Con la comparecencia del equipo económico este viernes en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto dio inicio el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que marcará el devenir de los próximos cinco años. Desde el gobierno aseguran que con ese texto –y otras medidas tomadas anteriormente– ya tienen en marcha más de la mitad de los compromisos asumidos en la campaña electoral.
Sin embargo, en el Partido Nacional están haciendo un seguimiento cuerpo a cuerpo de esos compromisos y para el inicio del debate presupuestal prepararon un documento, al que accedió El Observador, donde repasan una a una esas medidas y las clasifican en tres colores según nivel de cumplimiento.
El gobierno dividió en cinco ejes sus prioridades: desarrollo, seguridad, vivienda, cohesión social y cuidados e infraestructura. El documento de los blancos señala que en el área que hay más cumplimientos es la de cohesión y cuidados con cuatro medidas de 13 ya cumplidas.
En general, para los blancos solo el 16% de los compromisos asumidos por el Frente Amplio –y ratificados por el gobierno en el Consejo de Ministros del 25 de marzo– están en marcha o contemplados en el Presupuesto para cumplirse.
Se trata de diez medidas que el Partido Nacional entiende que el gobierno ha dado pasos en dirección a concertarlo. Esas medidas son: aumentar un 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, implementar un apoyo de $ 2.500 a los niños que van a CAIF, jardines y escuelas públicas, multiplicar por cinco las becas Butiá e incrementar el monto de $ 10.000 a $ 25.000, apuntar el crecimiento salarial principalmente de los salarios más sumergidos, llevar a 20 mil las cámaras de videovigilancia, implementar el programa Crece desde el pei para niños recién nacidos
También hay otras medidas que no necesariamente implican recursos como la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crímen Organizado y el Narcotráfico, una ventanilla única para Mipymes y la instalación del diálogo social sobre protección social. Además, entre las medidas que se están cumpliendo está la creación del Impuesto Mínimo Global.
Después hay otras 28 medidas (44%) que los blancos entienden que lo que se está haciendo es continuar políticas que vienen de la administración anterior o existen algunos avances pero no está previsto que el compromiso se cumpla por completo. Y en estos asuntos empiezan las diferencias respecto a lo que dice el Poder Ejecutivo sobre el avance en los compromisos asumidos.
Por ejemplo, respecto a la represa de Casupá el gobierno dice que está en marcha pero el Partido Nacional lo marca en amarillo porque en el proyecto de ley de Presupuesto no se asignan recursos para su construcción. El Ministerio de Ambiente, sin embargo, ya anunció que ese proyecto se va a financiar con un préstamo del Banco de Desarrollo CAF.
Para los blancos tampoco está claro que el Ministerio del Interior empiece a aplicar el programa Más Barrio, tal como se comprometió, porque no hay partidas claras que se destinen a ese programa.
Otro de los compromisos que está en amarillo en el listado del Partido Nacional es la incorporación de 2.000 dispositivos móviles gratuitos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y basada en género porque los fondos recién están previstos para 2027.
En varios temas señalan continuidad. Por ejemplo, la reducción de costos para las MiPymes es una política que, dicen los blancos, que viene de la administración anterior, lo mismo sucede con la promoción de la recalificación de trabajadores a través de Inefop en articulación con las empresas públicas, la Udelar y la UTEC.
Los compromisos en rojo
La oposición entiende que hay 25 compromisos que no se cumplieron y tampoco hay indicios de que se vayan a concretar con las acciones previstas en la ley de Presupuesto.
Entre esas se encuentra la que habla de desarrollar un plan maestro de transporte público de pasajeros, adecuar la ley de puertos, la implementación de un plan nacional de agua, la apertura de nuevas residencias estudiantiles, la creación del Ministerio de Justicia, los 2.000 nuevos cargos policiales (hay solo mil para el Instituto Nacional de Rehabilitación) y el fortalecimiento de la regla fiscal, entre otros.
Los blancos entienden incluso que lo que hace el proyecto es debilitar la regla fiscal porque se elimina el control sobre el gasto público. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del jueves, el titular de Economía, Gabriel Oddone, defendió esta medida asegurando que se trata de un pilar redundante al establecer un tope a la deuda y agregó que para esta administración el gasto público no es mala palabra “per se”.
