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Ley de medios: nuevas diferencias entre blancos y cabildantes en un proyecto que está "empantanado"
El proyecto de ley de medios enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en abril de 2020 es uno de los temas que más dolores de cabeza ha generado en la interna de la coalición. Luego de varias idas y vueltas sin lograr avanzar, el asunto volvió a estar en la agenda parlamentaria en el marco de la Rendición de Cuentas pero el final va camino a ser el mismo que los debates anteriores: no hay acuerdo en la coalición y, por lo tanto, se mantiene la ley de medios vigente sin cambios.
Para el gobierno era una prioridad aprobar un proyecto de ley que derogara la normativa vigente y que estableciera un nuevo marco jurídico pero con menor intervención en el mercado. Por eso en abril del año pasado envió un proyecto de ley con el objetivo de aprobarlo antes de fin de año. El Ejecutivo siguió de cerca las negociaciones e intervino en varias oportunidades para tratar de acercar a los socios que plantearon distintos reparos.
Sin embargo, la falta de acuerdo postergó su aprobación para 2021. En mayo de este año la coalición estuvo cerca de llegar a un acuerdo, que incluso fue anunciado por algunos legisladores oficialistas, pero el tema se trancó por una nueva propuesta de Cabildo Abierto. Eso frenó las negociaciones que ahora resurgen en el marco del proyecto presupuestal.
Tal como informó El Observador, cuando el proyecto de Rendición de Cuentas ingresó a la Cámara de Diputados tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto empezaron a manejar la posibilidad de introducir en ese proyecto algún pasaje de la ley de medios para, al menos, avanzar en ciertos puntos. Los plazos perentorios del tratamiento de esa ley obligaban a la coalición a ponerse de acuerdo en tiempo acotado.
Fue Cabildo quien avanzó primero con este tema y el diputado Sebastián Cal presentó en la interna de la coalición una redacción que permitía expresamente a los cableoperadores del interior del país dar internet con redes propias o a través de acuerdos a los que llegaran con terceros y derogaba el artículo 56 de la ley actual. Ese pasaje de la ley vigente es el que prohíbe a las empresas de comunicación audiovisual brindar servicios de telefonía o de internet.
La respuesta de la bancada del Partido Nacional fue que tenían el respaldo del Poder Ejecutivo, tanto de Presidencia como del Ministerio de Industria, para derogar toda la norma, según dijeron a El Observador fuentes nacionalistas. Eso trancó las negociaciones y el acuerdo en la cámara baja fue que esto se resolviera entre los senadores.
“Nosotros no estamos dispuestos a derogar toda la ley”, dijo el senador cabildante Guido Manini Ríos. El líder de Cabildo Abierto planteará en los próximos días ante el resto de los senadores su propuesta sobre este tema para comenzar la discusión pero la posición del gobierno es otra.
“Para nosotros es un gravísimo error ir solo por el 56. Es una solución que no alcanza”, señaló el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Guzmán Acosta y Lara.
De alguna forma, el argumento que manejan ambos es similar. Cabildo entiende que avanzar con toda la derogación dejaría en segundo plano la discusión sobre una nueva ley de medios donde realizaron algunos planteos vinculados a la publicidad electoral que pretenden aprobar. Mientras que el temor que existe en Torre Ejecutiva, en tanto, es que si avanzan solo por el tema de los cableoperadores, el resto del proyecto de ley de medios que está a estudio de la comisión de Industria de Diputados quede por el camino y otros sectores, como las radios, no tengan cambios.
En Cabildo, además, entienden que derogar toda la ley generaría una pérdida de derechos, por ejemplo, para la comunidad sorda ya que los canales están obligados a incluir lenguaje de señas, según dijo el diputado Cal.
Asimismo, entre los senadores blancos el planteo de Cabildo Abierto genera reparos porque no se trata de un tema presupuestal como para incluir en una Rendición de Cuentas, según informó El País.
Es decir, Cabildo no está dispuesto a derogar toda la norma y el Poder Ejecutivo no quiere avanzar solo con el artículo 56. En el medio, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) respalda cualquier propuesta, pero pide que se avance en algún sentido.
“No tomamos posición por ninguna. Todas las soluciones nos sirven pero cualquiera es un puntapié inicial, lleva todo un proceso que no podemos comenzar hasta que se apruebe algo”, dijo el presidente de la CUTA, Washington Melo.
El planteo de la CUTA tiene el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou. “Es bastante justo lo que están reclamando”, dijo el mandatario en rueda de prensa el miércoles 25 pero la posición del gobierno es que no es el único sector al que hay que atender por lo que la negociación no se puede reducir a ese tema.
El Partido Independiente hizo un planteo en el mismo sentido que el Poder Ejecutivo en la mesa de coordinación de la coalición que se instaló en Torre Ejecutiva hace algunas semanas. El diputado Iván Posadas pretende avanzar en la derogación de toda la norma.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que también integra esa mesa coordinadora, es quien está llevando adelante la negociación con Cabildo Abierto. En el gobierno una de las posibilidades que manejan es que se avance con algunos temas en la Rendición de Cuentas pero, al mismo tiempo, se establezca un cronograma para aprobar antes de fin de año la nueva ley de medios.
El problema de este tema es que las negociaciones por el proyecto de ley de medios quedaron totalmente “empantanadas”, según Acosta y Lara, luego de que Cabildo Abierto planteara incluir en el texto temas referidos a la publicidad electoral y a la regulación por parte de la Corte Electoral de la comunicación política en los medios.
Esta propuesta que llegó luego de cerca de un año de negociaciones sorprendió en el Poder Ejecutivo y generó molestia no solo por el contenido sino por la forma, dijeron fuentes del gobierno a El Observador. Además, en el Ejecutivo entienden que se trata de una propuesta inconstitucional porque, entre otras cosas, le agrega tareas a la Corte Electoral por fuera de las que tiene atribuidas en la Constitución.
La respuesta de los blancos fue que ese tema se debía tratar en el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos pero, tal como explicó Manini en su momento, Cabildo Abierto cree que esa iniciativa nunca se va a aprobar por falta de acuerdo y, por eso, decidió intentar incluirlo en la discusión sobre la ley de medios.
Combustibles
Otro de los temas en los que Cabildo Abierto planteó reparos durante la discusión de la Rendición de Cuentas en Diputados fue el de eliminar la mezcla del gasoil con biodiesel.
El proyecto del Ejecutivo deroga esa mezcla con el objetivo de reducir el precio del combustible en $ 1,5 por litro aproximadamente. En la discusión en Diputados, Álvaro Perrone planteó algunos reparos por temas ambientales y por la posibilidad de que se pierdan algunos puestos de trabajo tanto en ALUR como en Cousa, la empresa que hace la molienda de granos para realizar la mezcla.
El gobierno tiene un contrato con la empresa hasta 2028 pero la intención del Ministerio de Industria es renegociarlo para encontrar una salida. Incluso, según dijeron fuentes de la cartera, se podría mantener una parte del servicio que presta la empresa para otros asuntos.
“Si el tema del contrato se soluciona, nosotros no tenemos ningún inconveniente en acompañar”, aseguró Manini.
En el peor escenario, el gobierno deberá abonar lo acordado con Cousa hasta 2028 a pesar de que no requiera de sus servicios. Sin embargo, en Industria son optimistas para encontrar una solución que no sea tan costosa para el Estado.
