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17 de octubre 2025 - 5:00hs

“Vamos a reintroducir la Tarifa Consumo Básico de Energía”, anunció Yamandú Orsi en la Plaza de Toros de Colonia en setiembre del año pasado. “De los 360 mil hogares que la tenían, la mitad la perdieron y en promedio pagan ahora un 25% más, desde que este gobierno la eliminó”, acusó el entonces candidato del Frente Amplio.

Ahora del otro lado del mostrador, el directorio de UTE nombrado por su administración aprobó un descuento de hasta un 40% sobre la Tarifa Residencial Simple –la que alcanza hoy a más de un millón de servicios en hogares– que aplicará para jubilados y estudiantes becarios del Fondo de Solidaridad que consuman menos de 150 kWh por mes. El ente calcula que este descuento automático beneficiará a unos 30 mil hogares de jubilados y pensionistas y a 10 mil hogares de estudiantes.

La resolución desató, de inmediato, una disputa de relatos: el gobierno celebró que cumplía uno de los 48 compromisos de campaña y la oposición –que también lo votó– retrucó que no era cierto, que solo introducía un nuevo descuento para un público específico. El director blanco Darío Castiglioni argumentó en el directorio que se aprobaba “una bonificación” y “no la posibilidad de incorporar nuevos clientes” a la Tarifa Consumo Básico (TCB) creada en 2010 por el gobierno de José Mujica.

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La ministra de Industria, Fernanda Cardona, afirmó sin embargo ante la Mesa Política del Frente Amplio que “es un tecnicismo decir que no volvió” y que este año debían “dar la señal” de que se está cumpliendo “con el mensaje que dio el presidente Orsi en campaña”. Ante la consulta sobre cuándo volverá a generalizarse, la jerarca del MPP sostuvo que tienen que “ser serios y lógicos” y que no pueden “volver el tiempo atrás” a la hora de retomar la TCB en la misma forma en que regía antes de 2022.

Ute Puntas del tigre
Central de UTE en Punta del Tigre.

Central de UTE en Punta del Tigre.

Cardona era directora por el Frente Amplio en UTE cuando la administración de Luis Lacalle Pou eliminó la posibilidad de nuevos ingresos a la TCB. El gobierno de coalición fundamentó entonces que era “un subsidio mal diseñado” al que podían acceder a “precios muy ventajosos” quienes consumieran por debajo de los 230 kWh por mes, lo que significaba, a entender del exministro blanco Omar Paganini, que entre los beneficiarios hubiera “personas solas con un buen pasar, con un apartamento en la costa o casas de veraneo”.

Paganini planteaba también que había “familias vulnerables” que no accedían a la TCB por consumir más que el tope permitido, que “se supera fácilmente” y por tanto “terminan pagando más caro”. A partir de 2022 la resolución de UTE implicó que no ingresaran nuevos beneficiarios y que solo mantuvieran la TCB quienes no se pasaran más de dos veces en el correr de un año del tope de consumo o que no se mudaran del hogar registrado.

Cardona repasó ante los dirigentes frenteamplistas que la tarifa surgió en el gobierno de Mujica a raíz de los “problemas de abastecimiento” y que luego UTE “tomó la decisión política” de mantenerla a pesar de que la demanda quedó cubierta con el cambio en la matriz energética. El Frente Amplio entendió entonces que iba a ser más contraproducente sacársela a los hogares que la tenían que lo que al final del día fuera a reportarle a UTE en términos de facturación.

La TCB alcanzó un pico de más de 359 mil clientes a fines de 2021. Al cierre del año pasado, en tanto, había descendido a menos de 164 mil servicios activos: la perdieron quienes se mudaron, quienes se excedieron más de dos veces en el año del tope de los 230 kWh mensuales o quienes pasaron a ser beneficiarios del Bono Social creado por el anterior gobierno para usuarios del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy abarca a unos 200 mil servicios.

La ministra relató ante la Mesa Política que cuando se votó en el directorio dejó la constancia de que el bono suponía “un nombre nuevo” para tarifas “que ya existían” y defendió que “la gente que tiene el bono social no es la misma intersección que la que tenía la TCB”.

Mientras era directora en UTE argumentó que el 85% de los suministros de la tarifa en Montevideo y el 80% de los del interior se concentran en los cuatro primeros deciles de ingresos que no necesariamente están contemplados en el Mides. Cardona también decía que “no tenía sustento” el argumento de Paganini de que fuera “injusto” el subsidio, dado que “sería similar a plantear” que se deben cortar con los beneficios para “tamberos o arroceros por considerar que entre ellos hay clientes” de buen nivel económico.

Ante la Mesa Política, la ahora ministra explicó que dados los 250 mil hogares que perdieron la TCB, “UTE no puede hoy volver a ponerle a toda la cantidad de gente que la perdió porque habría que ver el estado de situación”. Cardona expuso que “pasaron más de dos años” y que UTE “no puede decir que vuelve a todo el mundo”, sino que tiene que “ir sacando la cuenta” y “ver cómo se comporta” para seguir “ampliando” la población beneficiaria.

La ministra Fernanda Cardona acompañó al presidente Yamandú Orsi en el Meta Day, un evento organ

El planteo de un “escenario de mínima” para jubilados y estudiantes había sido parte de su postura en minoría durante la administración pasada. El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, había asegurado semanas atrás que el ente también debe “atacar el problemita de las redes de mantenimiento” y las previsiones de “consumos altos” de cara al verano, por lo que en el futuro deberán dilucidar cuánto margen tienen para extender el beneficio que Orsi comprometió “reintroducir”.

Iniciativa Uruguay Sur

Cardona también entregó a la Mesa Política un informe sobre la Iniciativa Uruguay Sur organizada la semana pasada por el Ministerio de Industria con el apoyo del Transnational Institute y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Montevideo fue la sede de un encuentro de dos días entre académicos y autoridades del continente, de Europa, Asia y África bajo la mirada común “del sur global”, expuso la ministra. A raíz de eso se conformó un grupo de trabajo para pensar el desarrollo industrial de los países y facilitar la integración, con insumos para el diseño de la nueva Política Industrial a 2050 que está desarrollando el MIEM.

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