La zona de Malvín Norte se convirtió en las últimos días en una de las áreas en donde el Ministerio del Interior puso su mira, sobre todo a partir de dos hechos: la acumulación de denuncias de rapiñas en los alrededores de ese punto, y los episodios de enfrentamiento entre algunas personas del barrio y funcionarios policiales durante dos operativos que tuvieron lugar el 12 y 13 de abril.
Según informaron fuentes policiales a El Observador, la estrategia de la cartera de seguridad es "apuntar duro a esa zona, que siempre ha sido conflictiva". "Estamos hincando el diente", agregó uno de los consultados.
Con ese objetivo fue que se desplegaron los operativos que terminaron con intercambio de pedreas y disparos de la policía, que había incursionado en el barrio el segundo domingo de este mes en procura de localizar vehículos robados. En la tarde de ese día, se desencadenó el primer enfrentamiento que terminó con tres detenidos por presuntas agresiones y desacato, aunque luego la Fiscalía no contó con pruebas para enjuiciarlos, ya que los policías no presentaron un registro audiovisual de lo sucedido que demostrara el ataque de los indagados. Al otro día, el lunes, se desplegó otro operativo, en el que participaron 90 efectivos de la Guardia Republicana, y que también registró episodios de violencia, y un cuarto detenido por desacato que también quedó libre por falta de pruebas.
Estos procedimientos generaron debate luego de que un grupo de vecinos denunciara lo ocurrido ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, pues alegaron que algunos de ellos fueron víctimas de abuso policial. En una carta firmada por Javier Techera, referente barrial y encargado de una olla popular en la zona, se denunció que un un hombre que intercambió insultos con un efectivo sufrió una golpiza brutal "con la cachiporra en primera instancia y con proyectiles de escopeta calibre 12/70 mm con perdigones de goma". El texto decía también que la misma suerte corrieron "jóvenes y familiares" que trataron de asistir al hombre, y que los efectivos de la Guardia Republicana cercaron una de las casas del barrio en donde había una mujer de 68 años, otra embarazada y varios niños.
Las fuentes policiales aseguraron que en esa zona de la ciudad "los precedimientos policiales" a cargo de la Zona Operacional II de Montevideo –que abarca el sureste de la capital– son habituales, y que en la mayoría de los casos no hay conflictos como esos. Una de las últimas intervenciones policiales tuvo lugar este miércoles de mañana, cuando hubo una serie de allanamientos con la finalidad de detener a un hombre señalado como el presunto autor de varios de los últimos asaltos en moto por la zona en las últimas semanas, y que es investigado desde al menos dos meses por la fiscal de Flagrancia Silvia Porteiro.
Tras ese operativo, los uniformados detuvieron finalmente al sospechoso, un hombre de 28 años con varios antecedentes penales, y –según los investigadores policiales– el autor de "varias de las rapiñas" en los alrededores del barrio, que "a veces veces" cometía solo y en otras oportunidades acompañado de otro delincuente.
Sin embargo, la fiscal no pudo recoger aún elementos suficientes como para llevarlo a la Justicia, por lo que el indagado fue liberado, aunque quedó en calidad de emplazado.
La policía, no obstante, incautó este miércoles 13 celulares que los investigadores presumen robados durante los asaltos, además de un arma de fuego y municiones y 300 gramos de marihuana, de acuerdo al parte policial al que accedió El Observador.
Ahora, los investigadores se pondrán en contacto con los denunciantes de los robos, quienes primero deberán reconocer si esos celulares son de su propiedad y, si lo hacen, la policía tendrá entonces el trabajo de recabar pruebas que vinculen al hombre de 28 años con los delitos.
En otro procedimiento esta semana, también se detuvo a otro hombre, señalado como responsable de al menos ocho robos sin violencia a farmacias, y en este caso la fiscal sí contó con pruebas suficientes como para solicitar la imputación. Según dijo Porteiro a El Observador, tras un acuerdo con la defensa el hombre fue condenado por al menos cuatro hurtos –uno en grado de tentativa–, y enviado a la cárcel.
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