La Fiscalía de Lavado de Activos investiga si la denominada banda de "El Croata” realizó movimientos en Uruguay a través de sociedades asentadas en el país, sospechadas de haber sido utilizadas como parte de la trama para realizar operaciones clandestinas y provocar una escalada del dólar blue, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía, Rodríguez obtuvo el levantamiento del secreto bancario y se le brindó información financiera de las sociedades que viene analizando en conjunto con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Banco Central. “Se revisa todo lo que los vincule”, dijo una fuente que confirmó que también se rastrean cuentas a nombre del uruguayo Agustín Estrada Palomeque, uno de los indagados del caso.
El origen del caso y la mención a Montevideo
La causa se inició en 2018 por una nota del Federal Bureau of Investigation (FBI) que daba cuenta de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos que habían detectado la existencia de "una organización criminal transnacional que lavaría activos presuntamente provenientes del narcotráfico y el contrabando en diferentes paises".
La investigacion revelaba de movimientos de fondos de origen ilícito por canales no oficiales hacia los Estados Unidos, e incumpliendo de requisitos existentes para la transferencia de capital, "con el objeto de ocultar el origen del dinero y a quién le pertenecen dichos fondos”.
Como había informado El Observador la investigación daba cuenta que el FBI había detectado operaciones sospechosas que se habían realizado en Montevideo.
Aduana argentina detectó que la banda tenía vínculos con empresas argentinas que se dedicaban a la exportación, cuya maniobra consistía en subfacturar ventas y realizar pagos de servicios ficticios a firmas extranjeras creadas por el grupo.
Varias de esas firmas son sociedades anónimas uruguayas, entre las que aparecen Grainum, Limeil International, Diswely, Dagery Trading y Vantrey, las cuales recibieron pagos por parte de Gorlay Consulting Group Limited, una empresa registrada en Hong Kong que tiene a Ivo Rojnica, conocido como "El Croata" como director.
La investigación la tomó el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, y en diciembre de 2018 ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de las personas y empresas que aparecían relacionadas a los nombrados y ordenó las primeras intervenciones telefónicas.
El 24 de octubre de 2023, a partir del examen de las escuchas, Villena ordenó más de 20 allanamientos y la detención de Rojnica, junto a Federico Pulenta, Jonathan Rivas Fuentes, Claudio Szlaien y del uruguayo Agustín Estrada Palomeque. También dispuso la inhibición de bienes e inmovilización de las cuentas.
Villena los acusó de “formar parte de una organización criminal" que realizaba manipulaciones financieras como "operaciones de recepción y entrega de dinero en efectivo; cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior; creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras; enmascaramiento del tipo de operación y/o beneficiario final".
Aclaraba la sentencia que los servicios de facilitación de tráfico de dinero se realizan por un precio. "Prestan los servicios aludidos a clientes particulares y a otros agentes´brokers´ que mantienen su propia cartera de clientes. Operarían desde Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Usan entidades financieras y bancarias de Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Dubái".
Los montos de esa operatoria ascenderían a la suma de al menos a US$ 349 millones que se concretaron mediante 4.763 transferencias de dinero, decía el juez.
La anulación de las escuchas y de allanamientos
Un tribunal de alzada anuló parte de las escuchas telefónicas y de los allanamientos ordenados oportunamente por Villena, según informó el diario La Nación el miércoles 4.
En la sentencia a la que accedió El Observador, la sala II de la Cámara Federal, entendió como abusivo que las escuchas hayan durando 5 años, por eso declaró nulas las escuchas realizadas desde el 2 de noviembre de 2022 a la fecha de la imputación.
Con votos de dos de los tres jueces, la sentencia afirmó que "la interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales. La intervención de comunicaciones se ordenará por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado".
Aclaró que "gran parte de las prórrogas que se ordenaron tuvieron fundamento bastante y eran legítimas, en atención a las circunstancias en que se dictaron" pero señaló que "hay numerosas intervenciones que fueron adoptadas sin fundamento valedero y en violación a las condiciones de su procedencia".
"Lo inusual del período que quedó abarcado entonces por la intervención original y sus prórrogas (reitero, casi cinco años) exigía que se dieran razones robustas para su dictado".
Además argumentó que en 2022 las transcripciones de las comunicaciones captadas permitían suponer "desde hacía muchísimo tiempo" la actividad delictiva, pero "no se adoptó ninguna medida investigativa sobre las personas que más notoriamente tendrían injerencia en esas actividades, pero tampoco se hizo nada para evitar que el supuesto delito continuara ejecutándose".
La sentencia de 122 páginas señala que la nulidad del auto de procesamiento se fundamentó en la falta de rigurosidad técnica en la valoración de los indicios y el apresuramiento en su dictado, lo que impidió una adecuada conexión entre la información reunida y las actividades imputadas a los acusados.
Los tres jueces por unanimidad declararon nulos los allanamientos ordenados por Villena el 23 de octubre del año pasado, que derivaron en las detenciones de Rojnica, Pulenta y Estrada Palomeque.
El defensor de Rojnica, el abogado Claudio Caffarello dijo a El Observador que apeló la sentencia de Villena porque los cinco años que duraron las medidas "exceden cualquier tipo de razonabilidad". Caffarello explicó que la prueba de ese momento en adelante no tiene validez y que será otro juez que lleva ahora la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, quien tendrá que determinar si el resto de la prueba con la que cuenta le alcanza para entablar el juicio.
Por su parte el defensor del uruguayo Estrada Palomeque, Marcelo Rocchetti dijo que su cliente no tiene nada que ver con Rojnica y que a su juicio va camino a ser sobreseido. El abogado contó que en su caso fue declarado falta de mérito lo que implica que los elementos no eran suficientes para mantener el procesamiento aunque aclaró que aún no fue sobreseído.
El testimonio de una trabajadora
En la sentencia se recoge el testimonio de una trabajadora de Nimbus, Florencia Mascheroni, quién contó que ingresó como recepcionista y luego de un mes y medio de empleo le ofrecieron "salir de la recepción y formar parte de lo que era la empresa".
“Venía Ivo y me decía que iba a pasar un cliente que preparáramos pesos o dólares y los buscaba…[y]o preparaba lo que me ordenaban (...) Los movimientos de dinero eran grandes (…) No puedo decir un monto específico, me habló de más de 10 millones de pesos por día que se movían…nosotros tampoco estábamos registrados como empleados…Muchas veces se prometió que iban a tratar de ponernos en blanco”, relató.
Luego se le preguntó si conocía a Estrada Palomeque, a lo que respondió que sólo recordaba "haberlo visto dos veces como mucho. Pero no traía plata ni nada, se juntaba a tomar un café con Ivo y se iba”. Concluyó que "las cosas grosas, problemas y demás siempre era tema de reunión entre ellos tres, Federico (Pulenta) Ivo (Rojnica) y Jonathan (Rivas)".
