La suba del petróleo pudo más que la espalda de Ancap y combustibles aumentaron $ 3

El jueves de la semana pasada, tras conocerse el informe sobre Precios de Paridad de Importación que elabora la Ursea, el gobierno comenzó a preparar el terreno.  En declaraciones públicas, el ministro de Industria, Omar Paganini, habló de preocupación por el aumento del petróleo y de los costos de los fletes. También dijo que  se debía “revisar bien" el margen que se tenía para determinar “cuánto” se podía “mitigar” de esos incrementos.

Tres días después el Poder Ejecutivo resolvió un ajuste de $ 3 en el precio de los combustibles que rige desde este martes 1° de febrero en todas las estaciones del país. Así el precio de la nafta Súper 95 en surtidor subió 4,26% y pasó de $ 70,41 a $ 73,41 por litro, mientras que el gasoil común aumentó 6% y pasó de $ 49,94 a $ 52,94.

También aumentó el precio del supergás (GLP) que pasó de $ 56,16 a $ 59,16 por kilo (5,35%). De esa manera, ahora la garrafa de 13 kg tiene un costo al público de $ 769,08 (sin envío). La tarifa del supergás estaba congelada desde junio del año pasado. Ancap había estimado que este año el subsidio del supergás aumentaría de $ 2,6 a $ 2,9 por litro, lo que equivale a unos US$ 125 millones por año, que luego la empresa traslada sobre la tarifas de las naftas y gasoil. 

El último ajuste de tarifas se había realizado en agosto cuando hubo un aumento de $ 5 por litro. Al mes siguiente hubo una mínima baja, y desde octubre el gobierno optó por mantener sin cambios los precios de venta al público, aun cuando el PPI indicó alza en varias oportunidades.

Esa política tuvo como gran aliado las ganancias extraordinarias de Ancap por las ventas de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil que fue récord. Y también cierta estabilidad en los precios del crudo aun dentro de la volatilidad que caracteriza a ese mercado.

El panorama cambió en el comienzo de año.  Por un lado se dejó de vender energía a Brasil con lo que la caja de Ancap dejó de percibir ingresos extras. Eso era algo que podía esperarse y, a priori, no era un problema. Pero lo que no estaba en los planes era la disparada del precio del Brent que aumentó 15% en el mes y hoy se comercializa entorno a los US$ 90 por barril. 

La dinámica alcista en los valores del crudo hizo que en enero el PPI subiera un 12%  en el caso del gasoil, y 5% en naftas. También amplió la brecha entre los precios (explanta) y la referencia teórica del mercado internacional. Desde agosto el desfasaje acumulado se situó en 18,7% para el gasoil, y de 11,5% para naftas.

El ministro Paganini, afirmó este lunes en rueda de prensa que luego de analizar la situación el gobierno decidió “un ajuste mínimo”, aun cuando los números indicaban que debía ser de “aproximadamente” el doble.

 “Se va a seguir utilizando lo que queda de las ganancias extraordinaria de Ancap del año pasado para mitigar lo que ha sido este aumento de los costos”, dijo el ministro. Y reconoció que no es posible “sostener” los precios “completamente” porque “genera compromisos muy fuertes en las cuentas de Ancap”.

Las autoridades de Ancap habían estimado anteriormente que comercializar los combustibles (gasoil y naftas básicamente) por debajo del PPI tiene un impacto mensual para Ancap de entre US$ 10 y US$ 15 millones.

“Lo que quiere el gobierno en lo posible es no trasladar a la economía y a la ciudadanía el aumento de costos internacionales que se está dando y que es muy notorio”, añadió Paganini.

La política de combustibles desarrollada en los últimos meses ha sido criticada por distintos analistas, que apuntan a que sigue presente el manejo discrecional de las tarifas de los combustibles, pese a que se creó una regla que pretende disminuirla con la aplicación del PPI que publica la Ursea. 

“Se sigue acumulando un atraso tarifario" en Ancap, que, más tarde o más temprano, dará lugar a un aumento considerable en los precios”, escribió el economista Javier de Haedo en su cuenta de Twitter la semana pasada.

En tanto, el economista de CPA Ferrere, Nicolas Cichevski, afirmó en su cuenta de Twitter que “postergar una suba de combustibles, ya sea financiada con ingresos extraordinarios o vía Rentas Generales, beneficia en todo caso a la población que consume combustibles. Excepto que dicho ‘subsidio’ sea financiado con una suba futura mayor”.