Eduardo Espina
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Los 1.930 uruguayos
Muchos podrán ser deportados si el Congreso estadounidense no aprueba una ley que les salve el futuro
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02 de enero de 2018 a las 05:00
Comenzó la cuenta regresiva para casi 800 mil inmigrantes que viven en EEUU y se encuentran acogidos al Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). El 5 de marzo les expira el permiso para permanecer en ese país. De no aprobar el Congreso estadounidense una ley que les otorgue residencia permanente serán deportados. De los 20 países con mayor cantidad de ciudadanos amparados en DACA, 17 son latinoamericanos (los otros tres son Corea del Sur, Filipinas, India).
En orden decreciente: México, 548 mil; El Salvador, 25 mil; Guatemala, 17.700; Honduras, 16.100; Brasil, 5.780; Ecuador, 5.460; Colombia, 5.020; Argentina, 3.970; Jamaica, 2.640; Venezuela, 2.680; República Dominicana, 2.430; Uruguay, 1.930; Trinidad Tobago, 1.930; Bolivia, 1.700; Costa Rica, 1.620, y Chile, 1.410.
La mayoría de los que cuentan con permiso de residencia temporal tienen 25 años de edad o menos y están concentrados en Texas y California. En EEUU viven unos 26 millones de inmigrantes, de los cuales alrededor de 11 millones están indocumentados. En 2016, de acuerdo a datos del Migration Policy Institute, unas 1,9 millones de personas calificaban para entrar en el programa de DACA, de las cuales un total de 788 mil decidieron aceptar ese estatus inmigratorio.
Según cifras del Center for American Center, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos perdería unos US$ 460 mil millones de eliminarse DACA por completo. Con todos estos poderosos datos sobre la mesa, el Congreso estadounidense, controlado por los republicanos y por políticos con fuertes creencias antiinmigrante, tiene los días contados para aprobar una ley que le salve el futuro a estas 800 mil personas, las que en su gran mayoría han vivido toda su vida en el país del que en menos de dos meses pueden ser expulsados.
Un porcentaje alto del total tiene escuela secundaria terminada y han comenzado estudios universitarios. Por consiguiente, su país de residencia podría perder mano de obra joven y calificada, otro de los argumentos que destacan la importancia del problema que el Congreso estadounidense debe priorizar en su agenda a comienzos del nuevo año.
