El debate ideológico sobre el tamaño y el papel del Estado ya debería estar zanjado
Desde que en el periodismo se concibió el copete en la estructura de la noticia, es de rigor destacar el aspecto más novedoso o llamativo de un hecho. Es increíble, entonces, que la información más destacada del Fondo para el Desarrollo (Fondes-Inacoop) sea que, a partir de ahora, los préstamos estarán dirigidos a proyectos que demuestren su factibilidad.
Habla muy mal de la gestión pública de las administraciones del Frente Amplio, que el actual presidente de este organismo de derecho público no estatal, Martín Fernández, haya anunciado recientemente a El País que los créditos que concede la institución no son para “cualquiera”. La llamativa “primicia” es que, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, en el Fondo para el Desarrollo “se analizan los riesgos”, se “exigen garantías” y se realiza un “acompañamiento en el proceso para obtener el crédito estatal”, según consigna el diario, algo que siempre debería ser la norma.
En un Estado competente y digno de confianza, no habría lugar a esa información porque va de suyo en una gestión hasta de una mínima calidad.
Nada de ello se vio en el Fondes concebido por el gobierno de José Mujica, una administración con “plata dulce” pero muy mal gestionada, como muestran descarnadamente los descarriados proyectos “productivos” del Fondes, algo que ocurre cuando se menosprecian las políticas anticíclicas al estilo chileno.
Piénsese en los créditos incobrables de más de US$ 69 millones, al cierre de 2020, particularmente por el desastre de los emprendimientos de Envidrio, Alas U, CTC (antes Metzen & Sena) y Urutransfor.
Esos dineros públicos mal utilizados, entre tantos otros despilfarros, hubiesen dado más oxígeno a la asfixiante situación provocada por la pandemia, y hoy el Estado enfrentaría menos estrés para ayudar a los sectores sociales más desfavorecidos. ¿Cuántos recursos se pudieran haber sumado a los US$ 50 millones anuales previstos en el proyecto de Rendición de Cuentas para programas de primera infancia? O para reforzar el plan de erradicación de asentamientos irregulares o las políticas de empleo en sectores con dificultades de inserción laboral.
El cooperativismo es un modelo de gestión que puede tener un lugar bien ganado en una economía de mercado, como muestran los países escandinavos. Cumplen, además, un papel social y de solidaridad nada desdeñable en situaciones difíciles, como la de la pandemia.
Pero ello no debería ser una excusa para no exigir, por parte de las autoridades –cuando existe de por medio asistencia financiera del Estado–, un mínimo de certeza acerca de la viabilidad de un proyecto productivo a mediano y largo plazo.
Es lógico que el norte de las actuales autoridades sea apoyar los emprendimientos cooperativos, sí, pero “dinámicos y con capacidad de repago”, como declaró Fernández, un camino diferente al de la demagogia, que siempre termina en una tragedia.
El debate ideológico sobre el tamaño y el papel del Estado ya debería estar zanjado. Hoy lo relevante es el buen gobierno, que se hagan bien las cosas, con profesionalidad, ecuanimidad y pensando en el bien común. Y que los gobernantes y administradores sean celosos del uso de los recursos públicos, algo muy alejado del Fondes de Mujica.