En Uruguay, existen una serie de delitos menores, considerados faltas, que fueron actualizados en 2013 y que establecieron que quienes las cometen deben pagar, en la mayoría de los casos, con trabajo comunitario. En ese grupo entran faltas como manejar sin libreta, en estado de embriaguez, participar en picadas, revender entradas sin autorización u ocupar espacios públicos de forma indebida.
“No tengo sentencias, porque no tengo acusaciones fiscales. Esa es la realidad”, sostuvo Pírez, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Previo a que el juez interviniera en la sesión, el diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, había expresado su preocupación por los datos estadísticos de sentencias definitivas por casos de faltas.
Según detalló el legislador —en base a los datos que había recibido del Poder Judicial—, en 2022, por ejemplo, hubo 14.693 denuncias presentadas por “distintos tipos de faltas”, pero solo sentencia definitiva en 2.300. Es decir, en cerca del 15% de las denuncias.
“O sea que hay un alto porcentaje de las denuncias que se reciben que se pierden, no tienen efecto, no terminan en nada”, lamentó.
En el caso particular de la conducción de vehículos motorizados sin autorización, Inthamoussu leyó que en 2022 se presentaron 11.576 (del total de 14.693), pero que la sentencia definitiva se había dictado en apenas 1.408. “¿A qué se debe esa cantidad de denuncias que no terminan en nada?”, preguntó.
Gente en situación de calle/pobreza/indigentes
Inthamoussu también se mostró sorprendido al conocer, a raíz de una respuesta de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama, antiguamente OSLA) que existen problemas para conseguir que las personas que cometen faltas se presenten a la audiencia judicial.
“Cabe destacar que en Montevideo un alto porcentaje de las medidas recibidas por correo electrónico no culminan con la comparecencia del acusado”, leyó el legislador en base a la respuesta de la Dinama.
“En la práctica —nos dijo la Dinama—, el grado de efectividad para que las personas que incumplan sean efectivamente privadas de libertad por los días no cumplidos, resulta bajo. En Montevideo, un número significativo de medidas derivadas no culminan con la comparecencia inicial del encausado, lo que impide incluso iniciar el proceso de derivación”, agregó el legislador frenteamplista, exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) y exsecretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
La Ley de Faltas establece que los jueces serán notificados de la comisión de una falta y deberán citar a audiencia dentro de los diez días siguientes. En Montevideo las denuncias las tramitan los jueces de Faltas, que son dos, y en el interior los jueces de Paz.
Pero la ley establece que en la audiencia deben estar el juez, el acusado —junto a su defensor— y un representante del Ministerio Público (la Fiscalía). Y que es este último el que, con las pruebas a la vista, debe presentar su acusación en la audiencia o, por el contrario, pedir el sobreseimiento. Estos casos, por el tipo de delito al que refieren, son tramitados por las Fiscalías de Flagrancia.
Es condición indispensable para celebrar la audiencia que haya un representante de la Fiscalía, es decir, un fiscal. De lo contrario, la denuncia se archiva. Y está previsto que el juez resuelva el caso en esa misma audiencia, sin más demora.
¿Por qué entonces hay pocas sentencias? En la sesión de la comisión, Pírez lo graficó de esta manera: “Yo llevo a la gente, pero si no tengo una acusación fiscal, el juez no puede condenar”.
El problema, agregó luego, no es que los fiscales no concurran, sino que en la mayoría de los casos los fiscales entienden que “puede proceder el archivo por la explicación que da el indagado”. “Por ejemplo, porque no pudo sacar la libreta o porque tuvo una lesión”.
Tras esta afirmación del juez, el diputado colorado Mauricio Viera preguntó si entonces las personas eran dadas por sobreseídas.
“Sí”, respondió Pírez. “Se archivan porque el fiscal está de acuerdo o porque en algunos casos no comparecen porque no son ubicadas las personas”, subrayó.
Por lo anterior, Pírez reclamó —al igual que han solicitado otros actores, como el actual presidente de Unasev, Marcelo Metediera— que se cree una Fiscalía de Faltas para llevar adelante estos casos. “¿Cuándo van a poner una Fiscalía de Faltas?”, preguntó.
El juez llevó a la sesión datos actualizados sobre sentencias dictadas, aunque en base a expedientes armados y audiencias convocadas. Dijo que en 2024, por ejemplo, los juzgados de Faltas habían convocado a 5.948 audiencias, pero dictado 561 sentencias.
En 2025, en tanto, las audiencias habían sido 5.194, pero las sentencias 414. En años anteriores, como 2022 y 2019, las sentencias habían sido 1.012 y 1.065 respectivamente.
“Hemos bajado, pero también puedo decir que, en los últimos tres o cuatro años, no recuerdo una acusación fiscal a la que yo no le haya hecho lugar”, insistió Pírez.
Proyecto de ley para que fiscales respondan por escrito
El diputado colorado Viera presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley para modificar los artículos de la Ley de Faltas que establecen cómo deben llevarse a cabo las audiencias.
El objetivo del proyecto —a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados— es permitir que la concurrencia de los fiscales a las audiencias por faltas sea opcional, dando la posibilidad de que se manifiesten por escrito.
En la exposición de motivos, el representante colorado sostuvo que se genera una sensación de "liviandad del Estado", por el hecho de que la cantidad de denuncias que se formulan ante la Policía o Fiscalía quedan "sin persecución penal" por la escasez de funcionarios de Fiscalía y la cantidad de trabajo.
