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Pedido de nulidad de Operación Océano: la fiscal respondió a los abogados
La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera presentó este viernes ante la Justicia los fundamentos de su oposición a los recursos de nulidad contra la causa Operación Océano que presentaron a mediados de marzo los abogados que defienden a los 32 imputados.
Uno de los principales argumentos utilizados por los penalistas es que no habían accedido a la totalidad de las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, que usaron adultos y víctimas para contactarse. En particular, los abogados señalaron que la copia de los chats de uno de los celulares de la principal víctima no había sido entregada por la fiscalía –lo que motivó en paralelo la presentación de una denuncia penal que indagará a policías–, además del presunto ocultamiento u obstaculización al pleno acceso de otras evidencias recogidas por la fiscal Viera.
A criterio de los abogados, todo esto violaba las garantías de la debida defensa, y era razón más que suficiente como para anular la investigación, por la cual hay 20 víctimas del delito de retribución o promesa de retribución e menores a cambio de sexo, entre otros ilícitos sexuales
En respuesta, la fiscal sostuvo que, al momento de presentar los recursos, las defensas de al menos 15 imputados no habían ido si quiera a buscar los archivos con todas las pericias que al mismo tiempo reclamaban que no tenían a su disposición, según indicaron a El Observador fuentes judiciales.
Además, la fiscal insistió en que todos los abogados tenían en su poder al menos las copias de los chats mantenidos por sus propios clientes con las víctimas en cuestión –aunque no tuvieran los de los demás–, y también negó que se hubiera roto la cadena de custodia de las pruebas, tal como argumentaron los abogados. En uno de los escritos –redactado por los penalistas Jorge Pereira Schurmann, Pablo Donnangelo, Gastón Chávez, Gustavo Bordes, Eduardo Sasson y Andrés Añasco, y firmado además por varios otros– se planteó que se había "manipulado sin ningún control ni cuidado por la integridad de la información" el celular que desconocían que existía, por lo que se rompió la cadena de custodia.
Sin embargo, Viera argumentó que los dispositivos físicos no se encontraban alterados, que es lo que debe preservarse en la cadena de custodia, y que la información almacenada por los celulares y computadoras estaba intacta, según indicaron las fuentes.
Fallo a favor de abogados
La faltante de la pericia del celular de la principal víctima, descubierta durante una audiencia el 23 de febrero pasado y denunciado allí mismo por los abogados, motivó que la jueza Beatriz Larrieu suspendiera esa instancia y otras posteriores, hasta que se resolviera la situación. Aquel día, las partes estaban reunidas para elaborar el cuestionario a realizar a la principal víctima, que declararía en forma anticipada al juicio oral, pero los abogados reclamaron entonces que, al no disponer de la copia de la pericia, no estaban en igualdad de condiciones como para proponer preguntas.
La decisión de Larrieu de dejar la audiencia sin efecto, celebrada por los penalistas, fue apelada por el abogado Raúl Williman, defensor de ocho víctimas, pero el Tribunal de Apelaciones de 1º Turno confirmó la sentencia de la magistrada. "Es claro que quedó (...) aceptado por las partes que para interrogar a las víctimas debía contarse con las pericias a los celulares y demás dispositivos incautados", señaló el fallo al que accedió El Observador.
"Luego de la –por demás extensa– audiencia de fecha 23 de febrero del corriente, quedó de manifiesto que a los Sres defensores no les fue entregado el contenido de uno de los celulares incautados", dice a continuación la sentencia.
El tribunal concluyó que "no se estaba en condiciones" de realizarse la audiencia porque "efectivamente faltó proveerse a la defensa del contenido de ese celular", y había quedado establecido "que la declaración de las víctimas se haría cuando las defensas accedieran al contenido de los celulares incautados".
