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Los desafíos que deberá enfrentar el próximo presidente en la búsqueda de desaparecidos
Pocos reclamos atravesaron hasta hoy a todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. El esclarecimiento de las desapariciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura militar (1973-1985) es uno de ellos.
Es una demanda que se hace carne en los gritos de “presente” que todos los 20 de mayo desde 1996, en la Marcha del Silencio, acompañan el nombre de las 196 personas desaparecidas en este período. “Queremos que nos digan de una vez por todas dónde están”, resume Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, el oficialista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou, se comprometieron a cumplir con este pedido si llegan a la Presidencia. Por lo pronto, ambos se reunieron con los familiares durante la campaña electoral, y si bien “habrá que ver en la cancha cómo se resuelve”, Patiño percibió que su interés fue genuino.
Otros, sin embargo, cuestionan a Martínez y a Lacalle Pou.
“Las excavaciones, a priori, las suspendería, porque hay que cerrar un capítulo”, había dicho el candidato blanco en 2013, e incluso su entonces contrincante en la interna del partido Jorge Larrañaga consideró que la búsqueda era “un derecho humano” y, por lo tanto, "fundamental defenderlo".
Lacalle Pou reconoció que sus dichos de 2013 fueron “el error más grande” que cometió. “No soy quién para ponerme en los zapatos de esos uruguayos que buscan saber lo que pasó”, señaló este año, e incluyó la búsqueda de desaparecidos en el documento que guiará a su eventual gobierno. Además se comprometió a designar a una persona que colabore en “la transición” entre gobiernos, si es electo presidente, recabando información en los meses previos a su asunción para poder abordar el tema “desde el primer día”, contó Patiño.
Quienes cuestionan al líder nacionalista señalan que en su eventual gobierno de coalición participará Guido Manini Ríos, el excandidato de Cabildo Abierto, quien se comprometió a continuar con la búsqueda de desaparecidos, pero también dijo que “muchas veces se pone el foco en este tema para no hablar de los reales problemas que tiene el país”. En 2017, además, cuando era comandante en jefe del Ejército, los familiares lo acusaron de haber provisto información falsa a propósito.
En el caso de Martínez, los cuestionamientos están vinculados a lo que ha hecho el Frente Amplio en los 15 años que ha estado en el poder, teniendo en cuenta que la búsqueda de verdad, memoria y justicia ha sido una de sus banderas.
Estando al frente del Ejecutivo, el expresidente José Mujica llegó a decir que la justicia tenía “un hedor a venganza de la puta madre que los parió” y que no quería “militares viejos presos”. Patiño sostuvo que durante su mandato “no se resolvían los problemas” y que su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, incluso “ponía palos en la rueda”.
“La falta de decisión política con respecto a las Fuerzas Armadas” fue una de las razones que llevó a la organización de familiares a renunciar a comienzos de 2018 al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, conformado durante la segunda administración de Vázquez para recabar información.
En cierta forma, las críticas al oficialismo y a la oposición quedaron de manifiesto en la proclama leída durante la Marcha del Silencio de 2019, un año que estuvo marcado por la confesión de José Nino Gavazzo, quien ante un tribunal de honor del Ejército reconoció que en 1973 había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro. En las actas además figuraban otros hechos aparentemente delictivos, que fueron tomados por el fiscal Ricardo Perciballe para profundizar las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
La proclama de 2019 cuestionó la “poca transparencia” del Poder Ejecutivo a la hora de dar pase a la justicia y calificó de “vergonzosa” la negativa de la oposición a votar las venias de destitución de los cuatro generales que no vieron una deshonra en los hechos conocidos como “el segundo vuelo”, que involucraron el asesinato de 28 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo.
