Con las firmas del presidente Yamandú Orsi y el ministro Edgardo Ortuño, el 20 de agosto las Islas del Queguay y parte de la costa del río Uruguay pasaron a ser áreas protegidas, cerrando así un ciclo que comenzó en 2018 cuando un grupo de organizaciones propusieron su ingreso buscando conservar el paisaje, ecosistemas y especies prioritarias.
Aunque festejaron el ingreso, la decisión no dejó del todo conformes a sus proponentes, que tras analizar los cambios cuestionan que se haya reducido el área protegida y consideran que las medidas para preservar los ecosistemas que se proponen “resultan inadecuadas y a veces contradictorias”.
El biólogo Diego Varela, redactor del proyecto inicial presentado por Gensa (Grupo Ecológico Naturista Sanducero), señaló a El Observador que de las 18.910 hectáreas que sumaban el total de padrones iniciales quedaron 2.874 correspondientes a padrones continentales a los que deben sumarse 2.521 hectáreas más de islas por el añadido de las islas Almirón, Mellizas y Sombrerito. Ambiente señala que en total –sumando bancos de arena– la superficie total del área protegida son 8.327 hectáreas.
Uno de los cuestionamientos de Varela es que dentro del área excluida estén los padrones adquiridos por HIF Global, la empresa que pretende construir una planta de producción de hidrógeno verde en la zona. “El diseño actual de la reserva facilita la instalación de la planta en las inmediaciones del área protegida”, dijo el biólogo a El Observador.
Varela rechazó que se haya eliminado la “zona costera de amortiguación de 42 kilómetros de extensión norte-sur” que está situada entre el arroyo Malo y el arroyo San Francisco, que el proyecto inicial proponía preservar en calidad de paisaje protegido.
Las zonas de amortiguación son regiones que protegen la “zona núcleo” del área de impactos y presiones externas próximas a la reserva. “Como consecuencia directa de esta eliminación habilita la instalación de la planta de HIF Global, que constituye la mayor y más grave presión que amenaza el área protegida”, mencionó.
El biólogo consideró “inadmisible” desde un punto de vista ambiental y conservacionista que se “instale una planta de más de 100 hectáreas de superficie, que talará más de 30 hectáreas de bosque autóctono” en la zona.
Según supo El Observador por fuentes de Ambiente, el “recorte” de las zonas quedó confirmado en enero de este año, antes del cambio de gobierno. Previamente, las autoridades habían conversado sobre la importancia de aprobar la nueva área protegida y ponderaron –para lograrlo– excluir los lugares que podían generar más conflicto con privados. A su vez, consideraron que los padrones de la zona sur (donde están los de HIF) no eran los más relevantes de todo el proyecto.
El artículo 3° del decreto de ingreso de las Islas del Queguay al sistema de áreas protegidas establece una serie de prohibiciones que hacen inviable el desarrollo de un emprendimiento en la zona. En diversos literales, se prohíben los procesos de urbanización, obras de infraestructura que alteren el paisaje o las características ambientales, paisajísticas o ecosistémicas del área. También los vertidos de residuos, así como el desagüe de efluentes o la liberación de emisiones contaminantes sin el tratamiento que especialmente se disponga.
Presión y amenazas al área
En el documento de enero utilizado como base para el decreto, Ambiente hizo referencia en varias instancias al proyecto de hidrógeno verde, el cual es considerado una “fuente de presión para el área”.
“Esta industria se proyecta localizar en padrones aledaños al área protegida y la toma de agua será dentro de los límites del área, desde el margen continental sobre el río Uruguay a la altura de la Isla San Miguel”, dice.
En otro pasaje, señala que una de las amenazas que afecta la zona es el “cambio en la cobertura del suelo”, principalmente debido a actividades agropecuarias como los cultivos de secano, la forestación con especies exóticas y los cultivos frutales.
Respecto a HIF Global, dice que –si se lleva a cabo– implicará la tala de bosque nativo (33 hectáreas) que forman parte del corredor biológico del río Uruguay, con la consiguiente “pérdida de hábitats para la fauna, alteraciones en los niveles de iluminación y la emisión de ruido en las cercanías, entre otras amenazas potenciales”.
“La conservación de la diversidad biológica en las islas está indisolublemente unida a la preservación de esta diversidad en las zonas costeras. Es necesario un control efectivo de las actividades humanas en el corredor ripario ribereño, procurando lograr el compromiso y la colaboración activa de los propietarios de las tierras marginales”.
Para Varela, la instalación de la planta sentará "un precedente negativo” porque será “difícil explicar a los propietarios de los padrones ribereños, que no deberán emprender modificaciones sustanciales de vegetación, suelos y paisaje en sus propiedades”.
