Hace un par de semanas te contaba de una reunión que habían tenido el gremio de fiscales con la fiscal de Corte suplente Mónica Ferrero para hacerle varios planteos sindicales. Al final de la larga lista le transmitieron la postura de estar firmes si en algún momento de este año electoral “se pretende echar mano de la Fiscalía con embates o presiones indebidas”.
Carolina Cosse con Ana Olivera en la inauguración del Antel Arena Leonardo Carreño
25 de febrero de 2024 5:02 hs
La carga de indagar a políticos para un fiscal
Lo primero que hay que decir es que en los llamados casos de corrupción es muy difícil separar la resolución que toma el fiscal o el juez de un posicionamiento político. Si archiva o si condena le caerán de un lado o del otro con señalamientos e intencionalidades antes de conocer los argumentos jurídicos.
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De parte de quienes defienden a los implicados en el caso Marset o de los propios imputados (según términos del proceso penal que asi califica a los indagados) se hizo una lectura negativa de esa señal. Entienden que resulta injustificado que se diga que se va a demorar en resolver un caso el mismo día en que se archiva otro porque se considera que se mide con distinta vara dos indagatorias que tienen a políticos como indagados.
Los defensores recordaron que el fiscal antes de comenzar con las citaciones a los jerarcas de Cancillería y del Ministerio del Interior, que tuvieron lugar en noviembre, pidió unos meses (de agosto cuando las había fijado las audiencias y luego las suspendió para noviembre) para estudiar el expediente y luego participó de todas las audiencias junto con su adjunto el fiscal Leonardo Rosas, por lo que entienden que dos integrantes del equipo tienen muy fresco y claro el caso, y no se entiende que se lo asignen a una cuarta y nueva integrante del equipo que debía estudiarlo de cero.
Según pude averiguar el fiscal Machado justificó esa decisión de poner a la fiscal Andrea Graña a cargo del caso Marset en que es experta en litigación y en caso de que se llegara a juicio requieren de un expertise especial para la que entiende la fiscalía no está preparada. Además dado que tiene el otro caso en el que investiga la decisión del gobierno de ocultar los chats en los que hablaban de Marset, se proponia que la fiscal Graña también siguiera esa denuncia derivada de la de la entrega del pasaporte.
Sin embargo, otras fuentes de fiscalía refutaron ese argumento y señalaron que existe un equipo de litigación dirigido por la fiscal Adriana Sampayo que se dedican exclusivamente a eso y negaron que Graña sea especialista en el tema, y que el punto en común que tiene con Machado es que concursron juntos en 2013 para ingresar a Fiscalía y quedaron en los lugares 4 y 7 del concurso respectivamente.
En el timing de la decisíon del fiscal también cae en un momento muy significativo para la intendenta Carolina Cosse que renunciará el 1 de marzo y el 2 de marzo lanzará oficialmente su candidatura, horas después de que el presidente Luis Lacalle haga su última rendición de cuentas en el Parlamento, en un acto que se realizará justamente en las inmediaciones del Antel Arena. Por lo que será un adecuado insumo para la precandidata frenteamplista recordar el archivo de Machado.
La otra Carolina (Ache) que todavía no decidió si largará su candidatura dentro del Partido Colorado deberá definir si decide largarse a la carrera política con el mote de indagada o espera a un pronunciamiento del fiscal que no se sabe si llegará a tiempo para junio.
Leonardo Carreño
Carolina Ache al declarar en Fiscalía por el caso Marset junto a su abogado Jorge Díaz
Deberes para los fiscales
El precandidato colorado Gabriel Gurméndez, quien como presidente de Antel había sido quien presentó la denuncia en noviembre de 2021, se mostró en total desacuerdo con el archivo y afirmó que luego de que Machado sustituyera al ahora fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, "la causa entró en un proceso de enlentecimiento y terminó en este proceso de archivo".
Pero Machado no sólo investigaba Antel Arena y Marset. Entre las 1.500 causas que tiene actualmente en proceso, hay otra que ni siquiera comenzó a ser indagada y es la presentada en febrero de 2021 por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que abarca entre otros temas relacionados a la gestión anterior, la donación realizada al Cottolengo Don Orione, los gastos de mantenimiento de los ascensores Otis, irregularidades en el sistema de transporte y el programa de Atención a las Situaciones de Calle.
La denuncia patrocinada por el penalista Gustavo Bordes, el mismo que asesoró a Antel con la de Antel Arena y que ahora evaluará si pide el reexamen para que otro fiscal diga si estuvo bien archivada, denuncia irregularidades con viáticos, compras de bienes para refugios injustificadas y contratación directa de servicios por montos que en 2018 y 2019 eran tres veces mayor que en 2020.
Cuando Machado llegó a la fiscalia leyó la noticia y tomó conocimiento de su contenido pero no realizó citaciones ni avanzó en la investigación por lo que después de tres años no han comenzado a investigarse esos hechos.
Es verdad que los fiscales trabajan en condiciones muy precarias, sin recursos, que un fiscal de delitos económicos debería tener contadores y otros especialistas que lo asesoraran y que no deben dejarse llevar por presiones políticas ni tienen por qué estar participando de debates públicos pero no estaría mal si quieren mantenerse por fuera del ruido electoral que escudriñen en el horizonte y no sólo entre sus voluminosos expedientes para no perder de vista que están en un año especial en el que sus decisiones serán miradas con lupa y probablemente malinterpretadas.