La denominada operación Alquitrán culminó con 21 personas detenidas y la realización de 19 allanamientos en Artigas, Salto y Montevideo
Una investigación coordinada entre autoridades de Uruguay y Brasil derivó este jueves en una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de cigarrillos.
La denominada operación Alquitrán culminó con 21 personas detenidas, la realización de 19 allanamientos en Artigas, Salto y Montevideo, y la incautación de 39.734 cajillas de cigarrillos de contrabando entre ambos países.
El operativo fue ejecutado de forma conjunta por la Policía Nacional de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, tras varios meses de investigación sobre una red dedicada al ingreso ilegal y distribución de cigarrillos en territorio uruguayo.
Según informó la Jefatura de Policía de Artigas, en Uruguay se realizaron 19 allanamientos simultáneos en cumplimiento de órdenes judiciales.
Durante los procedimientos fueron detenidas 21 personas presuntamente vinculadas a la organización investigada.
Además, se incautaron 24.234 cajillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 48 cajas, mercadería que la Dirección Nacional de Aduanas valoró en $ 2.423.400.
Los investigadores también intervinieron dos comercios por presuntas infracciones aduaneras y contrabando de cigarrillos, además de varios vehículos que habrían sido utilizados en las maniobras investigadas.
A su vez, fueron incautados 21 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas y otros elementos considerados relevantes para la causa.
De manera paralela, la Policía Civil brasileña realizó inspecciones en locales vinculados a la organización.
Como resultado de esos procedimientos se incautaron 31 cajas de cigarrillos, equivalentes a 15.500 cajillas, mercadería valuada en aproximadamente 77.500 reales.
De acuerdo con el análisis realizado por los investigadores, la organización habría ingresado ilegalmente a Uruguay unas 675 cajas de cigarrillos entre enero de 2025 y mayo de 2026.
La mercadería era posteriormente distribuida en distintos departamentos del país.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto a las jefaturas de Policía de Artigas y Salto, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Civil de Brasil.