La actividad de las empresas públicas y sus jerarcas al mando siempre dan que hablar en los gobiernos de un Frente Amplio que las concibe como “motoras de desarrollo” y “vanguardia” del país. Aunque con matices ideológicos hacia adentro, la izquierda juega varias de sus fichas a estos organismos para apuntalar el crecimiento en el período.
El gobierno electo cerró la semana pasada las principales designaciones en este rubro, con una especial apuesta por los nombres de la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona. “Agradezco la confianza de haber considerado las propuestas que tuve en lo personal, sobre todo en las presidencias y las vicepresidencias (de las empresas públicas)”, sostuvo la dirigente del MPP, quien permanece con el “doble bonete” de seguir como directora por la oposición en el saliente directorio de UTE.
Abogada de profesión y con un posgrado en dirección de empresas públicas, Cardona trabajó durante años cerca de Carolina Cosse, primero como su asesora en Antel y luego como su directora general de secretaría en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Hoy distanciada de la vicepresidenta electa, la jerarca es persona de confianza del futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y definida como un “cuadro” valioso por parte de la nueva generación del MPP en el poder.
20250214 Presentación de futuras autoridades de las empresas públicas, entes estatales junto a la futura ministra de Industria Fernanda Cardona.
Foto: Inés Guimaraens
Según pudo reconstruir El Observador, las propuestas de Cardona para las empresas públicas terminaron materializándose la semana pasada, bajo la premisa de que estén dirigidas por profesionales con conocimientos en la materia. Al frente de Antel estará Alejandro Paz, ingeniero electricista y ex-gerente del período de Cosse -llegó a estar en La Amplia años después- que terminó abriéndose como independiente en el FA e integrándose a Siembra, una especie de think tank del MPP impulsado por “Pacha” Sánchez el último quinquenio. En este período fue asesor del director opositor Daniel Larrosa.
En la presidencia de UTE estará Andrea Cabrera, economista especializada en finanzas y tarifa que entró como funcionaria de carrera en la compañía. La futura jerarca es asesora de la presidencia de la institución desde la gestión de Germán Casaravilla y en el último tiempo acompañó a Cardona como directora de la oposición.
En Ancap estará al frente la ingeniera química Cecilia San Román, quien trabajó cerca de Ramón Méndez durante su período en la Dirección de Energía. Aparte de técnicos con formación en la materia, los presidentes de estas tres empresas públicas son todos cercanos a Cardona o al MPP, con trabajo previo cerca de anteriores autoridades.
En las vicepresidencias hay otros perfiles: en Antel secundará Pablo Álvarez, actual dirigente de El Abrazo pero compañero de militancia hace décadas de la "barra" joven del MPP; en Ancap estará Ignacio Berti, hasta ahora representante de la oposición en el Banco Central pero con trayectoria en distintos directorios; y Roberto Bentancor en UTE, veterano funcionario con amplia experiencia sindical en el ente.
En el paquete de nombramientos también se incluyen los nombramientos para el Correo y la conformación de unidades reguladoras –la Ursec para telecomunicaciones y la Ursea para lo energético–, a la espera de que la oposición complete con sus referentes para el contralor. Sobre ese punto recién se abren las negociaciones y el Frente Amplio pretende hacer el mismo ofrecimiento que recibió de Luis Lacalle Pou cinco años atrás.
"Brechas de infraestructura"
Otro de los actores clave en este rubro será el equipo económico, en especial la Oficina de Planeamiento y Presupuesto encabezada por Rodrigo Arim, quien de hecho estuvo en la reunión con los designados jerarcas el viernes pasado. Desde este organismo de Presidencia de la República pretenden que las inversiones de todas las empresas públicas estén “muy coordinadas” durante el próximo período.
Fibra óptica NO USAR
Obras de conexión de fibra óptica
Foto: Antel
Este último punto fue motivo de varias fricciones entre las administraciones de José Mujica y la última de Tabaré Vázquez. La primera ordenó que las empresas públicas invirtieran todo lo que pudieran –mientras apadrinó a referentes de esas áreas como Raúl Sendic y Cosse– y la segunda, que asumió fierros calientes como la situación financiera de Ancap y la caída de la regasificadora en Puntas de Sayago, puso el foco en racionalizar los recursos.
En el actual equipo económico interpretan que, a diferencia del pasado, ya no están las “brechas de infraestructura” que propiciaron la reforma energética del primer gobierno frentista o la inversión en fibra óptica del segundo. Sí ponen el foco, en cambio, en trabajar “muy coordinadamente” para proyectos prioritarios como un plan nacional de riego, según pudo saber El Observador.
La visión crítica de Oddone
A esto se suma una visión crítica del futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien ha afirmado que en el actual esquema jurídico “conviven muchos jugadores” que “contribuyen a una falta de control y a una deficiente evaluación de los resultados”, según declaraciones citadas por el periodista Nicolás Batalla en su libro “El Despegue”. A entender del economista, esto “diluye las responsabilidades y al final del día no sabemos quién tiene que velar por qué”.
Oddone llegó a firmar en 2020 un documento –junto a colegas como Agustín Iturralde (jefe de programa de Álvaro Delgado), Ana Inés Zerbino (cercana a Ernesto Talvi), Javier De Haedo y la expresidenta de Ancap, Marta Jara– que propone que se debería “fortalecer los directorios de las unidades reguladoras y de las empresas públicas, exigiendo perfiles con competencias específicas, mejorando las remuneraciones, estableciendo mayores impedimentos para participar en cargos electivos” y limitando “la puerta giratoria hacia la actividad privada”.
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El economista, Gabriel Oddone durante la charla abierta en el Argentino Hotel de Piriápolis.
Foto: redes Frente Amplio de Maldonado
También allí propusieron crear “un organismo especializado dentro del Estado que se encargue de monitorear permanentemente el desempeño de los directorios” de estas empresas para velar por “el cumplimiento de las metas establecidas y la rentabilidad esperada de su actividad”.
En el libro con Batalla, Oddone llega a considerar al Antel Arena como un ejemplo de decisiones “que parecen haber estado más atadas a circunstancias políticas coyunturales que a aspectos relacionados con el cometido y los objetivos, el servicio a cargo o la rentabilidad de la empresa pública involucrada”. Junto a la Torre de Telecomunicaciones y el complejo sucroalcoholero de Alur, sostuvo allí que estos tuvieron “fundamentos en el mejor de los casos cuestionables desde un punto de vista estrictamente del negocio en cuestión”.
El economista también se explaya en la obra sobre “promover una separación más clara” entre las funciones de los políticos y la de los directores de empresas públicas, en que la política tarifaria de estos organismos no debería modificarse en función de la presión inflacionaria o de la situación fiscal del gobierno de turno y en que hay un “parche” a partir de las sociedades anónimas a las que acuden estas instituciones para operar bajo el derecho privado con menos restricciones.
