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Alcance de la reforma del estado asoma como foco de tensión, mientras MEF acerca posiciones con COFE por recuperación salarial

El Ministerio de Economía trabaja con COFE en una fórmula para asegurar la recuperación salarial; proyecto del Ejecutivo incluirá cambios a régimen de certificaciones médicas pero hay diferencias respecto a la profundidad de la reforma de la carrera administrativa 

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24 de junio de 2022 a las 05:03

Entre sus 774 artículos, la Ley de Presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou, votada en 2020, incluyó dos temas sensibles para los funcionarios públicos: por un lado, el compromiso de recuperación del salario real al año 2024; por otra parte, la transformación de la carrera administrativa o lo que muchos llaman la "reforma del Estado"

El proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará a fin de mes en el Parlamento es, para muchos de los involucrados en la discusión de esas políticas, la hora de la verdad: la hora de saber cómo y en qué magnitud se dará la recuperación salarial prometida por ley, y la hora de conocer cuánto está realmente dispuesto a avanzar el oficialismo en la reforma que anunció como "ambiciosa" y que también prometió por ley. Con una particularidad que tiñe la negociación política: la primera de las promesas es una reivindicación de los funcionarios públicos, mientras que la segunda es un aspecto que genera resistencias de los sindicatos. La primera puede ser una garantía de paz. La segunda puede ser una garantía de protestas.

En ese contexto, algunos movimientos y señales de las últimas horas dejan entrever que ambos temas serán uno de los principales focos de tensión de la discusión presupuestal, y que ya exponen ciertas diferencias en la interna del oficialismo. 

Mientras que en el tema salarial el Poder Ejecutivo ha dado varias señales en el sentido de acercarse a los reclamos de COFE, por el lado de las reformas que involucran a los funcionarios públicos los indicios son de modificaciones o avances parciales. El proyecto del gobierno incluirá por ejemplo un nuevo régimen de certificaciones médicas –tema en el cual los sindicalistas plantean sus reparos–, pero en cuanto a la nueva carrera administrativa se limitará en principio a plantear "lineamientos generales", según dijeron fuentes del oficialismo.

Acercamiento por salario

Respecto a lo salarial, el principal asunto a cerrar es cómo se pagará a partir del año que viene la recuperación del salario perdido por los funcionarios públicos en 2021 y 2022, algo que fue asegurado por ley y tiene ahora a varios jerarcas quemándose las pestañas para dar con una fórmula que sea aceptada por los trabajadores.

Las negociaciones vienen siendo desarrolladas en reserva por tres funcionarios: Fernando Blanco (director de Finanzas Públicas del MEF), Mario Arizti (subsecretario de Trabajo) y Federico Daverede (director nacional de Trabajo) con José Lorenzo López, Martín Pereira y José Olivera, representantes de COFE y los sindicatos de la enseñanza (CSEU).

La intención del gobierno es terminar de acordar una fórmula en las conversaciones informales y convocar antes del jueves 30 al Consejo Superior del Sector Público para firmar el acuerdo. 

Al comienzo de las negociaciones las partes estaban distanciadas porque el Poder Ejecutivo planteó que la pérdida fue de 2,9% mientras que COFE señaló que era de 6%. Si bien aún no hay una fórmula de acuerdo, en las últimas horas el gobierno presentó una nueva propuesta (la tercera) que fue bien recibida porque se acerca al planteo, lo que provocó "optimismo" en las autoridades. 

La diferencia del porcentaje se origina en la metodología que usan para el cálculo. El Ejecutivo lo hace a partir del Índice Medio de Salarios (IMS), porque fue la variable que introdujo en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto, mientras que los sindicatos lo realizan por el Índice de Precios al Consumo (IPC), que era la que se utilizaba anteriormente.

Fuentes del oficialismo dijeron que la última fórmula presentada asegura la recuperación para 2024 y que incluso otorga un incremento real para los salarios más deprimidos de la función pública. 

En paralelo a esta negociación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) viene dialogando con los sindicatos de las empresas públicas nucleados en la Mesa Coordinadora de Entes acerca de cuánto y cómo será su recuperación salarial. Las conversaciones también partieron de bases distintas, ya que el gobierno calcula que las péridas salariales ascienden a 3,3% mientras que los trabajadores señalan que es de 4,7%. 

A su vez, el Ejecutivo deberá corregir al alza las proyecciones de inflación para el resto del período, ya que en el Presupuesto estableció que sería de 5,8% en 2022, 4,7% en 2023 y 3,7% en 2024.

COFE se reunió este jueves con el senador Jorge Gandini, quien pretendió tener una “opinión primaria” de los planteos del gremio. En rueda de prensa, el legislador nacionalista expresó que el objetivo era llegar a julio “con una fórmula que recoja la corrección de la inflación y un porcentaje de recuperación”. “Sería bueno llegar a la Rendición de Cuentas con un acuerdo que permita incluso la firma de un convenio”, agregó. Para las autoridades, la firma de un convenio es clave, entre otras cosas para asegurar la paz sindical. 

Las reformas

Del otro lado, el alcance de las reformas que involucran a los funcionarios públicos –desde la carrera administrativa hasta la modificación del régimen de licencias– son motivo de tensión en la interna del oficialismo.

Por un lado, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, había reclamado avanzar en esta instancia en la transformación diseñada por su organismo (y cuyos lineamientos habían sido esbozados en la ley de Presupuesto), que tiene como aspecto principal la conformación de una nueva carrera administrativa.

Desde el Partido Independiente –al que pertenece Ramos– plantearon en más de una oportunidad a Lacalle Pou la necesidad de avanzar en la línea de modernización de los sistemas escalafonarios y de la movilidad dentro de la administración pública. Este jueves, en una reunión en Torre Ejecutiva con representantes de ese partido, el presidente sostuvo que en principio se incluirán "lineamientos generales", según dijo el diputado Iván Posada a El Observador.

Como una muestra de las resistencias que genera el reordenamiento de la estructura administrativa, COFE marcó la cancha este jueves al presentar un recurso contra un reciente decreto firmado por el Ministerio de Economía (MEF), que reglamenta uno de los artículos del Presupuesto –casi dos años después de promulgada la norma– y da a los ministerios un año para presentar un plan de reestructura.

COFE cuestiona que el decreto se aprobó sin consulta y sin respetar la negociación colectiva. Además, mientras que la ley hablaba de dar 18 meses a los ministerios, el decreto del Ministerio de Economía habla de 12 meses.

En paralelo, el proyecto de Rendición de Cuentas sí incluirá la propuesta de un nuevo régimen de certificaciones médicas, que busca asimilarlo más al del sector privado y terminar así con los "abusos" que se registran a lo largo y ancho de la administración. En las anteriores leyes presupuestales, se aprobaron modificaciones en ese sentido pero nunca se aplicaron por falta de acuerdo, y algunos legisladores del oficialismo –entre ellos Gandini– señalan que avalan cambios que ataquen los "abusos" pero que buscarán que "no paguen justos por pecadores" –o lo menos posible–. 

Por último, Gandini dijo este jueves que sugerirá la flexibilización del régimen de reposición de vacantes a partir de 2023. Los gremios señalan que la política de un  ingreso por cada tres egresos está perjudicando a las empresas públicas. El senador blanco plantea que la regla deje de aplicarse durante 2023 porque “algunos organismos” lo están necesitando y las vacantes están generando “problemas de gestión”, y ya en 2024 no podrán realizarse contrataciones.

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