El presidente Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno está haciendo un “estudio acabado” de las contrataciones directas realizadas por el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu.
En una rueda de prensa en Bella Unión, ciudad a la que asistió para inaugurar una parte de la ruta 3, el mandatario valoró como “muy buena” la gestión de Albisu y aseguró que “hace muchos años” que la gente del norte reclamaba que “las regalías no fueran al sur, terminaran en el gobierno central".
“Pedían que haya una fuerte inversión en la sociedad de la región que no es solo Salto”, dijo.
Lacalle Pou también dijo que Albisu era una persona de su confianza que trabajó “fuertemente por el departamento” y cuenta con su “aprecio y afecto”.
Respecto a las contratos, el presidente dijo que están haciendo un “estudio acabado” en la Torre Ejecutiva.
“No puedo ser concluyente de si ha habido una exageración y la forma en que han ingresado. Estamos analizando tranquilamente porque si hay que tomar medidas se van a tomar como en otras situaciones que no nos ha temblado el pulso. Si hay excesos de alguna manera vamos a ser los primeros en ser contundentes al respecto. No descarto quizás una práctica exagerada”, expresó.
Ante una repregunta, Lacalle Pou aclaró que estaban analizando si había “excesos” en los contratos.
“Estamos analizando la forma de selección y las tareas de cada uno”, agregó.
La autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de una partida extra de $200 millones a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande desató una tormenta política que puso en entredicho la gestión que viene llevando adelante desde 2020 Carlos Albisu.
El Frente Amplio transmitió a la coalición que interpelará a los ministros de Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y Omar Paganini (Industria) ―junto a los delegados de Salto Grande―, con el objetivo de conocer los criterios por los que en los últimos años se aumentó la planilla de funcionarios y obtener información acerca de las razones que motivaron los refuerzos presupuestales.
Los cuestionamientos de la oposición se sustentan en pedidos de informes que señalan que desde la asunción de Albisu la delegación uruguaya en la CTM pasó de 235 a 260 funcionarios. Para esto, se produjeron 36 ingresos, de los cuales 27 fueron mediante contrataciones directas.
Este incremento llevó a que el pago por salarios supere los US$ 20 millones de forma anual y es considerado en la coalición de izquierda como una clara muestra de “clientelismo político” en palabras del senador Alejandro Sánchez ya que nueve de los funcionarios son ediles blancos, mientras que otros tres tienen vínculos con el Partido Nacional y otros tres forman parte del Partido Colorado, según informó Brecha tiempo atrás.
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