Había sido suscrito en diciembre de 2017, Uruguay lo había ratificado a mediados de 2022 y recientemente, Brasil cumplió con el depósito del segundo instrumento de ratificación, por lo que mañana entrará en vigor el protocolo de contrataciones públicas del Mercosur entre ambos países.
La herramienta permitirá que los proveedores uruguayos puedan acceder al mercado de las compras públicas de Brasil, con un trato no discriminatorio con respecto a sus nacionales.
El protocolo "configura a nivel regional un avance esencial en materia de estandarización de procesos, y sobre todo de alineación conceptual en el Mercosur, lo que no solo otorga acceso recíproco a las compras de las partes, sino que también permite contar con una base armonizada a la hora de negociar con terceros países o bloques", destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado.
Desde dicha cartera remarcaron el "atractivo" del mercado de las compras públicas brasileñas, por lo que dijeron que el protocolo es un "excelente instrumento de acceso".
En esta línea, el MEF explicó que el mercado de las compras públicas de Uruguay es abierto, por lo que no discrimina en materia de acceso, ni en función del origen del proveedor ni del servicio o el bien a adquirir. Estas características diferencian al mercado uruguayo de los sistemas implementados por los países socios del Mercosur, dado que el nacional permite que los socios del bloque tengan acceso a participar de las compras públicas de Uruguay.
No obstante, esto no funcionaba de la misma manera para las empresas uruguayas que quisieran participar de los procesos de compras públicas de los países del Mercosur, "ya que los mercados de los socios distinguen entre compras públicas nacionales e internacionales, vedándose en las primeras la posibilidad de acceso a un extranjero", señaló el MEF.
Al suscribir el acuerdo, Uruguay deberá cumplir con ciertos compromisos vinculados a los límites de las obligaciones contraídas, que se determinan por: "las entidades cubiertas, que incluyen solo el nivel central de gobierno" y ciertos umbrales establecidos para bienes y servicios, y obra pública.
_INE7648_1.webp
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Camilo dos Santos
Asimismo, el acuerdo definió ciertas causales de exclusión al ámbito de aplicación del acuerdo, tales como los contratos de delegación de servicios (autorizaciones, permisos y concesiones, incluida la concesión de obra pública); las compras de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, gas natural, aditivos para lubricantes y sus fletes; las compras de energía; las compras de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de características especiales; los contratos con empresas de servicios energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); la adquisición de bienes o servicios cuando haya notoria escasez de los bienes o servicios a contratar; la contratación de instituciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia social, a la enseñanza, a la investigación y al desarrollo institucional.
El protocolo también se reservó la posibilidad de que en los contratos de obra pública, Uruguay va a poder condicionar el otorgamiento de un margen de preferencia en el precio de las ofertas en lo que corresponda, a la utilización de mano de obra uruguaya.
Por otro lado, también se marcaron ciertas exclusiones a la licitación pública en el caso de servicios de construcción u obra pública.
Desde el MEF explicaron que más allá de esas exclusiones, en el acuerdo también "se estableció una reserva de mercado general que salvaguarda un margen de discrecionalidad del Estado para generar nuevos programas de compras públicas a ser utilizados como un instrumento de política pública de promoción de un sector o actividad".
Esto último implica que cada año, Uruguay podrá reservar contratos de compra de las obligaciones del protocolo, por un monto equivalente al 15% de las compras totales que haya hecho el año anterior. De esta forma, el país "obtendrá acceso a los mercados de los socios, pero conservará un margen de exclusión a la aplicación del acuerdo de tal magnitud, que solo se traduce en un instrumento de ganancia para el país", indicó el MEF.
