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Qué pasó con los corredores de bolsa que el BCU intervino en los últimos años

En la última década hubo varios antecedentes por fraude a clientes y también por incumplimiento de normas de prevención de lavado
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08 de julio de 2022 a las 05:00

El Banco Central del Uruguay (BCU) decretó esta semana la suspensión de actividades y la intervención de la empresa corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), denunciada por entre 300 y 400 personas por estafarlas y reducir los activos que habían depositado en la empresa en un 90%.

En los últimos 10 años hay varios antecedentes en donde el regulador intervino otras empresas después que se constataran situaciones de fraude o incumplimiento de distintas normas. En todos los casos el proceso terminó tiempo después con el Directorio del banco cancelando las autorizaciones para funcionar que tenían estos corredores. En esta nota se mencionan los hechos principales y su desenlace. 

Pampa Brokers

La empresa Pampa Brokers Sociedad de Bolsa estuvo inscripta como corredor de bolsa en el registro del BCU entre junio de 2004 y enero de 2018.

En 2013, como consecuencia del retiro de fondos de cuentas de clientes de la sociedad sin autorización por parte de su director, el argentino Juan Carlos Velázquez, el regulador dispuso la suspensión de actividades, el desplazamiento preventivo de Velázquez, la revocación de sus poderes de administración de las cuentas de la sociedad y de terceros, la inmovilización de todos los activos propios y de clientes, y la puesta en conocimiento de la Justicia Penal de las actuaciones.

La firma bursátil había recibido reclamos de clientes por unos U$S 430 mil. 

Según dice una resolución del BCU de 2019, las cuentas en que se produjeron los faltantes eran administradas exclusivamente por el sumariado al igual que la registración contable de las transacciones de esos clientes que se realizaban en función de lo que este declaraba, sin contar con los debidos respaldos documentales.

Además, desde fines del 2012 el sumariado no había comparecido a desempeñar sus cargos, a rendir cuentas ante los clientes, ni ante las convocatorias efectuadas por el Directorio. En 2014 se constató la situación de insolvencia en sus estados contables.

Cinco años después, en enero de 2018 el BCU sancionó a la empresa con la cancelación de sus actividades y el retiro de autorización para funcionar como corredor de bolsa. Además, inhabilitó a Velázquez por 9 años para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el BCU.

"Los clientes de Pampa Brokers fueron atendidos por la empresa durante el período de suspensión" y "los clientes recibieron sus fondos", informó El País por ese entonces en base a información proporcionada por el banco.

Intervalores Sociedad de Bolsa

Esta empresa funcionó como corredor de bolsa entre noviembre de 2003 y noviembre de 2011, cuando el BCU retiró la autorización para funcionar tras una intervención previa. Uno de sus propietarios, Julio Savio, fue inhabilitado por 10 años.

Savio tenía el 51% de las acciones y revestía las calidades de presidente y oficial de cumplimiento de la firma. Según el BCU, esta persona no puso en conocimiento del banco el hecho de que las acciones de la entidad habían sido objeto de un embargo.

También omitió mantener los sistemas de información de la empresa en condiciones de conocer su verdadera situación financiera, y se apropió “indebidamente de valores pertenecientes a sus clientes utilizándolos en su provecho”. Hubo posiciones de clientes por más de US$ 1,6 millones que “no pudieron ser honradas”.

En julio de 2016 el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 6° Turno condenó a Savio como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida, con motivo de la utilización de valores de un cliente, así como por la venta de los mismos para atender obligaciones de la empresa.

Interbaltic Sociedad de Bolsa

En julio de 2015 el BCU resolvió intervenir preventivamente con suspensión de actividades y sustitución total de autoridades a la firma Interbaltic Sociedad de Bolsa SA. 

La resolución se adoptó luego que la Superintendencia de Servicios Financieros detectara diversos incumplimientos respecto de la normativa legal y reglamentaria aplicable a este tipo de entidad financiera, así como de debilidades constatadas en el sistema para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dicen documentos públicos del banco.

El 100% de las acciones de la sociedad pertenecían al brasileño Jorge Davies, que era investigado por la Comisión de Valores Mobiliarios de la República Federativa de Brasil. Según el BCU, en las actuaciones referidas se detectó la existencia de una operación sospechosa que involucraba al cliente Forbal Investment Inc. y a su beneficiario final Néstor Cuñat Cerveró, quien se desempeñó como director del Área Internacional de Petrobras y era objeto de una investigación judicial vinculado con el Lavajato.

Interbaltic Sociedad de Bolsa funcionaba desde agosto de 2007, y se dispuso la cancelación de actividades y el retiro de su autorización en julio de 2016. Además, Davies fue inhabilitado por siete años.

Openworld Sociedad de Bolsa

En 2014 la firma OpenWorld Sociedad de Bolsa fue sancionada con la cancelación de sus actividades y el retiro de la autorización para funcionar como intermediario de valores que tenía desde 2005, tras previa intervención del BCU.

OpenWorld realizaba operaciones de intermediación de valores mediante la compra de productos de Swiss Group. Esas operaciones no fueron incorporadas en los registros que la empresa debía llevar obligatoriamente. Los tenedores de esos valores presentaron denuncias reclamando la devolución de sus inversiones en virtud de haberse enterado de la cesación de pagos de Swiss Group Corporation, según documentos del BCU.

Una treintena de personas denunciaron a los dueños de la empresa corredora Pedro y Agustina Magentíes y a la uruguaya Ivvone Teleche Urruti, por estafarlos por alrededor de US$ 20 millones. Además, fueron denunciados un ciudadano brasileño y otra uruguaya.

El grupo también trabajó en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Paraguay y Perú, y se lo vincula con el robo de US$ 80 millones en su actividad en todos esos países y Uruguay. Los asociados ya tenían un pedido de extradición por parte de Interpol, por lo que la solicitud uruguaya se estancó.

En la maniobra que sufrieron los uruguayos estuvo involucrado el club Rampla Juniors, que la empresa utilizaba para reingresar el dinero que sacaba del país para colocar en diversas entidades financieras de su propiedad. “Eso de gerenciamiento no tenía nada. Eran capitales colombianos que lavaban ese dinero mal obtenido en clubes deportivos, en este caso en Rampla. Todo terminó siendo denunciando penalmente”, rememoró el expresidente José Luis Corbo en una entrevista con Referí realizada en 2020. 

 

 

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