Pocos temas incomodaron tanto a los frenteamplistas y le dieron tan servidos argumentos a la oposición como la designación de Ache a ocupar el cargo de embajadora de Portugal
La coherencia no es una virtud. Era una de las frases de cabecera jocosas del gran periodista Claudio Romanoff para zanjar temas en los que quedaba demostrado que a los políticos les cuesta que sus acciones coincidan con sus postulados o promesas.
Esta semana asistimos a una gran demostración de falta de coherencia en la votación de la ex vicecanciller Carolina Ache como embajadora de Portugal. Después de que, como oposición, el Frente Amplio la defenestró en lo que fue el proceso de entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cuando estaba preso en Dubái, por el papelonesco manejo que el anterior gobierno hizo del tema, y celebró su renuncia, ahora la premió con ese distinguido cargo.
En esta newsletter EnClave analizaré lo que rodea esta designación, unida a su actuación en el caso Marset, y las implicancias que este tema aún puede tener para el gobierno de Yamandú Orsi.
Pocos temas incomodaron tanto a los frenteamplistas y le dieron tan servidos argumentos a la oposición como la designación de Ache a ocupar el cargo de embajadora de Portugal.
Como prueba de ello en la sesión de este miércoles del Senado en la que se votó su venia, ninguno de los senadores frenteamplistas que intervino pudo argumentar a favor de la designación de la colorada en ese cargo.
El socialista Gustavo González pidió la palabra para aclarar que votaba por disciplina partidaria pero no porque estuviera de acuerdo; Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) señaló que si Ache fuera del FA, habría pasado por el tribunal de conducta política; la emepepista Patricia Kramer señaló que no estaban analizando la coherencia de los senadores del FA sino dando un voto de confianza al Ejecutivo; y el único que se explayó en la defensa del nombramiento, el senador más del riñón del gobierno, Daniel Caggiani, lo hizo llevando el debate hacia la mala gestión del caso Marset del gobierno de Luis Lacalle Pou. Sobre Ache pudo destacar que fue vicecanciller y que fue precandidata del Partido Colorado en las últimas elecciones.
Del otro lado, los senadores opositores y excompañeros de gobierno de Ache se hicieron un festín al marcarle al oficialismo que no podía justificar esta designación, que no tiene otro vínculo con el Frente Amplio que a través del prosecretario Jorge Díaz, quien fue su abogado en el caso Marset, y haber anunciado previo al balotaje que no votaría a Álvaro Delgado.
“Suspicacias”, “movida política”, “coincidencias”, “grosería”, “connivencia”, fueron las palabras pronunciadas por senadores como pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Robert Silva, Graciela Bianchi, Sergio Botana.
Lo cierto es que Ache, designada como subsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lacalle Pou, no tiene trayectoria política reconocida y no tiene un currículum que la convierta en la mejor candidata para ser la representante del gobierno. De hecho, su nivel de idioma portugués es “intermedio” según ella misma escribió en el CV que presentó al Senado y en su web de precandidata ni siquiera se mencionaba. Allí se decía que “vivió varios años en el exterior (Italia y Suiza) y habla fluido italiano, inglés y francés y, si bien empezó a estudiar chino, tiene pendiente la profundización del idioma”.
Si bien es sobrina nieta del expresidente Jorge Batlle, y ocupó un cargo en la prosecretaría de Derechos Humanos del partido en 2015, recién cobró trascendencia política cuando Talvi fundó Ciudadanos con el objetivo de ser candidato a la presidencia y luego la llevó a la cancillería.
Todo esto muestra a las claras que en esta designación faltó fundamentación y transparencia.
El senador socialista González dijo en el programa de Carve Así nos va este jueves que si bien el “argumento” que se le dio fue que “era un buen mensaje dar una visión plural del gobierno” al designar a alguien de otro partido, no le convencía la explicación. “Portugal no es cualquier embajada, importa llevar gente de mucha confianza política”, afirmó.
