Solo dos semanas y media después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara el histórico restablecimiento de lazos e intercambio de prisioneros con Cuba, su nueva política está topando con obstáculos que amenazan con estallar cuando el Congreso retome sus funciones.
Las dudas que rodean al desempeño de Cuba en materia de derechos humanos y una prometida liberación de detenidos tienen el potencial de inflamar las pasiones contra el gobierno de la isla en el Capitolio.
Todavía falta ver si, en el largo plazo, los obstáculos terminarán siendo algo más que frenos de velocidad en la vía a una distensión más amplia. Pero, como mínimo, esos obstáculos muestran cómo es que los beneficios de que Obama desmantele medio siglo de aislamiento contra Cuba no serán evidentes en el corto plazo ni estarán libres de debates rencorosos.
El martes, el gobierno de Raúl Castro detuvo a más de 50 activistas para frustrar una protesta no autorizada, demostrando que va a seguir reprimiendo a los disidentes.
El jueves, los activistas informaron nuevas detenciones. La represión motivó fuertes críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para el fin de semana se había liberado a todos los detenidos, según informaron los disidentes.
También hay preocupación sobre la fecha y los términos para la liberación de 53 personas que Washington considera prisioneros políticos.
Definir un destino
Un asesor de Obama dijo el 17 de diciembre, fecha en la que se hizo el anuncio (ver recuadro), que Cuba había acordado liberarlos como parte del acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y que una cifra no especificada de ellos ya fueron excarcelados.
Pero grupos de disidentes cubanos dicen que creen que la mayor parte de esas 53 personas siguen bajo algún tipo de detención. La Casa Blanca se ha negado a entregar los nombres de los 53 detenidos y no ha compartido la lista con los activistas.
Una fuente con conocimiento de la situación de los prisioneros dijo a la agencia Reuters que la demora es porque no hay un acuerdo final sobre el destino de los detenidos: EE.UU. o Europa, o la permanencia en Cuba.
La confusión sobre esas liberaciones y los últimos incidentes con los manifestantes en la isla le dan argumentos a aquellos congresistas que rechazan la política de Obama hacia Cuba.
Esos legisladores han dicho que intentarán frenar o bloquear la mejora de los lazos con La Habana. “Los últimos actos de represión del régimen de Castro contra los disidentes políticos en Cuba se mofan de la nueva política de Obama hacia Cuba”, dijo el senador Marco Rubio, republicano de Florida y potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2016.
“El hecho de que el régimen siga violando los derechos humanos de los cubanos de esta forma muestra que tiene incluso menos incentivos para cambiar” tras el acuerdo entre Obama y Castro, dijo Rubio.
Pugna por financiamiento
Una primera batalla legislativa sobre la política hacia Cuba podría tomar lugar cuando el Congreso considere el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. El proyecto de presupuesto de US$ 1,1 mil millones de gasto del gobierno aprobado a mediados de diciembre considera fondos para ese departamento solo hasta el 27 de febrero.
Los republicanos no aprobaron un financiamiento completo con la intención de limitar las iniciativas ejecutivas de Obama sobre reforma migratoria.
Asesores del Congreso dicen que esperan que los legisladores que se oponen a la apertura con Cuba usen el proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional para eliminar cualquier intento de Obama de financiar sus iniciativas sobre La Habana. Tales maniobras dejarían en evidencia la resistencia al cambio de parte de algunos sectores.
Podría pasar algún tiempo antes de los cubanos o las empresas estadounidenses puedan ver algún beneficio de la nueva política de Obama, dijo Arturo Valenzuela, máximo funcionario para asuntos latinoamericanos en el primer período presidencial de Obama.