Placeres le ofreció trabajo a técnico que participó en informe en el que se basó préstamo a Envidrio

El profesional, que había sido contratado en noviembre de 2017 por el Latu específicamente para trabajar junto a otros tres técnicos del organismo en el armado de aquel informe, dijo ante el juez Pablo Benítez que “por abril o mayo de 2018” Placeres lo invitó a ver la planta de Envidrio en funcionamiento, y que allí mismo le ofreció empleo. Es que aquel ingeniero era el único del equipo que firmó el informe que no era empleado del Latu, y que tenía experiencia en la industria del vidrio, puesto que había trabajado años atrás en Cristalerías del Uruguay (empresa que tras cerrar se convirtió en Envidrio).

“¿Qué le comentó Placeres al respecto (de su visita)?”, se le preguntó al profesional, según consta en las actas del interrogatorio a las que accedió El Observador. “Que estaban muy contentos y estaban trabajando, incluso me comentó (…) si a mí me interesaba darles una mano en la operativa de la planta por mi experiencia en el ramo de la industria del vidrio”.

“¿Le ofreció trabajo?”, preguntó el juez. “Sí”, contestó el ingeniero, y aclaró: “Rechacé la oferta e incluso no lo estimé conveniente dado que había participado de la confección del informe”, detalló.

La declaraciones de este ingeniero contradicen lo señalado el 11 de diciembre de 2018  por Placeres cuando compareció ante la Justicia de Crimen Organizado en calidad de indagado. En aquella oportunidad  el diputado del MPP había asegurado que desde que dejó la empresa en febrero de 2015 –debido a que iba a asumir su banca en el Parlamento- él ya no tomaba decisiones en la cooperativa.

“Cuando hay una directiva constituida legalmente, yo no puedo tomar decisiones. La gente puede acercarse a mí y puede hablar conmigo en mi calidad de representante y por la experiencia que tengo los escucho, pero yo no tomo decisiones. Las decisiones no pasan por mí en Envidrio”, había asegurado Placeres ante la Justicia. Asimismo, alegó entonces que a la fábrica la visitaba una o dos veces por semana porque le quedaba de “camino”.

La declaración del ingeniero se suma a la de tres extrabajadores de Envidrio (Leonardo Ferreira, Claudio Paulero y Nicolás Rodríguez) que ya comparecieron ante la Justicia del Crimen Organizado  en calidad de testigos, donde señalaron que Placeres era quien tomaba las decisiones en la empresa.

El peso del informe

La cooperativa salió a buscar un nuevo crédito en octubre de 2016 cuando el horno de la planta dejó de funcionar, lo que llevó a que los 120 trabajadores de la firma quedaran en seguro de paro. Para aquel entonces, la cooperativa ya había recibido créditos por un total de US$ 11,5 millones de parte del Fondes, una financiación que le había permitido iniciar la construcción de una segunda fábrica en el Parque Tecnológico del Cerro.

Sin embargo, la obra de aquella planta estaba incompleta por lo que pidieron más dinero con el objetivo de terminarla antes y recuperar los puestos de trabajo perdidos a raíz de la rotura del horno. Luego de que el Fondes rechazara darle más dinero, y sin otra alternativa, los trabajadores recurrieron al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien se propuso encontrar una salida y encomendó al Inefop a que le prestara dinero.

Los trabajadores pedían US$ 1,2 millones pero desde la cartera se resolvió convocar a técnicos del Latu para que definieran exactamente cuánto necesitaría la empresa para volver a funcionar. El informé técnico –que demandó un mes de trabajo- concluyó que la empresa necesitaría US$ 1,6 millones.

En la indagatoria realizada en diciembre al presidente del Inefop, Eduardo Pereyra, el jerarca dijo que el informe del Latu era para definir qué le faltaba a la empresa para funcionar al tiempo que se necesitaba hacer un inventario de los bienes con los que contaba, los cuales fueron tasados en alrededor de US$ 22 millones. “Esto nos da un valor que nos indica que tenemos margen para recurrir en caso de que la empresa incurra en impagos”, señaló Pereyra.

Sin embargo, el ingeniero y los demás técnicos que declararon este martes señalaron que el monto de los US$ 22 millones correspondía al valor de toda la planta funcionando y no a la suma de todas los bienes que con los que en ese momento contaba la empresa. De hecho, el ingeniero con experiencia en la industria del vidrio, dijo en el juzgado que si los bienes de la empresa  “pasaran a remate el valor resultante sería una pequeña fracción de lo estimado”.

Consultado sobre de dónde había salido esa cifra, el ingeniero dijo que “básicamente esa información responde a datos aportados por la gente de Envidrio y en muchos de los casos con documentación de presupuestos y facturas”. En los casos en los que había bienes que no tenían un respaldo documental para fijar su precio, el equipo técnico se basó en “conocimiento del mercado”.

Una de las técnicas del Latu que firmó aquel documento, dijo en la Justicia que “en los casos donde no se tenía una información objetiva” se basaban en la “experiencia del equipo” y, particularmente, en la del ingeniero con 20 años de trayectoria en la industria del vidrio al que Placeres acabó ofreciéndole trabajo cinco meses después.

Todos los técnicos coincidieron que aquel informe no era capaz de establecer sobre la viabilidad de la empresa y por tanto la capacidad de devolver el préstamo que Inefop acabó otorgando.