El atentado narco contra la fiscal general Mónica Ferrero alineó desde la mañana del domingo a oficialismo y oposición. Ambos bloques políticos identificaron como “muy grave” lo sucedido, por tratarse –además– de una de las principales investigadoras contra el narcotráfico, y respaldaron sin fisuras al presidente Yamandú Orsi en el combate a estos crímenes por ser un “agravio institucional”.
El mandatario reaccionó con una larga reunión con la cúpula de Presidencia: Alejandro Sánchez (secretario), Jorge Díaz (prosecretario) y Mario Layera (Inteligencia) junto a los ministros de Interior y Defensa, Carlos Negro y Sandra Lazo.
En conferencia de prensa anunció operativos en los barrios donde existan “indicios de vínculos con este atentado” y dijo que se repetía un “patrón y un modus operandi” respecto al ataque que hubo en 2020 contra la brigada antidrogas. Tras ese incidente, Ferrero recibió una amenaza que fue atribuida al Primer Cartel Uruguayo (PCU) de Sebastián Marset.
Ahora, la principal hipótesis policial es que detrás del ataque está el grupo de los Fernández Albín, socios locales de Marset. La investigación recorre varias líneas: el análisis de celulares requisados este domingo en el Penal de Libertad, escuchas ambientales con “valijita” en cárceles e inteligencia policial y penitenciaria.
A su vez, el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército está periciando los restos de la granada que fue detonada en el patio para identificar si su origen es nacional o extranjero. Por la sensibilidad de la información, el reporte le llegará únicamente a la ministra Lazo.
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, reconoció que hubo fallas en la custodia, ya que los delincuentes ingresaron por el techo en un costado de la casa y los policías estaban en el frente. La custodia de los fiscales corresponde a la Guardia Republicana y el gobierno, además de aumentarla sobre Ferrero, evaluará su funcionamiento.
Firmeza policial
Orsi recibió más tarde a los referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Estuvieron Fernando Pereira y Verónica Piñeiro (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos e Ignacio Curbelo (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente).
Si bien le otorgan respaldo institucional, buena parte de la oposición cuestiona varios aspectos de la política de seguridad y así lo transmitieron en la reunión.
“El gobierno tiene nuestro respaldo para que se tomen las medidas necesarias para llegar a aclarar este hecho e ir hasta el hueso. El Partido Nacional cuestiona muchas cosas de la política de seguridad, pero no vamos a dejar de respaldar institucionalmente al gobierno nacional”, dijo Delgado.
El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también señaló que había “discrepancias” sobre cómo atacar la cuestión y consideró que es un “tema de gestión en el territorio contra el narco”.
“La Guardia Republicana está pronta para eso”, sugirió como medida y planteó que el “enemigo” del narcotráfico hoy se llama Mónica Ferrero.
Por último, Ojeda dijo que el gobierno no les anunció medidas y que la frase textual del ministro fue que “no hay soluciones mágicas”. Una de las posibilidades que discutieron en la reunión es incorporar en el Presupuesto la creación de una cuarta Fiscalía de estupefacientes.
Aunque Negro consideró que la respuesta violenta de los grupos de narcotraficantes se daba por el “trabajo y combate permanente” que estaba haciendo la policía, dirigentes nacionalistas consultados por El Observador discreparon y señalaron que era por lo contrario: un “deterioro” de la seguridad pública atribuido al cambio de gestión.
Los blancos sintetizaron ese sentir en la “exigencia” a que el gobierno, con Orsi a la cabeza, despliegue “el máximo de sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables del atentado”, mientras que los colorados hablaron de un “cambio cualitativo” en la lucha contra el crimen organizado.
En conversaciones en los directorios ocurridos tanto el domingo como este lunes en el Parlamento, el planteo de la oposición era que el gobierno tenía que ser más “firme” en el combate al narcotráfico, desplegando mayores policías en los barrios y con una mayor proactividad.
Una porción menor, entre los que se cuentan al senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional) y los diputados Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) propusieron, por diferentes vías, utilizar a los militares para tareas de seguridad pública.
Estos últimos hicieron los comentarios en la sesión especial de la comisión de seguridad de la Cámara de Representantes.
Legisladores presentes contaron que Salle señaló que Orsi podía recurrir a las medidas prontas de seguridad –previstas en la Constitución– mientras que Perrone afirmó que si Interior no podía garantizar la seguridad de jueces y fiscales, la tenía que brindar las Fuerzas Armadas. A su vez, dijo que estas eran las encargadas de la “seguridad nacional” y que el episodio configuraba un hecho de estas características.
