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Rendición de cuentas: aumento de penas en homicidios y virtualidad en audiencias de presos son "impracticables" para los operadores judiciales
La rendición de cuentas trajo dos cambios que, de concretarse, impactarán duramente en el día a día de jueces, abogados y fiscales. Por un lado, el aumento de penas para el homicidio simple que a su vez inhabilita la posibilidad de concluir el caso a través de un acuerdo abreviado (el imputado asume su culpa y acepta ser condenado a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena). Por otro, establece como obligatorio que determinadas audiencias judiciales, consideradas menores por el Ministerio del Interior, se realicen vía zoom y no con los imputados presentes en audiencia.
Ambas modificaciones generaron críticas en redes sociales de varios operadores del sistema y líderes gremiales.
Sobre el aumento de penas y la eliminación del proceso abreviado para el delito de homicidio simple (en los agravados y muy especialmente agravados ya era obligatorio resolver el caso en juicio oral), el fiscal de Homicidios de 1o Turno, Carlos Negro, señaló en su cuenta de Twitter que con esta modificación caerán los niveles de condena y aumentará la impunidad.
¿Por qué? Negro explicó cada vez son más los testigos que se resisten a declarar en los juicios por miedo y hacerlos pasar por eso "cuando se logran penas muy razonables en abreviados, se traduce en ausencia de prueba"
En una lógica de guerra de bandas narco-territoriales que van escalando, cada vez más testigos son amedrentados para no declarar. En 2022 aumentó sustancialmente la asistencia de la Fiscalía a testigos, informó la Unidad de Víctimas y Testigos a fines de mayo.
la imposibilidad de celebrar procesos abreviados. Los homicidios son de los delitos dónde por más resistencia a declarar sienten los testigos. Hacerlos transitar el juicio -cuando se logran penas muy razonables en abreviados- se traduce en ausencia de prueba.
— carlos negro (@CNegro7) July 2, 2023
"¿Quién gana al final del día? La amenaza, la violencia y la impunidad. Los niveles de condenas (hoy ya bajos) caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirá sin darse cuenta de cambios puramente normativos", expresó el fiscal quien, luego, en entrevista con Arriba Gente (Canal 10), aseguró que sus colegas de Homicidios, Mirta Morales y Adriana Edelman, coincidían en que el aumento de pena era inconveniente.
Sin embargo, hubo operadores que marcaron sus reparos. El abogado y profesor Diego Camaño, manifestó que "si hay un delito que merece juicio es el homicidio. El resto es un argumento basado en que el imputado es culpable de antemano".
El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, coincidió con Negro y destacó, en diálogo con El Observador, que no se pronuncian sobre cuestiones de política legislativa, si no que lo hacen porque impacta directamente en su trabajo.
Así, también valoró el trabajo de sus colegas quienes han obtenido "penas altas" a través de acuerdos abreviados con la norma actual (que dispone una pena mínima de dos años y máxima de 12), alcanzando penas de 7, 8, 9 y 10 años. Los juicios por homicidio "son muy complejos" y se abre la posibilidad de la impunidad.
Como cada año, leo la Rendición de Cuentas con la esperanza que se contemplen los recursos y reivindicaciones que reclamamos desde 2017
— Willian M. Rosa (@Willian_M_Rosa) July 1, 2023
Pero una vez más y lamentablemente, no se proyectan los reclamos en los que insistimos
Es más fácil criticar a la Fiscalía que darle recursos pic.twitter.com/0IOdWCMjtf
Además, la eliminación del proceso abreviado también se traducirá en más trabajo para fiscalías que ya están sobrecargadas, dado que implicará que todos los casos se resuelvan por juicio oral. Esta solución lleva días de trabajo de relevar declaraciones, cámaras de seguridad, ordenar la información y la prueba, además de que el juicio en sí mismo insume como mínimo una semana de dedicación prácticamente total.
Por poner como ejemplo Montevideo, donde hay tres fiscalías especializadas para un aproximado de 200 homicidios anuales (de los que se aclara un 50%), eso significaría alrededor de 33 juicios por cada equipo fiscal. Los juicios insumen un mínimo de una semana más todo el trabajo previo de reunir la prueba para poderla presentar ante un juez.
El Ministerio del Interior explica el aumento de las penas para el homicidio simple en que estaba desfasada con otros delitos. Mientras que la pena mínima era de dos años para el homicidio, para la rapiña era de cuatro. Con esta modificación, se eleva a seis años.
En cuanto a la segunda modificación, establece que las audiencias donde participan presos sean vía zoom (el artículo no discrimina cuáles, pero según supo El Observador se indicó para aquellas que son "menores") generó duras críticas de los abogados penalistas. Esto se debe a que el artículo establece que para que el preso tenga todas las garantías, debe estar en la audiencia junto a su abogado. Eso hace que sea el defensor quien deba trasladarse hacia la cárcel en lugar del preso hacia el juzgado.
Esta modificación se debe a que, tal y como informó El Observador, por la falta de móviles para trasladar a los presos se reagendaron más de 400 audiencias en 2022 y se generan largas esperas en los juzgados.
Sin embargo, esto genera algunas dificultades operativas, advierten los abogados defensores. En primer lugar, que la defensoría pública acapara el 90% de los casos. Un defensor público de turno tiene entre 6 y 10 audiencias diarias, lo que significaría trasladarse varias veces en el día al Comcar, que está a 35 minutos de los juzgados penales.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, también fue crítico de la medida en Twitter: "Les recuerdo que es preceptiva la presencia del imputado. Pero el imputado, centro del proceso penal, es corrido, ignorado, desvestido cada vez más de sus derechos".
Desde la academia, se pronunció el profesor de Derecho Procesal Ignacio Soba, que indicó: "La población carcelaria viene creciendo de forma desmedida en Uruguay. Las condiciones de reclusión no respetan derechos humanos. Hay muchísimos temas allí que es urgente tratar. La dificultad de trasladar reclusos a los juzgados no puede justificar una disposición de este tenor".
La Asociación Uruguaya de Magistrados (AMU) tiene previsto manifestar su descontento con la medida. Su presidente, Leonardo Méndez, indicó a El Observador que "la norma es mala, no está solucionando un problema de fondo" y consideró que esta medida debería ser de excepción.
A su vez, sostuvo, vulnera las regulaciones que hoy prevén la igualdad entre las partes. "Si vamos a estar por zoom, estemos todos por zoom. No la fiscalía en el juzgado y la defensa por zoom (...) Las condiciones, objetivamente, no son las mismas", expuso.
Asociación de jueces reclamará tras más de una década sin aumento de recursos
"Es para un país ideal, me parece muy loable la reforma, pero con un Poder Judicial con las carencias que tiene.... Yo no sé las prioridades quién las maneja, no las comprendemos", expresó.
"Es como que vos no tengas para comprar arroz y te vas a comprar un buzo a Zara", ilustró y señaló que con esos $40 millones se podría haber creado un Tribunal de Apelaciones de Familia, que está desbordado, y se podrían haber creado cargos de jueces letrados suplentes, que están haciendo falta.