Es imposible olvidar la actuación de Ache en el caso Marset porque tuvo un rol clave y ese hecho se sigue investigando al día de hoy. Si bien se convirtió en la ídola del Frente Amplio cuando entregó la grabación a Bustillo en fiscalía y denunció la opereta liderada desde Torre Ejecutiva para borrar evidencia que la incriminaba a ella misma, este segundo caso en el que es denunciante, no ha terminado. Y si bien todo hace pensar que las responsabilidades penales, si las hay, estarán en los otros exjerarcas y no en Ache, no se puede asegurar que salga indemne.
Para entender bien la compleja trama hay que recordar su papel en el caso Marset I y II:
Marset I: entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante en Dubái
Chats de Ache con Maciel: Existieron dos conversaciones. En la primera, del 21 de setiembre de 2021, Maciel le pedía a Ache que le averiguara por un ciudadano uruguayo detenido en Dubái: "Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre y número de documento utilizó". En la segunda, del 3 de noviembre, el subsecretario le pedía que le averiguara si seguía detenido y le mencionaba que se trataba de “un narco uruguayo muy peligroso y pesado” y que si quedaba libre “sería terrible”.
La reunión con el abogado de Marset: El 24 de noviembre de 2021 Ache recibió a Alejandro Balbi, entonces abogado de Marset. Ante la fiscalía ambos declararon que él solo le preguntó a Ache cuándo salía la próxima valija diplomática hacia Emiratos Árabes Unidos para enviar el pasaporte por esa vía y no le informó –ni ella preguntó– a quién representaba. Lo cierto es que la valija se había ido el 24 y el documento de Marset se terminó entregando en mano a su defensa el 30 de noviembre.
La reunión en la casa del Prado para preparar la interpelación: Se realizó en la casona que el Ministerio del Interior tiene en la calle 19 de Abril. Además de jerarcas de Interior y Cancillería estuvieron senadores del Partido Nacional y el asesor de Lacalle Pou, Roberto Lafluf. Allí se acordó no mencionar el chat entre ella y Maciel. Ache dijo luego que todos sabían de esos mensajes y que Maciel los tenía arriba de la mesa ese día.
La interpelación a Heber y Bustillo. Los jerarcas se enfocaron en destacar que el procedimiento de la entrega del documento cumplió con la normativa y que las autoridades políticas estuvieron por fuera del trámite. Se evitó mencionar los chats entre Maciel y Ache. Ella dijo que se quedó callada porque nadie le preguntó "específicamente" sobre la conversación. El FA le retiró la confianza a los ministros Heber y Bustillo y afirmó que “no pueden pasar desapercibidos por este Cuerpo los contactos que existieron durante el mes de noviembre entre los subsecretarios de ambas carteras, así como la reunión mantenida entre la subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache, y el Dr. Alejandro Balbi... lo cual fue reconocido en Sala”.
Ache se había negado a entregar los chat con Maciel: Según surge de la investigación administrativa, al declarar la instructora de la investigación administrativa, la abogada Karina Antecor, según pude leer, relató que Ache se los había negado “en reiteradas oportunidades” Contó que los pidió por la vía jerárquica, a través de dirección de Secretaría, ante lo cual dijo que los iba a entregar si el jerarca (ministro) “lo disponía”. Antecor declaró que en noviembre de 2022, cuando vencía el plazo para entregarlos a la Justicia por un juicio que había hecho el FA, Ache le volvió a negar la entrega pero luego la llamó a su despacho. Dijo: "Yo pensaba que me los iba a entregar, pero cuando entro estaba su abogado el Dr Jorge Díaz, quien me manifiesta su preocupación ante mi insistencia señalándome que parecería una pesquisa a la subsecretaria. Yo le aclaro que por ser funcionaria de particular confianza no estaba sometida a procedimiento disciplinario… luego recibo un mail con un escrito de ella que decía que no me iba a entregar las comunicaciones por ser entre personas que ocupaban cargos políticos”.
