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Pese a la militarización, se registraron nuevos ataques incendiarios en el sur de Chile
Los ataques incendiarios en el sur de Chile, la región en donde la comunidad mapuche reclama autonomía y la devolución de tierras ancestrales, continuaron pese al estado de excepción decretado por el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric para controlar la escalada de violencia mediante la colaboración del Ejército en las tareas propias de la policía.
El último de los episodios, que suelen incluir la quema de máquinas forestales, camiones y edificaciones, se registró durante la madrugada de ayer en el sector Horcones de la comuna de Arauco, a unos 560 kilómetros al sur de la capital del país, cuando unas diez personas obligaron a un guardia de seguridad de la forestal Antumapu a incendiar maquinaria y vehículos de transporte.
Según informó Radio Bío Bío, los desconocidos dejaron panfletos reclamando la liberación de una docena de presos mapuches alojados en las cárceles de las ciudades de Angol y Lebu, además del esclarecimiento del asesinato del comunero de 23 años Jordan Llempi, acribillado por infantes de marina durante un hecho que, además, dejó cuatro heridos, entre ellas una niña de 9 años, en el sector de San Miguel de la localidad de Huentelolén en la comuna de Cañete.
De acuerdo con los medios chilenos, no fue el único ataque en la zona, ya que en paralelo hubo atentados en el sector de San José de Colico, en la comuna de Curanilahue, y en el sector Salto Rayén, que conecta Contulmo y Purén. La semana pasada, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), un grupo radicalizado que opera en el sur del país, reconoció la sustracción de madera de las forestales con el fin de hacer frente a lo que calificó como "las mafias".
"Afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral", dijo Llaitul a Werkén Noticias. "La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros (armas) y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante en ellas", señaló el líder mapuche.
Según la ministra del Interior, Izkia Siches, las declaraciones de Llaitul solo refrendan la querella que el Gobierno interpuso en contra del líder de la CAM el pasado 27 de julio. "Hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público investigue y haga lo que corresponde. Creo que todos estamos conscientes que el robo de madera es una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona", dijo la funcionaria.
Lo afirmó en el marco de una exposición ante las cámaras de Diputados y Senadores, intervención de la ministra en la que se discutía la viabilidad de un proyecto de ley para tipificar el delito de robo de madera y establecer técnicas de investigación del mismo, propuesta que fue descartada por la oposición y un grupo de legisladores que integran el ala izquierda de la coalición gobernante.
A pesar de que durante la campaña electoral, Boric aseguró que no recurriría a la militarización del sur de Chile para solucionar el conflicto, el 17 de mayo pasado optó por aplicar el estado de excepción -que no restringe las garantías constitucionales, pero permita desplegar el Ejército en las principales rutas de la región- y, desde entonces, solicitó el permiso del Congreso para poder extender la medida a la regiones de La Araucanía y el Biobío.
Según reconocieron fuentes del gobierno citadas por los medios locales, el Gobierno volverá esta semana a analizar el conflicto en la zona sur, aunque anticipó que no extenderá el estado de excepción a la Región de Los Ríos, pese al pedido que en ese sentido han realizado algunos legisladores de la zona.
