El miércoles 14 de febrero la Mesa Ejecutiva de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) decidió pasar a la Justicia, con el voto en contra del presidente Daniel Garín, los antecedentes de vinculación del operador Remo di Leonardi luego de constatar que pagó 18 veces menos por su lugar en el edificio que el resto de los operadores.
En la sesión, tanto la directora Grisel Moizo, representante de la Confederación Granjera, como el director Andrés Proto, representante de los productores, aseguraron que sus gremiales habían entendido que se trataba de una irregularidad y que era necesario seguir adelante con la investigación del caso.
La Mesa Ejecutiva está integrada, además de por Moizo y Proto, por el presidente Daniel Garín, que representa a la Intendencia de Montevideo, y por Adriana Zumarán, por el Poder Ejecutivo.
Con esos antecedentes, la Mesa Ejecutiva aprobó por tres votos a uno una moción que asegura que a partir del “análisis de los hechos y documentos (…) surgen datos que denotan irregularidades en el contrato de concesión de uso de un espacio comercial de la UAM". La decisión de pasar el tema a la Justicia se tomó con el respaldo de Moizo, Proto y Zumarán.
La moción agrega que resulta un “agravante” que Di Leonardi representó a las siete gremiales productivas vinculadas a la actividad granjera tanto en el Directorio como en la Mesa Ejecutiva de la UAM durante 2021 y 2022.
Di Leonardi aseguró que su proceder, en calidad de privado, "se ajusta totalmente a derecho". "Yo no cometí ningún delito. Si esto llega a la Justicia y se expide ahí veremos.", dijo a El Observador.
La resolución de la mesa encomienda al Área Jurídica que remita los antecedentes y documentos relacionados con el contrato mencionado en un plazo no mayor a 14 días hábiles para su aprobación por la Mesa “previo a su envío a Fiscalía”. Pero como los directores que aprobaron la moción tampoco confían en el trabajo del Área Jurídica, agregaron otro punto que establece que, vencido el plazo sin que se cumpla con lo establecido, los directores de la UAM “podrán cumplir con su obligación legal de forma individual”.
El presidente de la UAM, que se opuso a la moción, había propuesto solicitar al Área Jurídica que elaborara un informe para continuar el tratamiento del tema. Sin embargo, esta moción solo tuvo el respaldo de su autor.
Esta situación se da, además, en un contexto en el que el relacionamiento de Garín con el resto de los directores y con los operadores está muy tenso.
“No hay un buen relacionamiento en cuanto a la gestión. Las condiciones no están dadas para seguir trabajando en la forma que se está trabajando. Hay muchas diferencias y no se puede llegar a un acuerdo”, dijo el representante de los operadores Carlos Piñeiro en una nota con Subrayado el 27 de febrero. Piñeiro aclaró en la misma nota que las diferencias son con Garín.
El Observador intentó comunicarse con Daniel Garín pero este no respondió a los llamados ni los mensajes.
Analía Pereira
Daniel Garín en el Mercado Modelo. Archivo
El caso
El contrato entre Di Leonardi y la UAM fue firmado durante el gobierno de transición desde el Mercado Modelo a la UAM, cuando el Poder Ejecutivo no tenía representación. Esa dirección estaba integrada por José Saavedra como presidente, Alfredo Pérez como secretario y Jorge Martínez como tesorero.
Ese contrato, según detectaron los directores tras una revisión, estableció que Di Leonardi pague por derecho de entrada un 5,6% de lo que estaba fijado para esa zona del complejo. El ficto estaba establecido en 4.039 unidades indexadas por metro cuadrado y según documentos de la UAM a los que accedió El Observador, Di Leonardi pagó 230 UI por metro cuadrado, casi 18 veces menos. S egún estimaciones de integrantes de la UAM, Di Leonardi pagó menos de US$ 1.000 cuando el ficto eran US$ 15 mil.
Alfredo Pérez, actual gerente de la UAM y exintegrante de ese gobierno de transición, declinó de hacer comentarios sobre este tema porque entiende que “se ha partidizado”. Consultado acerca de por qué se había decidido cobrarle distinto a Di Leonardi, Pérez dijo lo mismo. “Insisto con mi respuesta anterior”, aseguró a través de un mensaje de Whatsapp.
Al precio ficto se le debe sumar una tarifa mensual que solo se deja de pagar si el operador solicita licencia, que lo puede hacer durante dos meses al año según el reglamento. Sin embargo, los últimos años hubo un régimen excepcional por el que se permitían cuatro meses de licencia más.
Di Leonardi tiene su local en la nave E, una zona de la UAM que no ha funcionado como se preveía inicialmente y 14 operadores, Di Leonardi incluido, de ese lugar han intentado vender su metraje sin mayor éxito. Es una zona de operadores chicos donde el flujo comercial es menor, explicaron desde la UAM.
"Es un local que ni siquiera se ha llegado a usar. No tiene solución", lamentó Di Leonardi en diálogo con El Observador.
Al mismo tiempo, una cláusula que tenían los contratos firmados durante el gobierno de transición, establecía que si los locales estaban durante dos años a la venta y no se lograba concretar la operación (situación de caducidad), el local pasaba a manos de la UAM. Esos dos años se cumplieron para el caso de los 14 operadores pero una resolución de la Mesa Ejecutiva de enero de este año extendió ese plazo hasta diciembre de 2024.
