El escándalo con el exsenador argentino Edgardo Kueider, imputado por contrabando en Paraguay junto a su secretaria al intentar ingresar a ese país más de US$ 200 mil no declarados, tuvo un coletazo en Uruguay, en el que se vio mencionada una corredora de bolsa que se vio en la obligación de desvincular su participación ante el Banco Central del Uruguay (BCU).
Dos días después de que Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, cruzaron la frontera hacia Paraguay en octubre pasado, Golsur S.A. le otorgó a ella un amplio poder para manejar la empresa “en todos sus negocios y asuntos administrativos, comerciales y judiciales”, informó Infobae. Con ese documento Kueider y Guinsel Costa intentaron justificar el dinero en su poder.
Ese medio también informó que un asesor financiero de Golsur S.A. Pedro Roure Rius, representa a la empresa en temas tributarios, y lo vinculó a la venta de sociedades anónimas. Infobae informó que en setiembre de 2024, apenas unos días antes de la entrega de Golsur a Kueider y su secretaria, Roure Rius adquirió el 100% del paquete accionario de Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A, con sede en Uruguay.
Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A, con sede en Cooper 1938, Carrasco, envió este 7 de enero una comunicación a la Superintentencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay en la que aseguró que "no tiene ningún tipo de vínculo con el Sr. Pedro Roure, siendo sus accionistas los señores Juan Pablo Rodríguez Chiarino con un 93,52% y Luis Andrés Deana Raggi con un 6,48%".
El vinculo de Roure con esa empresa aparece en una resolución del 29 de setiembre de 2014 en la que el BCU autorizaba la transferencia del 100% del paquete accionario de Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A. propiedad del Sr. Nelson Gabriel Correa Falfaro a favor del Sr. Pedro Roure Rius.
Además de que Paraguay viene investigando a Kueider por lavado y otros delitos, la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado investiga al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En el exhorto enviado a Paraguay, donde también pidió un allanamiento al domicilio actual y el secuestro de los teléfonos, aclaró que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
La investigación también apunta a su presunta participación en una asociación ilícita destinada a operaciones financieras y la compra de bienes para blanquear dinero de origen ilegal.
La justicia paraguaya espera informes bancarios para avanzar en la causa.