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Principal víctima de Operación Océano no está en condiciones de declarar, según Fiscalía

En un mensaje que envió este miércoles Darviña Viera al grupo de WhatsApp que tiene con los defensores, les informó que ya estaba pronta la pericia del celular de la adolescente

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16 de octubre de 2020 a las 05:04

La principal víctima de la Operación Océano no está en condiciones de declarar ante la Justicia debido a su situación psicológica, según la evaluación hecha hasta el momento por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, que es el departamento del Ministerio Público encargado de dar asesoramiento y contención a las otras 18 víctimas que tiene la causa, informaron a El Observador fuentes de la investigación.

Los abogados de los 31 imputados que tiene hoy el caso –hay uno que ya fue condenado mediante un acuerdo– están a la espera de que la fiscal de la causa, Darviña Viera, les proporcione todas las pericias a los dispositivos electrónicos empleados tanto por los adultos como por las adolescentes, y que contienen los chats en los que se acordaron encuentros sexuales, se negociaron precios a cambio de sexo o se mantuvo intercambios eróticos.

Hasta que eso no ocurra no tendrá lugar la segunda audiencia colectiva por esta causa, que iba a realizarse el 8 de octubre y en la que se iba a definir, entre otras cosas, el pliego de preguntas que los abogados de los imputados le realizarán a la primera víctima del caso cuando declare como prueba anticipada, tal como pretende hacer la fiscalía. 

Pero la jueza Adriana de los Santos suspendió la audiencia dos días antes al aceptar el reclamo de 10 penalistas, que sostenían que al no contar con la información de todos los chats —así como de las páginas webs en donde se concertaron algunas citas– no estaban en condiciones de armar el cuestionario.

Por lo que para que la adolescente declare no solo deberán estar prontas las pericias de la policía –para lo que no hay fecha estimada–, sino que la víctima tendrá que tener la salud mental necesaria para responder las preguntas, lo que hoy es una situación lejana.

"La Unidad de Víctimas será la que diga cuándo esté pronta para declarar. Ella hoy está enferma, muy mal psicológicamente", contaron fuentes del equipo que dirige la fiscal Viera.

Sin prioridad

En un mensaje que envió Viera este miércoles al grupo de WhatsApp que tiene con todos los penalistas, indicó que ya estaba pronta la pericia del celular de esta adolescente, y que "en estos dían van a estar otras prontas", pero no adelantó cuándo, aunque sugirió a los profesionales que aguardaran a que estén prontas todas las pericias así "las levantan todas juntas de una".

Sí les dijo a los abogados la cantidad de información que tendrán disponible cuando el trabajo esté pronto, según pudo saber El Observador.

"Me dice el oficial de Interpol que tienen que llevar un disco de más de dos teras", señaló en otro de sus mensajes. Un tera es una unidad de medida informática que equivale a 1.084 gigabytes, lo que significa que los penalistas deberán contar para entonces con un disco duro externo que tenga esa capacidad.

De acuerdo a los informantes, las pericias pendientes son un total de 40, e incluye el análisis de computadoras de varios de los imputados, aunque esta parte está a cargo de personal de Policía Científica.

De todas formas, las fuentes del caso también señalaron que en la reunión mantenida con Interpol la fiscal les dijo a los oficiales que Operación Océano no podía ser "la prioridad número uno", y que los otros casos de delitos sexuales que tienen por delante los investigadores son igual de importantes que esta causa, sin perjuicio de que esta indagatoria es histórica por la cantidad de involucrados.

El delito más común que logró imputar Viera desde la primera tanda de enjuiciados, en marzo, es el que castiga la retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo, que tiene una pena mínima de dos años de cárcel y una máxima de 12. También hay varios que esperan la acusación por ilícitos como mantener una conversación de connotación sexual con un adolescente a través del uso de la tecnología, que se castiga con seis meses de prisión a cuatro de penitenciaría, entre otros delitos sexuales.

 

 

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