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Colonización: suegro de Manini debió responder ante un tribunal de honor militar por la compra del campo
El suegro del senador Guido Manini Ríos, Roque Moreira, tuvo que enfrentarse a un tribunal de honor militar hace casi 50 años por haber comprado el terreno 511 del Instituto Nacional de Colonización.
INC espera ahora por el informe de su asesoría letrada, que determinará la situación legal de los campos vinculados al senador y su entorno familiar. En paralelo, puso todo el caso bajo reserva y abrió una investigación administrativa para averiguar de qué manera se “filtraron” las conclusiones de una inspección realizada al predio en cuestión y que señaló diversas irregularidades cometidas por el líder de Cabildo Abierto y su entorno.
El tema que centra por estos días la discusión pública, que puede tener derivaciones políticas pero que, sin embargo, fue motivo de otro tipo de investigación hace casi medio siglo.
“Me hicieron un tribunal de honor, sí”, reconoció este jueves a El Observador el coronel retirado Roque Moreira, suegro de Manini Ríos y que en 1971 compró el inmueble 511 del instituto, ubicado en el departamento de Artigas.
El argumento con el que se defendió entonces es el mismo que ahora utiliza. Compró, mediante un procedimiento licitatorio, un predio que el INC resolvió sacar a la venta por considerarlo inadecuado y que, por lo tanto, había sido desafectado del organismo.
Fuentes militares señalaron que la investigación se sustanció entre 1974 y 1975, poco antes de que el INC aprobara la renegociación de la compraventa del bien. La orden llegó desde el Comando General del Ejército, ante los rumores que el negocio generó en la interna militar.
Desde Colonización, a su vez, se confirmó que por esa época hubo una inspección, en la que se comprobó que Moreira, que según las actas de la época era considerado “colono”, no residía en el predio. Allí es que se renegoció el contrato de compraventa y el INC, con el voto de cuatro directores, declaró al predio amparado por el artículo 127 de la ley de Colonización, por lo cual se le retiran algunas de las obligaciones.
En el acta 3081 de enero de 1975, en poder de El Observador, la dirección del INC ordenó derivar las resoluciones al Comando General del Ejército.
Moreira, que ese momento era teniente coronel en actividad, describió el episodio como una “novela en muchos fascículos”, sucedido en pleno gobierno militar, “lo que llaman dictadura”, y aseguró que el hecho no tuvo ninguna consecuencia negativa para su carrera. "Poco después ascendí a coronel por concurso, así que no tuve ninguna afectación al honor por haber ganado una licitación”.
El coronel aseguró que lo que está sucediendo ahora es una “copia textual” de lo que pasó hace casi 50 años. Una investigación que terminó en “absolutamente nada”. “Nunca fui ni soy colono”, remarcó.
Moreira ratificó que, desde que lo adquirió, el campo nunca estuvo afectado a la ley de Colonización. El coronel fundamentó la decisión del organismo de desprenderse del bien en función de su tamaño. Superaba, dijo, el tope marcado por la ley para ser colonizado.
Así, ratificó que sobre ese campo siempre tuvo una “propiedad plena”, por lo que podía venderlo, arrendarlo o dejarlo en herencia sin intervención del INC.
Moreira consideró ilógico que ahora se pretendá invertir la carga de la prueba: pedirle a él o a Manini Ríos que comprueben que no son colonos.
El coronel apuntó contra el director frenteamplista del INC, Andrés Berterreche, por haber instruido la inspección sobre su predio. Se trató, dijo, de una acción “inconstitucional” y describió como “abuso, atropello a la propiedad privada, arbitrariedad y prepotencia”, que además “se intentó ejecutar sin la presencia de los protagonistas”.
En su visión, los señalamientos que ahora llegan sobre la situación legal del terreno forman parte de una nueva “embestida baguala”, destinada directamente a “torpedear” la figura política de Guido Manini Ríos. “Evidentemente, se están buscando efectos políticos”, consideró. Más aún cuando, dijo, faltan pocos días para el referéndum sobre 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC).
La fracción 2
La investigación del INC no solo apunta a resolver la cuestión de Moreira sino la del propio Manini, Ríos, propietario de la fracción 2 del inmueble 511 desde 1997. Se trata de un sector que fue adquirido por otro dueño en la licitación de 1971 y que a lo largo de los años fue cambiando de manos. En diálogo con El Observador, Moreira sostuvo que el líder de Cabildo Abierto negoció directamente con el vendedor, sin intervención del organismo. Pero fuentes de Colonización señalan que la situación no es tan simple.
La inspección divulgada por Búsqueda señala que ese lote fue escriturado el 9 de mayo de 1997 y que las escrituras fueron realizadas en infracción al artículo 70 de la ley de Colonización.
Allí se indica que “toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) aún en el caso en que el haya satisfecho íntegramente sus obligaciones”.
La condición o no de colono de Manini es, indicaron las fuentes, independiente de la de Moreira y el resto del inmueble.
