Esta vez la explosión de la granada y los tiros se escucharon en el patio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero y, previsiblemente, se empezó a hablar de un antes y un después de la violencia ejercida por el narcotráfico. El estampido que sonó en la madrugada del pasado sábado 27 conmovió a la clase dirigente porque no se trata de un ajuste de cuentas en los barrios de la periferia o de cuerpos enterrados en descampados lejanos. La violencia narco ya no está a las puertas de las casas del poder. Ya está adentro. O, al menos, en su patio.
Entonces la reacción discursiva del sistema político frente a este atentado fue inmediata, y el presidente Yamandú Orsi convocó a todos los partidos a la Torre Ejecutiva una vez enterado del atentado contra la jerarca que, cuando estuvo al frente de la fiscalía de Estupefacientes, lideró exitosos operativos antidroga. Pero las ganas expresadas para, al menos, encontrar a los responsables de este episodio, no dejan de ser más que eso, intenciones con escasos argumentos.
Porque no parece posible una respuesta rápida a un deterioro que lleva décadas y que no tiene miras de retroceder. De hecho, ya se había advertido acerca de un “antes y un después” del accionar de los narcos cuando el 9 de mayo de 2020 una granada fue arrojada contra el estacionamiento de la Brigada Antidrogas de El Prado.
Y la delincuencia vinculada a la droga volvió a golpear contra una oficina del Estado cuando el 4 de diciembre de 2024 disparó contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). “Los presos se respetan, Mendoza”, decía la esquela dirigida al director de esa dependencia, Luis Mendoza.
Por este atentado resultó condenado el narcotraficante Luis Fernández Albín, líder del grupo que, al parecer, está detrás del ataque a Ferrero.
En estos días, el encargado del área de estadísticas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, observó que entre 1985 y 2025 pasaron 22 ministros del Interior y ninguno pudo detener el avance de las distintas formas del delito pese a que cada vez se dedicaron más recursos en ese combate.
“Sin políticas preventivas y programas de resocialización a gran escala, el esfuerzo punitivo resulta inútil. Sin embargo, hasta hoy ningún país de la región ha asumido seriamente ese desafío. Podemos repetir la historia: polarizarnos en torno al populismo, exigir renuncias, pedir otra vez más policías y penas, siguiendo nuestra ruta fallida y la de nuestros vecinos. O podemos reconocer que precisamente esa combinación de polarización, populismo penal y abandono de las políticas preventivas y penitenciarias es lo que nos impide tener resultados”, sostuvo el jerarca.
No parece posible una respuesta rápida a un deterioro que lleva décadas y que no tiene miras de retroceder. De hecho, ya se había advertido acerca de un “antes y un después” del accionar de los narcos cuando el 9 de mayo de 2020 una granada fue arrojada contra el estacionamiento de la Brigada Antidrogas de El Prado. No parece posible una respuesta rápida a un deterioro que lleva décadas y que no tiene miras de retroceder. De hecho, ya se había advertido acerca de un “antes y un después” del accionar de los narcos cuando el 9 de mayo de 2020 una granada fue arrojada contra el estacionamiento de la Brigada Antidrogas de El Prado.
Lo dicho por Sanjurjo parece obvio. El espiral de violencia ya sea vinculada al narcotráfico o a cualquier forma de delito o comportamiento social impropio seguirá su curso mientras que, entre otras cosas, en la periferia el narcotráfico signifique una salida “laboral” para los que viven en la miseria, y las cárceles sean un reservorio de resentimiento.
Pero aunque los políticos se dedicaran desde ahora febrilmente a esa tarea de fondo, sus resultados benéficos se conocerían dentro de muchos años. Y, mientras tanto, ¿qué? El atentado contra la fiscal Ferrero, más allá de su poderoso significado, ocurre en medio de una situación de inseguridad pública que el miércoles 24 arrojó la cifra de siete asesinatos en menos de 48 horas. Casi todos vinculados a asuntos de drogas.
Por ahora, la reacción del sistema político es un remedo dialéctico del ajuste de cuentas que se vive en las calles.
“Todos nos dicen que de esto no hay que sacar rédito político y luego uno ve las frases y ve que están referidas a sacar rédito político. Entonces, cuando decimos espalda con espalda, tiene que ser espalda con espalda, no me puedo dar vuelta y tener la espalda llena de moretones”, se quejó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. El senador blanco Javier García había dicho que el episodio merecía un gran acuerdo pero recordó que el ministro del Interior, Carlos Negro “inició su gestión declarándose derrotado frente al narcotráfico”, “Lo dijo públicamente y acá están las consecuencias”, sostuvo.
Y el dirigente frenteamplista José Bayardi tuitió que le parecía “una paradoja” que “los que integraron un gobierno que le entregó un pasaporte al narco (Sebastián) Marset, que estuvo atrás de amenazas a la propia Fiscal, hoy hablen de gravedad institucional”. El senador colorado, le respondió a Bayardi en la misma red: “La miseria y la berretada en su mejor versión”.
Es decir, ni siquiera el atentado contra Ferrero impidió la pelea discursiva más allá de que primó un silencio piadoso. Sobre todo, porque todos saben que las responsabilidades son surtidas.
Ese llamado a actuar “espalda con espalda” llega tarde y luego del encendido de luces de alerta de todos los colores. Hace rato que los nombres de las familias dedicadas al narcotráfico ya son bien conocidos por los lectores de noticias policiales.
La trayectoria de Luis Fernández Albín, a quien se indaga como posible autor intelectual del atentado a Ferrero, las facilidades que se le otorgaron dentro de la prisión por parte de la policía y las sentencias ridículamente leves recibidas, siembran la sospecha de que la corrupción, o la ineficacia extrema, hace tiempo que campea en esos estamentos.
Acerca de lo sucedido con su colega Ferrero, la fiscal de Homicidios Mirta Morales pintó un panorama desolador. “Cómo se sale de esto no tengo ni idea, ni idea (…). Desandar esto, que son décadas y décadas de problemas, va a llevar décadas y décadas para una solución. Pero esto no es solo un problema de seguridad y represión, hay que pensar en la educación. Nosotros recibimos e interactuamos con personas que son analfabetas. A mí me enseñaron siempre que Uruguay no tenía analfabetismo y que teníamos que estar orgullosos de eso. Pues no, la gran mayoría de nuestros jóvenes apenas saben escribir el nombre", dijo en Informativo Sarandí.
Mientras tanto, los que mandan le siguen midiendo la paciencia a la sociedad uruguaya, y parece que lo importante es encontrar las culpas del otro y no las responsabilidades comunes. Entonces, cada muerto es un argumento contra el adversario y cada estadística es usada como una munición.
Con este panorama, solo resta adivinar dónde estallará la próxima granada.