El Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunió este viernes de forma urgente con la comisión interinstitucional para la puesta en marcha del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de cigarrillos.
Tras la reunión, fuentes del ministerio dijeron a El Observador que hubo avances en la implementación de dos medidas: la exigencia de una licencia para quienes venden cigarros y un sistema de trazabilidad de las cajillas.
El sociólogo Diego Rodríguez, que representa al Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET) en la comisión, había adelantado este jueves a El Observador que pediría la implementación de las dos medidas en las que el ministerio se comprometió a avanzar.
El licenciamiento se refiere a que los quioscos y comercios que vendan cigarros tengan una habilitación dada por el MSP, en particular por el programa de control del tabaco.
La licencia podrá ser anual o bianual y conlleva un pago, así como la posibilidad de que se suspenda si se constata la venta de productos de contrabando. Además, deberán pedir la habilitación de la licencia quienes produzcan los cigarrillos o quienes importen máquinas para hacerlo.
En tanto, el sistema de trazabilidad consiste en marcar con un código digital con determinadas características las cajillas de cigarrillos al momento de su embalaje.
Ese código debería poderse leer en todas las etapas de comercialización para tener un rastreo del recorrido de cada producto y la información puede ser intercambiada entre los países firmantes del protocolo.
La comisión convocada por Salinas para este viernes fue creada en el 2015 y está compuesta por Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Interior; Defensa Nacional; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, y Educación y Cultura; la Dirección General Impositiva; la Dirección Nacional de Aduanas; el Poder Judicial; y el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET) y la Sociedad Uruguaya de Tabacología.
El protocolo para la eliminación del comercio ilícito de cigarros fue uno de los que la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco señaló, en una carta enviada a Salinas, que contravenía la decisión del gobierno de permitir las cajillas blandas.
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