Ache renunció a Cancillería. Ocurrió en diciembre de 2022, luego de que su sector Ciudadanos le retirara el apoyo y fue celebrada por el FA. Alejandro Sánchez, hoy secretario de la Presidencia, habló de "acto de corrupción", recordó que “lo gravísimo” del hecho de darle el pasaporte a un narco y destacó que Ache se iba "pese al respaldo" de Lacalle. Charles Carrera la cuestionó por “victimizarse y culpar al FA de todo” y decía que debería ser la primera renuncia de otras tantas, al igual que el presidente del partido Fernando Pereira. Mientras que Brenta le recordó a Ache que "mintió al Parlamento y violó las normas" de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), "negando la entrega de las declaraciones de su cónyuge", Tomás Romay.
Al estar casada con separación de bienes, Ache no había incorporado en su declaración jurada el patrimonio del marido, pero luego del reclamo del organismo, lo entregó, y lo hizo bastantes meses después de su renuncia a la Cancillería. Su marido y sus socios de Telecable fueron noticia también por ganarle un juicio al Estado en agosto de 2022. La Justicia les dio la razón en cuanto a que fueron perjudicados por la adjudicación de una licencia caduca a su competidora local y se dispuso una indemnización de más de US$ 3 millones.
Fiscalía archivó la denuncia penal pero dijo que mintieron: el fiscal Alejandro Machado no encontró delito en ninguno de los indagados. Entendió que no hubo "discrecionalidad" al aplicar el decreto de entrega de pasaportes y estuvo bien entregado. Sin embargo, dijo que los "problemas de comunicación formal y oficial fueron evidentes", porque "dada la relevancia del caso, el doctor Guillermo Maciel debió realizar la consulta por las vías oficiales y no a través de simples mensajes de WhatsApp". Y se basó en esos mensajes para decir que los jerarcas que participaron en la interpelación "faltaron a la verdad y ocultaron información" a los senadores y a la ciudadanía.
Marset II: destrucción del documento protocolizado con el chat entre Ache y Maciel
El as bajo la manga del audio de Bustillo: el 1° de noviembre de 2023, casi un año después de su renuncia, Ache contó al fiscal Machado al ser citada por la entrega del pasaporte, todas las acciones del gobierno que apuntaron a ocultar la existencia de esos chats y le entregó el audio en el que Bustillo le recomendaba “perder” el celular para no entregar los chats. Luego contó que Díaz le había recomendado grabar las llamadas y que fue quien ideó la estrategia de guardarlos hasta este momento. Como consecuencia del escándalo renunciaron Bustillo, Maciel, Heber y Lafluf y quedaron como indagados en la causa Marset II (menos Heber que no tuvo participación en los hechos).
Investigación administrativa realizada en presidencia: en mayo de este año, ya con el gobierno de Orsi en funciones, las autoridades de Cancillería ordenaron una investigación administrativa para dilucidar responsabilidades. Con sentido común se pidió que se hiciera fuera de cancillería ya que tanto Bustillo como Carlos Mata, el exjefe de Jurídica, son funcionarios de carrera. El problema está en que se designó a una abogada de Presidencia, Victoria Sasso. Sasso figura en la web de Poder Ejecutivo como personal profesional universitario grado 4 y como asignada a la Secretaría y Prosecretaría de Presidencia, con horario variable y tareas especiales. El sentido común también indicaba que no era la mejor designación, alguien que trabaje en la órbita donde actualmente está Díaz.
Esto llevó a que el senador Robert Silva señalara en la sesión del miércoles: “No digo que haya un pago de favores pero es raro”; a que Bianchi dijera que hubo un “vicio de forma” al designar en la investigación administrativa a una abogada de presidencia; y a Ojeda a decir que fue una “investigación supervisada por Jorge Díaz”.
Del repaso quedan demasiados puntos opacos o dudosos que llevan a pensar que el gobierno se compró un problema innecesario con esta designación, de la que se seguirá hablando y pasando facturas.
*Aclaración: En la versión de esta newsletter enviada por mail, se cometió un error involuntario al informar que Ache no había cumplido con la obligación de incluir la información patrimonial de su esposo en la declaración jurada ante la Jutep. Sí lo hizo y la entregó meses después de renunciar a la Cancillería. A los lectores y a la implicada, las disculpas del caso.