"Desde el Estado no hay una decisión clara de que haya que investigar, y para tapar el ojo se crean organismos, secretarías y no se coordina nada, porque son pequeñas parcelas de poder, en las que sus integrantes se olvidan del fin para las que fueron creadas", argumentó en 2018 Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se disolvió este año. En el informe final, el coordinador Felipe Michelini expresó que, pese a los logros alcanzados, el organismo “fue concebido como un órgano colectivo a tiempo parcial” y su inserción dentro de Presidencia enlenteció el accionar.
Los cambios para el próximo período de gobierno
La recopilación de información ya no dependerá del Poder Ejecutivo. Con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que otorga la competencia de la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la órbita del Poder Legislativo.
La reglamentación de esta norma será una de las primeras tareas que tendrán que asumir los legisladores electos.
Michelini explicó que no hay un plazo previsto para ello ya que, teniendo en cuenta las experiencias pasadas –desde la Comisión para la Paz, creada en el 2000, hasta la fecha– “lo ideal es que la ley se ajuste a la realidad, que no quede solo en el papel, y eso llevará tiempo”.
De todos modos, es probable que la reglamentación se dé antes de que se vote el Presupuesto Nacional. Esto supone que, hasta entonces, dependerá de la voluntad del gobierno que asuma destinar o no los recursos necesarios para que la Institución Nacional de Derechos Humanos pueda iniciar su actividad.
“Cincuenta años después, además de que los perpetradores hicieron un pacto mafioso de silencio, encontrar los restos y tratar de reconstruir qué pasó con la persona desaparecida es un puzzle, tiene una enorme complejidad”, recalcó Michelini, al explicar la importancia de que el presupuesto sea acorde a las tareas encomendadas al organismo.
El informe elaborado por el coordinador resalta dos desafíos. Por un lado, continuar “la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos”. Por otro lado, seguir digitalizando los acervos documentales y garantizar el acceso a ellos.
Lo que escapa al Poder Ejecutivo
En la resolución de estos casos hay otro factor que excede las capacidades del Poder Ejecutivo, según los familiares: la postura que ha tomado el Poder Judicial. De las 187 causas judiciales que se abrieron, apenas 9% resultaron en un pedido de procesamiento, informó La Diaria.
Michelini catalogó de “vergonzoso” el accionar de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia. “Si a usted hoy lo detienen y es un delincuente común, si presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el Código del Proceso Penal o la creación de la fiscalía, en 24 horas se soluciona y sigue formalizado. Pero estos hombres hacen lo mismo y les dicen ‘márchese para su casa, lo vamos a estudiar’ y (los ministros de la SCJ) están diez meses para resolver”, ejemplificó.
Patiño también apuntó contra las supuestas “chicanas de los militares”. “Cuando se toma una jurisprudencia determinada no hay necesidad de estudiar caso a caso: se usa el antecedente”, acotó.
Asimismo, Michelini y Patiño recordaron las veces que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, amparada en los artículos dos y tres de la ley 18.831, que interpreta la Ley de Caducidad.
“Los crímenes cometidos en dictadura son crímenes de lesa humanidad, categoría que Uruguay aceptó en 1945 al firmar el Estatuto de Londres. Si usted es nazi y tiene 95 años, lo ponemos en un avión y lo mandamos a Alemania, y aunque fuera portero de un campo de concentración a usted lo condenan. Como es un oficial uruguayo, con plata de los uruguayos, le decimos que su delito no existe”, argumentó el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
En uno de los casos más recientes, los ministros Jorge Chediak (hoy retirado), Eduardo Turell y Elena Martínez expresaron que “las reglas que establecen la imprescriptibilidad de los ‘Crímenes de Lesa Humanidad’” no podían aplicarse porque eran posteriores a la comisión de los delitos que pretendían juzgarse, según publicó La Diaria.
Michelini aseguró que esto va en contra de lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay. “La Corte estableció 11 puntos que Uruguay tiene que cumplir, entre ellos que no puede aplicar ningún estatuto similar a la ley de caducidad de la pretensión punitiva en estos casos. El Poder Judicial tiene que investigar y juzgar esos hechos.”, señaló.
