en el caso de las investigaciones por varios cajeros robados mediante modalidad de explosión entre enero y febrero de 2018, que fueron concentradas en la Fiscalía a cargo de Adriana Costa, una misma fiscal puede concentrar una serie de delitos ocurridos en distintas partes del país, si el modus operandi se repite.
Para Marquisá, la aleatoriedad "no es eficiente", y dijo que si se hubiera aplicado ese método en el caso de los cajeros, habría una decena de Fiscalías atendiendo robos a cajeros, lo que "fraccionaría" la investigación y haría más difícil unir las piezas.
Renuncia al gremio
A raíz de los comentarios de la fiscal Gabriela Fossati, y del apoyo que transmitió luego la Asociación de Fiscales, una de las fiscales que trabaja en la unidad de Depuración, Priorización, Asignación (DPA) decidió desvincularse del gremio. Según dijo la fiscal, al decir que "el criterio de asignación de casos 'atenta contra la cristalinidad y aleatoriedad', es inevitable asociar a DPA con las caras visibles". Fossati, dijo a El Observador que su intención no fue referirse a las personas que allí trabajan sino al sistema.
