Los gobiernos pasan, la pobreza permanece, pero el desarraigo crece. Y para el Frente Amplio, una fuerza que ha hecho de la inclusión social una de sus principales banderas, la cada vez más evidente cantidad de gente que duerme en la calle –la cara más extrema de la soledad y la miseria- se ha convertido en un problema político pero también ético.
Dirigentes de la coalición dijeron a El Observador que en los comités de la izquierda el asunto es pan de casi todos los días porque, a diferencia de otros temas sobre los que es preciso echar una mirada a los medios de comunicación para enterarse, este problema está a la vista de todos en las calles de Montevideo.
Fuentes del oficialismo señalan que no les resulta sencillo dar una respuesta para una realidad con aristas duras y complejas. Los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pueden ser un alivio para algunos, pero para muchos no son más que un techo al que pueden recurrir por la noche, donde sus pocas pertenencias les son arrebatadas por otros asilados y donde su única compañía, un perro, tiene prohibida la entrada.
No son pobres o, peor, no son solo pobres. Se trata de personas con problemas de drogas o de liberados de la cárcel en un país donde las adicciones van en aumento junto con la cantidad de presos.
Desde la oposición reclaman la aplicación de la ley de internación compulsiva que permite al Estado arrastrar a la fuerza hacia los refugios a aquellas personas que corran riesgo de muerte. Pero es una herramienta que solo puede usarse en un numero acotado de casos, una pobre solución para muy pocos.
El último censo de lo que se llama “personas en situación de calle” realizado en 2023 reveló que en Montevideo había 2.755 individuos en esa situación (3.504 en todo el país). En 2021, la cifra era de 2.215 personas. No hace falta esperar un nuevo censo para asumir que ese número ha seguido creciendo.
Dirigentes barriales de la izquierda señalaron a El Observador que la respuesta a la preocupación de los militantes no pasa por argumentar que recién se cumplen ocho meses de la llegada al gobierno de Yamandú Orsi.
“Sabemos que se trata de un problema multifactorial que no se soluciona con el simple paso del tiempo. Porque si estuviera solo vinculado con el combate a la pobreza yo podría prometer que se va a solucionar. Pero qué hacemos con el tema de la droga, de los presos… Es desesperante”, dijo uno de esos referentes zonales.
No se trata de enfrentar los problemas derivados de, por ejemplo, una crisis como la del 2002, no se trata solamente de soluciones económicas para gente que ha caído en la pobreza extrema porque se ha quedado sin empleo.
Se trata de un cambio social más profundo. La calle ya no es solo el último escalón de la pobreza, sino el lugar donde confluyen los efectos del encarcelamiento masivo, la fragmentación familiar y el consumo excesivo de drogas.
La responsabilidad de este drama atraviesa, en todo caso, a todo el sistema político. Pero en la militancia de izquierda golpea con especial dureza y el debate interno sobre este asunto se ha convertido en rutina.
La grieta social se les aparece día a día, no importa si viven en la periferia, en el Centro o al sur de Avenida Italia. En una entrevista con El Observador al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Yamandú Orsi dijo que lo peor que le pasó en ese lapso fue enterarse de que había muerto una persona que vivía en la calle. “Si bien son de las cosas esperables por el número de gente que está en esa situación, siempre soñás o tenés la esperanza de que no pase”, dijo Orsi.
Gobierne quien gobierne, la posibilidad de que la vereda deje de ser el colchón de centenas de personas seguirá siendo un sueño o, en el mejor de los casos, una esperanza.
