Alejandro “Pacha” Sánchez no es un hombre nacido entre los privilegiados de la sociedad. De chico conoció las carencias que supone haberse criado en el barrio Gruta de Lourdes, un lugar del norte de Montevideo que, cuando Sánchez lo recorría subido a un carro tirado por caballo, comenzaba a convertirse en una de las tantas zonas rojas de la capital. El hoy secretario de la Presidencia es uno de los hombres con más poder en el gobierno de Yamandú Orsi y figura fundamental en el Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector mayoritario del Frente Amplio.
Por eso sus palabras de la pasada semana acerca del vínculo entre la pobreza y la delincuencia tienen un peso específico y confirmaron un antes y un después en buena parte de una izquierda que santificaba al “Chueco” Maciel –un delincuente común, un lúmpen sin conciencia social que popularizó Daniel Viglietti-, y que consideraba, junto a Michel Foucault, que “todo preso es político” porque era el injusto sistema imperante el que lo empujaba al mundo del delito.
Al secretario de la Presidencia lo consultaron por aquel episodio ocurrido en 2019 cuando, durante un operativo policial, al entonces director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, le gritaron “antichorro” y respondió “sí, soy antichorro”.
Sánchez no dudó. “Hay que ser antichorros. Yo me eduqué en La gruta de Lourdes donde estaba mal visto el rastrillo, robar en el barrio. Eran códigos de una delincuencia que también han cambiado. Yo no creo en ‘pobrecitos los niños’, esta idea de que son víctimas del sistema. Claro que son víctimas de un sistema porque no se les dio oportunidades. Ahora, el problema es que hay gente en la misma condición de pobreza y de nivel socio económico que eligió otro camino: partirse el lomo laburando y no robarle a los que laburan”, dijo Sánchez el sábado 7 en el programa de streaming Al Weso.
Como si se hubieran puesto de acuerdo, ese día el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, reaccionó visiblemente ofuscado ante el motín en el que dos funcionarios fueron tomados como rehenes.
“Fueron dos adolescentes delincuentes de poca monta que no sé qué se creen que son y que en diez minutos cometieron todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente que no les tiene miedo va a tomar las decisiones para que se agrave las penas que tienen. Estos chiquilines no sé en qué país se creen que viven y nosotros vamos a hacer lo necesario para que sufran las consecuencias de este acto vandálico”, dijo Saavedra. Nada de referencias sobre los contextos críticos del que salieron los “delincuentes de poca monta”, ni sobre la infancia vulnerada. Y el presidente Yamandú Orsi lo llamó para respaldarlo.
Y el martes 17, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo en VTV que a él no le deben preguntar si es “antichorro o no”. “Hace menos de un año me pusieron un revólver en la cabeza, y un revolver en la cabeza a mi esposa. Hace diez años asesinaron a la madre de mis hijas. No tiene que preguntarme si soy antidelincuente, lo viví en carne propia”, dijo.
Más allá de lo obvio del rechazo a la delincuencia, en buena parte de la izquierda ganó la idea de que debe ser otra la respuesta a la preocupación que tiene la mayoría de los uruguayos sobre la inseguridad en las calles.
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz
Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Ya el presidente Yamandú Orsi había observado en noviembre que la izquierda pegó un giro en estos asuntos. “Antes a la izquierda le costaba hablar de seguridad. Hablaba de convivencia. Nos costó en Europa también. Teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Lo dije en campaña, la seguridad es un derecho humano. La izquierda ya no tiene esa dificultad", dijo el presidente. Y luego provocó polémica al afirmar que el modelo de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador era un asunto a “analizar”. Luego tuvo que aclarar que se refería a analizar por qué hay gente que se abraza a esas políticas extremadamente represivas.
En diciembre volvió a hablar del tema en una entrevista con el canal de Youtube Yunta: “Alguien que es autoritario y tiene la adhesión popular que tiene… A menos que pensemos que los centroamericanos y salvadoreños son subdesarrollados mentales, cosa que no es así. Son tan humanos y apreciadores de la democracia como nosotros. Ahora, ¿por qué lo eligen? Explíquemelo alguien”.
Sus palabras quedaron flotando en el aire. Tanto que, por las dudas, este lunes al presentar el Plan Nacional de Seguridad que será aplicado por el gobierno y del que aún no se conocen detalles, el ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró: “El objetivos es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático".
Los números del miedo
Lo cierto es que hace rato que muchos uruguayos vienen dando señales de que quieren que los políticos ejerzan contra la delincuencia una presión que aún consideran leve.
El plebiscito impulsado en soledad por Jorge Larrañaga en 2019, ayuno de apoyos de los candidatos presidenciales –el expresidente Julio Sanguinetti dijo que lo respaldaba a título personal- terminó arañando el 47% de los votos y le faltó poco para ser aprobado. La propuesta presentada bajo la consigna "Vivir sin miedo" establecía, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional integrada con efectivos de las Fuerzas Armadas, la prohibición de la libertad anticipada para delitos graves, la cadena perpetua revisable y la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos que la Constitución solo permite hacerlos de día.
Además, diversos analistas han considerado que buena parte de las razones de la derrota de la izquierda en 2019 estuvieron vinculadas con los problemas para enfrentar a la delincuencia.
Y este jueves, la empresa Equipos divulgó los datos de su último sondeo en el que Bukele aparece como el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos. Primero entre los votantes de la Coalición Republicana y segundo entre los que apoyaron al Frente Amplio.
Por eso, no es extraño que las palabras de los políticos acompañen la percepción de la opinión pública. "Acá si son ellos contra nosotros. La gente mala existe", había tuitiado Orsi en 2018 tras el asesinato de una trabajadora en Neptunia.
Los dichos de Sánchez y de Saavedra se alejan del discurso tradicional de la izquierda -piadoso con quienes delinquen “porque el sistema los obliga”-, y distinguen la vulnerabilidad social de la responsabilidad individual.
El "Pacha" le quitó el aura de mártir al delincuente juvenil –“yo no creo en pobrecitos los niños”- y enfrentó a los chorros con sus vecinos, esos que con carencias parecidas eligen el ómnibus de las siete de la mañana y no el revólver en la esquina.
Por su lado, las palabras de Saavedra, un hombre que trabajó en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) y conoce los pesares del adentro y el afuera de las cárceles, no tuvieron precisamente el tono de un educador. Su estallido –“delincuentes de poca monta”- representa un giro semántico con el tradicional “gurices en conflicto con la ley” que abunda en el discurso del Frente Amplio.
Es evidente que la marginalidad es una herida social que genera violencia, y que no se le puede exigir lo mismo a los que nacen en el barro del cantegril que a quienes se criaron en el sur de avenida Italia. Sin dejar de advertir esa diferencia, en la izquierda uruguaya asumen que desde aquel “todo preso es político” hasta esta Gruta de Lourdes donde ya no hay códigos, ha corrido tanta agua que ya resulta difícil justificar que la pobreza se convierta en un salvoconducto para el delito.
