La Cámara de Zonas Francas del Uruguay pidió eliminar los dos artículos que el gobierno de Yamandú Orsi incluyó en el Presupuesto Nacional con el objetivo de crear la versión doméstica del Impuesto Mínimo Global que impulsa la OCDE.
Según un comunicado de la cámara, concretar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (como se conoce a la versión local del global) "desalienta" y "pone en riesgo inversiones", en un "contexto de incertidumbre global".
El presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, ya se había manifestado contrario a esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Ahora, en tanto, la cámara pide expresamente eliminar los artículos 628 y 662 del proyecto de ley, que está a estudio del Parlamento.
Mientras que el primero de los artículos modifica otro de la Ley de Zonas Francas, el segundo (el 662) establece el "esqueleto" del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico y a quiénes alcanzaría. El planteo de la OCDE, por ahora ejecutado en poco más de 50 países y en América Latina solo en Brasil, abarca a las multinacionales que facturen más de 750 mil euros por año.
Las zonas francas, sin embargo, entienden que la puesta en marcha de este impuesto entraría en conflicto con lo establecido en la Ley de Zonas Francas, donde se establece que los usuarios de estas zonas estarán "exonerados de impuestos creados o a crearse" durante el plazo que dure el contrato que se haya firmado, y también con otro que señala que el Estado será "responsable por los daños y perjuicios".
En el comunicado divulgado este miércoles, la cámara considera que el artículo del Presupuesto Nacional que modifica la Ley de Zonas Francas vulnera la "seguridad jurídica", ya que ese y el 662 del proyecto de ley "omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo cual viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica, pilares fundamentales del régimen de Zonas Francas".
Por esta razón, la cámara entiende que, de concretarse el plan, Uruguay se expondrá a "litigios", ya que la Ley de Zonas Francas "habilita juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía".
"El daño reputacional por su eventual implementación ya es noticia en el plano internacional", advierte el comunicado.
La cámara también entiende que con los artículos incluidos en el Presupuesto Nacional se "desalienta y pone en riesgo" las inversiones. "Es inoportuna e innecesaria ya que desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas, con la consecuente pérdida de empleos y exportaciones. Su aprobación coloca a Uruguay en desventaja frente a la región, dónde ningún país – excepto Brasil – ha implementado el impuesto".
Ante el reclamo de las zonas francas el gobierno, tal como había informado El Observador, está dispuesto a clarificar algunos puntos en la redacción del Presupuesto Nacional.
Así lo señaló el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien dijo que "no hay problema" si es necesario introducir modificaciones para dar garantías. El jerarca insistió en que "el impuesto es inocuo" y que busca "localizar" lo que las compañías ya están pagando en sus países de origen.
Por otra parte, hay contactos a nivel internacional. Los cambios impositivos que el Ministerio de Economía pretende establecer -con la aprobación del Presupuesto- forman parte de un intercambio frecuente que se realiza con técnicos de la OCDE. La redacción tiene que cumplir con determinados requisitos que impone el organismo para que respete las denominadas reglas GloBE.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, había sido consultado por el planteo de las zonas francas en una entrevista con Desayunos Informales días atrás.
Vallcorba consideró que la cámara hacía una "mala interpretación" de lo planteado por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional. El economista reconoció que hay "muy poquitas" empresas usuarias de zonas francas en Uruguay que no estarán alcanzadas por el Impuesto Mínimo Global (porque sus negocios no tienen ninguna pata en un país que haya adherido al impuesto de la OCDE).
"En esos casos lo que Uruguay va a hacer es un mecanismo por el cual a esa empresa no se la va a estar gravando. Esos son aspectos que estarán en la reglamentación y que la estamos trabajando en coordinación con la OCDE", señaló.
"Uruguay tiene una situación preexistente que es la clave, que es un compromiso establecido en la Ley de Zonas Francas por la cual Uruguay no le va a generar un perjuicio desde el punto de vista tributario a las empresas. El concepto clave es el perjuicio. Una empresa que va a tener que pagar el Impuesto Mínimo Global en el exterior, si en lugar de pagarlo en el exterior lo paga localmente no se genera un perjuicio, porque el costo no lo tiene. Quien no lo tiene que pagar el compromiso asumido es que no se le va a cobrar".
